Aunque algunos analistas pusieron la voz en el cielo por una nota negativa de Moody’s que señala a varias entidades, entre ellas Veracruz, por no estar reportando correctamente sus obligaciones de deuda, lo que pondría en entredicho el alza de calificación crediticia del gobierno morenista emitida por la misma institución calificadora el pasado 1 de julio, la verdad es que se refiere a una práctica observada en 2017.

En efecto, este miércoles la propia Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en un ejercicio de transparencia, ha precisado que la opinión expresada por Moody’s México, institución calificadora autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en cuanto a que algunas entidades, entre las que incluye a Veracruz, no están reportando de forma correcta sus obligaciones de deuda, se basa en la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ejercicio 2017, período en el cual la contabilidad gubernamental presentaba estos problemas.

Hay que señalar que la ASF se refería al primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien durante todo ese primer tramo de su minúscula gestión no solo mantuvo bajo llave la situación financiera de Veracruz legada por Javier Duarte de Ochoa, mientras encargaba a una empresa de amigos suyos la reestructuración con bancos y empresas financieras la deuda pública, con el objetivo de reducir al máximo la obligación de pagos en su gobierno.

En ese tiempo también logró que el Congreso local, bajo dominio panista, le diera manga ancha para que manejara con absoluta discrecionalidad el presupuesto estatal, sin obligación de rendir cuentas ni siquiera el poder Legislativo.

Ese primer año, pero también 2018, Yunes Linares fue una especie de usurero con dinero ajeno: no hubo dependencia que no sufriera la determinación unipersonal de su gasto, lo que se hizo más evidente en el segundo año, cuando dispuso recortes excesivos a dependencias cuyas acciones no tuvieran impacto electoral y, en cambio, se elevaron las cuentas a dependencias como la Sedesol, donde no solo se masificaron los programas sociales sino que fue el refugio de cientos de operadores político-electorales de la campaña de su hijo homónimo, quienes actuaron con recursos materiales y financieros para realizar acciones en favor del primogénito real.

De ahí que parezca una contradicción la observación negativa al gobierno veracruzano, cuando días antes la misma Moody’s había ajustado al alza la calificación crediticia del gobierno del estado desde B2.mx a B1.mx precisando que dicha mejoría se debía a factores muy específicos: “…las prácticas de administración y gobierno han mostrado una mejora, lo que ha resultado en el fortalecimiento de la administración y el perfil de liquidez. La transparencia, confiabilidad y cumplimiento son reconocimientos que la calificadora expresa de la nueva administración, a pesar del corto periodo que lleva al frente”.

Además, señala la Sefiplan en un comunicado, gracias a la colaboración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al asesorar la correcta presentación de cifras, y a la disposición del Gobierno del Estado, se pronostica una auditoría que refleje el buen ejercicio de la deuda. Así, cuando la ASF culmine la revisión de los procesos y registros de la administración actual, seguramente se sumará a la opinión de la calificadora en cuanto a las expectativas positivas de la presente administración.

Y añade: “El Gobierno del Estado reitera su compromiso con el bienestar de las y los veracruzanos y continuará realizando acciones claras para reconocer y cubrir sus obligaciones financieras”.

De manera que no hay un viraje en la opinión de esta calificadora.

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¿Debemos perdonar a Winckler por sembrar impunidad?

Aunque el fiscal Jorge Winckler parece haber ganado la batalla mediática y muchos analistas y observadores acuciosos han optado por abandonar toda posición crítica respecto de quien hace tiempo debió comportarse como el abogado de los veracruzanos y no solo obedecer a las consignas de su líder político, lo cierto es que nadie debe olvidar y, menos, perdonar las graves omisiones en su actuación que han ampliado el campo de la impunidad en Veracruz.

Es posible que la constante batalla del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para desactivar las graves bombas de tiempo legadas por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, a quien responde el Fiscal General del Estado, le hayan deparado varios tropiezos, aprovechados oportunamente por los miembros del llamado Cártel del Estero.

La intensa ofensiva enderezada por el panismo yunista contra el gobierno de Cuitláhuac García desde la Fiscalía General no solo se observa en su atrevimiento de citar como testigo en el caso de la masacre de Minatitlán al propio mandatario, en lugar de fortalecer la investigación ministerial en el campo, sino que también se traduce en un desmesurado deseo por sacar hasta debajo de las piedras cualquier indicio de delitos para colocar a Veracruz en el peor de los escenarios.

