El asesinato de los israelíes en Plaza Artz se dirigió en tiempo real mediante una llamada de telefonía móvil.
De acuerdo con el expediente, Esperanza ‘N’, la única detenida como autora material del doble crimen, tenía un teléfono móvil básico sin aplicaciones, en el cual recibió una llamada minutos antes del crimen.
A partir de ese momento, la mujer, quien dijo haber cobrado 25 mil pesos por el doble crimen, mediante el “manos libres” escuchó paso a paso de lo que tenía que hacer, el momento exacto de actuar, cómo cometer el crimen y por dónde huir.
La llamada duró solo algunos minutos y se cortó cuando la persona que estaba del otro lado de la bocina, quien presuntamente estuvo dentro del restaurante donde ocurrieron los hechos, le dijo “desde aquí te quedas sola”.
El plan de huida de Esperanza ‘N’ falló. La mujer fue detenida cuando caminaba por la lateral de Periférico Sur. En un afán por deslindarse, trató de confundir a la policía. Primero dijo no haber participado en los hechos, luego señaló que todo se trató de una cuestión de índole pasional.
Sin embargo, conforme pasaron las horas, la mujer cayó en contradicciones hasta que reveló que fue contratada para cometer la doble ejecución; además, dijo pertenecer a la estructura criminal de lo que fue el Cártel del Tláhuac, dirigido actualmente por los hijos del abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’.
Esperanza ‘N’ detalló que, a través de un teléfono celular, recibió instrucciones precisas de cómo actuar. Apuntó tener su domicilio en la colonia Selene, alcaldía Tláhuac y contó que fue mesera del bar MK Snaks & Beer, ubicado a unos pasos de la estación Nopalera de la línea 12 del Metro.
Con las declaraciones de la mujer, quien el sábado pasado fue vinculada a proceso por el doble homicidio, las autoridades capitalinas buscan dar con el paradero de los cómplices en el hecho.
Alon Azulay y Benjamín Yeshurun Sutchi, los dos israelíes que fueron asesinados el miércoles en Plaza Artz, estaban involucrados en lavado de dinero, señaló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el 26 de julio.
De acuerdo con el funcionario, la información preliminar apunta a que se trató de un «ajuste de cuentas» entre integrantes del crimen organizado.
El Financiero/David Saúl Vela