En los mecanismos de deportación de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) existe una diferenciación entre “expulsión forzada” y “salida voluntaria”, en donde se encuentran acuerdos firmados para salir de la Unión Americana en un plazo de determinados días, que pueden variar si la persona fue trasladada a un centro de detención o no, explicó Jill Anderson, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La ponente, que forma parte de una familia binacional –migró de los EEUU a México hace 12 años–, participó el jueves 27 de junio en el conversatorio “Barreras institucionales en la recepción de migrantes”, como parte de los trabajos de la International Summer School de la Universidad Veracruzana (ISSUV) “Rostros de la migración”, efectuado en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).

Jill Anderson dijo que como parte de su proyecto posdoctoral realizó un trabajo de investigación con jóvenes deportados o retornados, y observó que durante las administraciones de los entonces presidentes Barak Obama y Enrique Peña Nieto “fue más invisibilizada la experiencia de retorno y las realidades de deportación”.

De este trabajo surgió el libro Los otros dreamers, que reúne 26 testimonios de jóvenes migrantes méxico-americanos que retornaron a nuestro país encontrándose con obstáculos, injusticias y otros problemas de lengua y biculturalismo, lo que la llevó a fundar la asociación civil Pochahouse, que brinda acompañamiento a los grupos de migrantes deportados o retornados, entre otras actividades.

La investigadora apuntó que con este trabajo pudo observar que entre los problemas que enfrentan los jóvenes binacionales posterior a su retorno y/o deportación se encuentra el de su adaptación a las costumbres sociales mexicanas y su reincorporación al sistema educativo universitario.

Para ellos implica un gran reto “debido a los obsoletos trámites burocráticos existentes, así como por la revalidación de sus certificados estudiantiles y actas de nacimiento, lo que los hace extranjeros en su propia tierra”.

Por su parte Lydia Huerta, académica de la Universidad de Nevada y participante en el conversatorio, consideró que las organizaciones civiles siempre han estado haciendo el trabajo del gobierno. “Se supone que el gobierno maneja un presupuesto para atender los valores humanos, y entonces ¿cuál es la ética de ese gobierno?, ¿en dónde está poniendo su interés?, ¿qué es lo que está valorando? No veo que valore la vida humana, no lo hizo con los feminicidios, tampoco lo están haciendo con los migrantes ni con los estudiantes”.

UV/ José Luis Couttolenc Soto