De forma reciente, Artículo 19 dio a conocer una convocatoria para reconocer trabajos periodísticos que aborden el tema de la violencia contra la libertad de expresión.

Vale la pena retomar el tema y la convocatoria, dado que desde diferentes instancias del poder hay acciones, documentadas, de ataques contra representantes de los medios.

Esta semana, por ejemplo, en la sesión de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, se dio cuenta de un conflicto interno que se registra en el Ayuntamiento de Rafael Delgado, donde la alcaldesa, Isidora Antonio Ramos, intolerante a la crítica, denunció al síndico, Julián Cotlame Cocotle.

El asunto no pasaría de un conflicto interno en uno de los 212 municipios veracruzanos; no sería el primer caso de un alcalde que responde con una denuncia a la crítica de un edil que ha señalado presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos; el problema es que en ese proceso hay un intento de un juez, Poder Judicial, por involucrar a un grupo de periodistas locales.

El síndico hizo declaraciones a diferentes medios informativos, en los que hablaba de irregularidades en el Ayuntamiento; por ser material de interés público, los medios consignaron la posición del edil; posterior a ello, la alcaldesa presentó una denuncia contra el síndico por un supuesto daño moral de que habría sido víctima.

Al llegar el caso al juez cuarto de primera instancia del décimo quinto distrito judicial, Marco Antonio Castellanos Mar, este representante del Poder Judicial realizó una prevención a la alcaldesa, a efecto de que señalara los medios e identificara a los periodistas que difundieron la nota, mismos que ahora aparecen como codemandados por ese supuesto daño moral.

Entre los periodistas involucrados comienza a permear el temor a represalias judiciales, por un lado, y por otra parte la sospecha por la recomendación oficiosa del mencionado juez.

La sospecha se funda en que como juez del Poder Judicial, Castellanos Mar debe conocer a la perfección el Código Civil de Veracruz, cuyo Artículo 1849 indica que “No está obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… no procederá la reparación del daño moral a los servidores públicos afectados por opiniones o información difundida a través de los medios de comunicación, a no ser que se pruebe que el acto se realizó con malicia efectiva”.

Los periodistas que cubren la fuente del Ayuntamiento de Rafael Delgado, hoy codemandados por la alcaldesa Isidora Antonio, argumentan con razón que tanto la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, como la Corte Interamericana coinciden en que los periodistas que abordan temas de posible corrupción o actuaciones indebidas de los servidores públicos no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo.

Lo evidente, en este proceso judicial, es un intento de intimidación que busca inhibir el derecho a la libertad de expresión.

Ojalá ese llamado de atención que lanza la prensa de Rafael Delgado sea tomado en cuenta por el presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez Peña; por el diputado presidente de la Mesa Directiva en el Congreso local, José Manuel Pozos Castro; y por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, a efecto de evitar un precedente tan lamentable como el que podría sentar el acoso judicial contra los periodistas. @luisromero85