El viernes pasado, David Rogelio Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó ante legisladores federales la Primera Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2018.

Ahí se conoció que la ASF tiene sujetos a revisión 18 entes veracruzanos, con un total de 44 auditorías.

Esto revela que no toda la administración de Miguel Ángel Yunes fue impoluta.

Ya el Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS) ha sido puntual en auditar y denunciar las irregularidades en las que presumiblemente incurrió el anterior gobierno estatal.

El auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez ha actuado con responsabilidad y congruencia en su gestión; y ello le identifica ya como referente nacional por haber sido el primer funcionario de su nivel en el país en presentar una denuncia en contra del gobierno estatal aun estando en funciones su titular.

Recordemos que el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa fue denunciado por las inconsistencias encontradas en los periodos de 2013, 2014 y 2015.

En el pasado más reciente, el ORFIS de Veracruz presentó cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República, contra quien resulte responsable, por el presunto daño patrimonial de mil millones de pesos por el Sistema Estatal de Videovigilancia que implementó el gobierno de Yunes Linares.

Esta acción despertó la ira del exgobernador, al grado de salir de su ostracismo para exhibir su mediática virulencia.

Lo cierto es que esta  denuncia por las irregularidades detectadas en el Sistema Estatal de Videovigilancia se agrega a otras querellas que el ORFIS ha presentado y que se han ido acumulando, al grado de ser ya trece denuncias con la presentada apenas la semana pasada por daño patrimonial, esta vez contra el Órgano Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Veracruz (SESVER), por la adjudicación directa indebida de tres contratos en materia de obra pública por un monto mayor a los 71 millones 654 mil pesos.

En octubre de 2018, el ORFIS informó que había detectado presuntos desvíos de recursos por más de 338 millones de pesos durante el primer año del ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2017, el daño patrimonial se detectó en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Protección Civil, Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), así como en la Dirección de Espacios Educativos. Es decir, en áreas donde el exgobernador panista había encomendado la responsabilidad a personajes  de su muy cercana confianza, como la hoy Senadora de la República, Indira Rosales San Román o Joaquín Guzmán Avilés, entre otros.

Por lo visto en las recientes semanas, la ASF y el ORFIS han cerrado filas en las funciones propias de su encomienda y los titulares de ambas instituciones tienen la plena coincidencia de actuar ante las irregularidades que deben ser solventadas para bien de la sociedad.

La confianza ciudadana en los órganos de fiscalización crece al reportarse las acciones que combaten los vicios y prácticas corruptas de los gobiernos. @luisromero85