Las tiendas escolares siempre han sido la joya de la corona en el tema de los negocios al interior de la Secretaría de Educación. Por ello, lo mismo han servido para enriquecer a funcionarios, líderes sindicales que para pagar favores políticos o beneficiar a familiares en la concesión de estos rentables negocios.

Hoy, bajo el argumento del combate a la corrupción, desde la Secretaría de Finanzas –vía el primo incómodo- y la Secretaría de Educación, preparan el tinglado del gran negocio de las nuevas tiendas escolares, bajo un proceso transparente de asignación de concesiones. La estrategia es tan eficiente que no importa quién las opere, el millonario negocio está asegurado.

A finales del mes pasado, el Congreso local aprobó una reforma referente a la concesión de tiendas de alimentos en las escuelas. La Comisión de Educación estimó procedente la iniciativa que, en teoría, garantizará la transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento de las concesiones de las tiendas para venta de alimentos dentro de las escuelas.

La nueva ley establece que la SEV será la que reciba, administre y realice la comprobación de los recursos, los cuáles se distribuirán de la siguiente manera: el 70 por ciento se aplicará al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos; el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente; y el 10 por ciento restante, a programas que se determinen en los lineamientos que dicte la autoridad educativa, es decir, la SEV puede disponer de ellos como le venga en gana.

Y es aquí donde vienen los detalles finos. El comité de licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación; el subsecretario de Educación Básica; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior; del Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la sociedad de padres de familia y un representante del Consejo Estatal de Participación Social, es decir, será el Secretario de Educación, con el voto de sus incondicionales, quien decida quien sí y quién no en cada escuela.

La convocatoria –que ya aparece publicada en el sitio web de la SEV- establece reglas inobjetables. Por ejemplo, el concesionario no podrá tener parentesco por afinidad o consanguinidad en primero, segundo o tercer grado con autoridades educativas y sindicales de plantel escolar donde se pretende prestar el servicio, ni ser dirigentes de la Asociación de Padres de Familia o Consejos de Participación Social, ni funcionario del servicio educativo, ni padre o madre de familia de alumno inscrito en la escuela de la que pretende obtener la concesión.

Pero ahora el negocio millonario no estará en la concesión sino en la renta, de tal forma que son cuatro los asuntos que más interesan a Eleazar y Zenyazen: la cuota diaria, el fondo de garantía, el mantenimiento físico de las escuelas y la concesión exclusiva a PepsiCo, que opera los refrescos enlatados y la línea Sabritas.

Para acceder a la concesión, se debe hacer una propuesta de una cuota diaria que será pagada oportunamente cada lunes, so pena de perder el permiso. Esta cuota diaria puede ser de mil hasta 3 mil pesos, dependiendo el tamaño de la escuela y su población estudiantil. Este recurso es el que se repartirá en los porcentajes que establece la ley; de ahí, a la SEV le toca el 10 por ciento para hacer lo que quiera, aunque en realidad dispone del total.

El fondo de garantía será el equivalente a 20 cuotas diarias en el caso de secundarias y de 40 cuotas diarias para nivel bachillerato, pero no se establece un destino específico porque se infiere que será devuelto al término de la concesión anual. Es una especie de depósito.

Haciendo números, una escuela como la “Prepa Juárez”, con una aportación diaria de 3 mil pesos, tendría que aportar un fondo de garantía de 120 mil pesos. Esto, multiplicado por todas las escuelas del estado –grandes o pequeñas–, significa cientos de millones de pesos que estarán sudando intereses durante un año, sin ninguna supervisión o fiscalización porque no se trata de recursos públicos sino de aportaciones de los concesionarios.

El tercer negocio está en el mantenimiento de las escuelas. Al interior de la SEV se señala que las obras que se realicen con la aportación de las tiendas escolares serán acreditadas dentro del presupuesto de Espacios Educativos o viceversa. Así, el mantenimiento de las escuelas llevará una doble contabilidad para justificar el gasto de unos y otros.

Por último, el negocio de la concesión a Pepsi y Sabritas. A pesar de la ley que prohíbe la comida chatarra en las escuelas, la millonaria concesión –que sólo el Secretario conoce– obliga a las tiendas escolares a establecer una cuota de venta, eliminando el consumo de aguas frescas, por ejemplo. Son las propias autoridades educativas las que obligan a que esta cuota se cumpla.

Serán muchos millones de pesos, limpiecitos, los que pasarán por las manos de los funcionarios para ir a parar a sus bolsillos. Está claro que el Secretario de Educación habrá cumplido su propósito: jamás volver a quitarse la ropa por dinero.

Las del estribo…

  1. Al parecer, Carlos Urzúa, el ex Secretario de Hacienda, no dejará que el Presidente y sus corifeos lo desprestigien. A Alfonso Romo –el jefe de la Oficina de Presidencia- lo acusa de grave conflicto de interés por una casa de Bolsa que opera su familia; y a Manuel Bartlett (CFE) de poner en peligro la entrada del T-MEC por su ignorancia. Tiene muchas ganas de hablar; la entrevista a Proceso fue la primera advertencia.
  2. Cuestionada por sus propios pecados, la Iglesia católica hizo ayer una declaración inobjetable: es contradictorio que quienes están promoviendo la cartilla moral, son los mismos que a través de iniciativas legislativas quieren legalizar el aborto, la eutanasia y la mariguana. Así son las indefendibles contradicciones morales de la 4T.

 

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