El Gobierno de Veracruz acató una orden judicial para el desalojo de 36 viviendas invadidas por personas adheridas a la organización Antorcha Campesina.
Esta ocupación ilegal se ha venido presentando desde hace más de 15 años y administraciones pasadas no actuaron porque así convenía a sus intereses políticos.
Los dueños de las propiedades demandaron el desalojo que fue otorgado por un juez del Poder Judicial y, en presencia de actuarios, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) procedió.
En caso de haber hecho caso omiso a dicha orden, el Gobierno de Veracruz caería en desacato y se procedería a la sanción e incluso remoción de servidores públicos.
Durante las acciones, los elementos de la SSP no reprimieron, golpearon ni lastimaron a los ocupantes, en estricto apego a derechos humanos, principio bajo el cual se conduce la administración que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.