Veracruz, Ver.- Este 16 de julio se cumplen tres años de que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) tomó el control del organismo operador del agua en los municipios de Veracruz y de Medellín de Bravo y de que se despidiera a mil 280 trabajadores, entre personal de confianza e integrantes del Sindicato “Teniente José Azueta” del entonces Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), como consecuencia de que el Congreso del Estado aprobara otorgar la concesión del servicio por 30 años al consorcio conformado por Odebrecht Ambiental y Aguas de Barcelona.

En este periodo, las autoridades laborales intentaron dar carpetazo a las demandas de los trabajadores del extinto SAS.

El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 7, con residencia en la ciudad de Xalapa, archivó las demandas de los trabajadores en enero del 2018 bajo el argumento de que el caso estaba concluido, pero sin desahogar una serie de pruebas que estaban pendientes.

Fue entonces que los demandantes, a través de la secretaria general del Sindicato “teniente José Azueta”, Angélica Navarrete Mendoza, recurrieron a la justicia federal, la cual les dio recientemente la razón, por lo que ahora la autoridad laboral deberá desahogar una serie de audiencias que estaban pendientes desde que se inició la lucha en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Al respecto, la lideresa sindical afirmó que uno de cuatro amparos que interpusieron ya quedó firme, lo cual representa un avance en la lucha por la reinstalación y el reconocimiento de sus derechos, como la sustitución patronal, por parte del Grupo MAS.

“Fue ilegal lo que la Junta de Conciliación hizo, no se nos otorgó el derecho a defendernos”, subrayó.

Angélica Navarrete recordó que el archivo de sus demandas en la Junta de Conciliación y Arbitraje número 7 se dio después de que se registró el homicidio de su abogado Víctor Molina Dorantes.

Independientemente del amparo que ganaron los trabajadores sindicalizados del extinto SAS, hay otros tres que se encuentran en trámite y los cuales se confía ganar.

Navarrete Mendoza manifestó que el despido de que fueron objeto los trabajadores sindicalizados y el personal de confianza provocó un problema social en la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo.

A la fecha se tiene el registro de la muerte de más de ocho trabajadores por enfermedad o accidente; otros sindicalizados se emplearon en otros sectores para llevar el sustento a su familia; unos más salieron del estado de Veracruz, incluso hay quienes lograron contratos de trabajo en Estados Unidos y Canadá; hubo quien ya no pudo pagar los estudios de los hijos y otros que incluso perdieron su matrimonio.

AVC/José Juan García

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