No de balde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador le ha echado el ojo en este tema, cuando incluye a Veracruz entre los diez estados que “alteran los homicidios” porque concentran los mayores niveles de violencia en el país.

Y en el caso de Veracruz, seguirán creciendo porque, a todas luces, uno de los principales problemas de esta administración radica en la figura del último resquicio yunista de la anterior administración, justamente el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, a quien por si fuera poco, hay que reconocerle la desfachatez de usar una taza con la leyenda ¡Culpa es del Fiscal!, como si fuera una gracia ignorar la responsabilidad de un cargo fundamental para la construcción de la paz de una entidad muy lastimada por la violencia.

¿Impunidad para feminicidas o promoción del odio contra mujeres?

Y aunque el fiscal ha sido muy cuidadoso en elevar el número de homicidios de mujeres y los ha calificado como feminicidios, contra su costumbre de ocultar esos hechos debajo de la alfombra mientras transcurría el gobierno de Yunes Linares, lo cierto es que no ha hecho nada por evitar la impunidad y, en consecuencia, prácticamente está promoviendo la violencia contra las mujeres porque en Veracruz no tiene castigo.

Al no dar signos de voluntad para castigar a los agresores de mujeres y feminicidas, el mensaje que está mandando Jorge Winckler Ortiz es muy claro en dos vías:

La primera, que vale más el golpeteo mediático al gobernador y a su administración, el generar la percepción de caos, que salvaguardar a las mujeres veracruzanas y castigar con todo el peso de la ley a quienes las violentan, además de que parece obvio que se ha generado como  distractor ante las denuncias por corrupción que involucra a más de 40 ex funcionarios.

La segunda, que el Fiscal General, con su omisión promueve indirecta pero deliberadamente el odio hacia las mujeres, ya que al permitir que atenten contra ellas y no ejercer el peso de la ley sobre los agresores, se les da el mensaje claro y contundente de que pueden actuar bajo el cobijo de la impunidad.

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La ASF respalda trabajo de titular del Orfis en Veracruz

Veracruz tiene a una de las entidades de fiscalización superior más activas y participativas en el país, señaló el Auditor Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Emilio Barriga Delgado, quien expresó que a tan solo un año del inicio de la Gestión del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, la ASF ha visitado el Órgano de fiscalización Superior (Orfis) en más de tres ocasiones.

Emilio Barriga Delgado, quien en estas semanas ha trabajado de cerca con el Orfis ya que la ASF realiza auditorías con el Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), respaldó la labor del Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez al frente del organismo.

“Hemos estado trabajando muy bien con el Auditor, se han firmado algunas minutas de trabajo, hemos asistido a algunos talleres de capacitación a los cuales nos ha invitado el Auditor, inclusive el propio Auditor Superior de la Federación estuvo en uno de ellos y hemos ido muy de la mano, trabajando de manera coordinada para hacer sinergia con el Estado y con el Orfis”.

Sobre la posible continuidad del titular del Orfis, Barriga Delgado apuntó que sería bueno que Lorenzo Antonio Portilla Vásquez siguiera al frente para darle continuidad a los trabajos que han llevado a Veracruz a ser pionero y referente a nivel nacional, en materia de Fiscalización.

“Siempre la continuidad ayuda a ir consolidando temas y trabajos que, cuando valen la pena como el SIGMAVER, pues no se les dé reversa o no se van al cajón del olvido, entonces la continuidad ayuda a que este tipo de esquemas se mantengan, que los equipos que ya se profesionalizaron no se pierdan… Normalmente, en este país esto ocurre, cuando hay algún cambio de este tipo, siempre hay perdida de continuidad”.

El Auditor Especial de Gasto Federalizado informó que este viernes 26 de julio se llevará a cabo en Xalapa la Reunión de Buenas Prácticas del Grupo Regional Golfo-Centro, del cual el Auditor de Veracruz es Coordinador, y tendrá la presencia del Coordinador Nacional de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y Auditor Superior del Estado de Puebla, Alberto Segovia Blumenkron.

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