A cuatro años del asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiróz y Alejandra Negrete, en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, hay más dudas que respuestas sobre lo que pasó en el departamento de la calle Luz Saviñon.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la Procuraduría General del Distrito Federal, poco se pudo hacer para ampliar las líneas de investigación, a la fecha hay tres personas implicadas detenidas: Omar Martínez Zendejas, y Daniel Pacheco Gutiérrez, y solo una de ellas Abraham Tranquilo Torres, ha sido sentenciado.
Abraham Tranquilo , fue sentenciado en enero del 2017, a 315 años de prisión, y una multa de 57 mil pesos, por los delitos de feminicidio agravado, homicidio calificado con ventaja y robo agravado por el vehículo, así como robo agravado en pandilla por el dinero sustraído del domicilio.
Sin embargo ha denunciado que su declaración fue obtenida bajo tortura y amenazas, a su vez, la defensa jurídica de las familias han criticado que la sentencia no lleva a esclarecer el móvil del crimen ni determina si hubo más cómplices de los tres oficiales, como lo muestran las evidencias en la escena del crimen.
A la fecha no hay claridad del móvil del crimen, se desconocen los hechos exactos que sucedieron en el departamento donde ocurrió el crimen, y se ha negado el derecho a la verdad y la reparación del daño a la familias.
Aunque las familias de Rubén Espinosa – fotoperiodista de AVC, Proceso y Cuartoscuro- , y de Nadia Vera, activista, junto con la Organización Artículo 19 solicitaron que se investigarán las amenazas que ambos habían sufrido en Veracruz y que los obligaron a abandonar el estado y refugiarse en México, nada se hizo para investigar esos temas.
El nuevo plan de investigación
La Recomendación 04/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a pesar de haber sido aceptada por las autoridades capitalinas (PGJDF-TSJ) se ha convertido sólo en un instrumento de buenas voluntades, pero de nulas acciones concretas, pues no se han logrado cumplir ninguno de los puntos recomendatorios aceptados por las autoridades.
Emitida hace dos años, apenas hace unos días los familiares fueron llamados para darles a conocer oficialmente el diseño de un “plan de investigación” por parte de la PGJCDMX para reconducir las investigaciones del caso que se mantiene abierto en la Fiscalía de Homicidios.
Este nuevo plan contempla ocho líneas de investigación : Las amenazas contra Rubén y Nadia en Veracruz (entonces gobernado por Javier Duarte) por su actividad periodística y de defensa y promoción de los derechos humanos, respectivamente; trata de personas; una amenaza contra Alejandra; así como presuntos vínculos entre los tres detenidos y las víctimas.
Además, propone indagar la operación de grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México y su relación con los imputados; la existencia de grupos armados civiles en Veracruz que vigilaban y agredían a activistas y periodistas en la entidad; y el funcionamiento de empresas de seguridad privada en la capital mexicana, presuntamente afines a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de aquel estado.
Sobre este punto, cabe recordar que la defensa juridica de Rubén Espinosa, liderada por la organización artículo 19 ha denunciado que el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, tiene al menos seis empresas de seguridad en la Ciudad de México, una muy cerca de la calle Luz Saviñón (donde se ubica el departamento del crimen), pero la Procuraduría se ha negado a solicitar datos de prueba que lo vinculen.
En una entrevista con Proceso, José Luis Quiroz Hernández, fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), reconoció que la investigación está en ceros.
El plan contempla entre las diligencias a realizar, el análisis de la información derivada de entrevistas y la actividad telefónica “que muestren el mapa de vínculos entre los probables responsables y las víctimas, así como entre estos y otros actores –sociales y públicos– relacionados o relacionables con el caso”.
Además, propone analizar el entorno de las víctimas y los probables responsables; hacer estudios de video y fotografía en materia criminalística; consultar a organismos locales de derechos humanos sobre patrones de violencia contra periodistas y activistas; ampliar declaraciones de testigos, recabar información sobre la empresa Model Management SA de CV, donde trabajaba Mile; así como revisar información bancaria y de redes de los actores vinculados al caso.
Queremos la verdad del asesinato: Patricia Espinosa
Patricia Espinosa, hermana de Rubén, coincide en las reservas: “Se han tenido muchas pláticas para hacer la disculpa desde marzo pasado, luego se propuso para el 31 de julio, pero a los familiares eso no nos sirve de nada porque no había avances. Así no tiene sentido”.
Presente en las reuniones y mesas técnicas con la PGJ-CDMX desde el inicio de la investigación, Espinosa reconoce: “Ahora sí hay más disposición.
Para la “recuperación de la memoria”, el gobierno les propuso a los familiares y representantes de las víctimas la instalación de una placa alusiva al hecho en un parque, poner el nombre de las víctimas a alguna calle y editar un libro de poemas de la madre de Nadia, entre otras opciones.
Sin embargo, considera que no hay acuerdo en la reparación del daño pues, entre otros puntos, la procuraduría capitalina les ofrece apoyo psicosocial del área de Atención a Víctimas del Delito, “pero nosotros ya no les tenemos confianza porque su acompañamiento y trato desde el inicio fue fatal y revictimizante”.
Con el nuevo giro en la investigación, Patricia dice tener “un poco más de esperanza de que algo ocurra, pero tengo claro que quizá no va a pasar; tengo mis dudas. Debe haber más disponibilidad y resultados”. Y mientras eso ocurre, reitera su demanda desde hace cuatro años:
“Seguimos exigiendo justicia, queremos saber qué y por qué ocurrió, que se investigue todo y se llegue a la verdad. Esta es una muy buena oportunidad para que el gobierno de Sheinbaum demuestre que es un buen gobierno”.
El próximo jueves 1 de agosto, la organización Artículo 19 presentará la Plataforma de Memoria “Cuatro años sin verdad ni justicia” en Casa Lamm, y el sábado 3, familiares de las víctimas realizarán un acto cultural frente al edificio de la calle Luz Saviñón, como cada año, con el lema “Ni perdón ni olvido”.
Videos revelan inconsistencias
Karla Michelle Salas, una de las abogadas representantes de los familiares de Nadia, Yesenia y Mile, reconoce que, a diferencia del maltrato y obstáculos que padecieron con los exprocuradores Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, “ahora sí vemos un cambio de voluntad política discursiva. Se ve que sí quieren marcar la diferencia con el gobierno de Mancera”.
Salas enfatiza algunos de los pendientes por indagar: el contexto y modus operandi de los grupos agresores en Veracruz que denunciaron Rubén y Nadia; la forma en que Mile ingresó a México y la empresa de modelaje que la contrató, cuyo representante no ha sido localizado, tema que podría llevar al de trata de personas.
Además, se deben indagar las llamadas telefónicas que los tres imputados recibieron desde seis estados en un lapso cercano al crimen; así como las que hicieron entre ellos aun cuando estaban en el mismo lugar. Y es que, dice, la PGJ aseguró que eran llamadas de instituciones bancarias. También hay que revisar las contradicciones y vacíos en las declaraciones ministeriales de los imputados y de Esbeidy, quien compartía el departamento con Nadia, Yesenia y Mile, y descubrió el crimen por la noche, cuando regresó de trabajar.
Al revisar los videos obtenidos por las autoridades, luego de más de dos años de solicitar acceso a ellos, los abogados hallaron que “no hay coherencia con lo que se plasmó en el expediente y lo que se ve en las imágenes. También hay dos versiones de dónde estaban los cuerpos cuando fueron descubiertos dentro del departamento”.
–La fiscalía dice que hará la investigación prácticamente “desde cero” –se le plantea a la abogada Salas.
Sobre el avance para que la procuraduría ofrezca una disculpa pública a los familiares de las víctimas y les repare el daño ocasionado, como recomendó la CDHDF, Karla Michelle Salas dice: “Vamos a ver cómo avanza la investigación y luego vemos lo otro, porque debe ser integral”.
AVC