Prefacio.
El juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, negó la protección al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien a través de sus abogados intentó ampararse contra una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. *** Los abogados de Javier Duarte promovieron el recurso de amparo para evitar que se libere la orden de aprehensión en su contra bajo el argumento que ésta “no satisface los requisitos para su emisión, toda vez que “no cumple con la totalidad de datos de prueba”. *** En junio de 2018, un juez del fuero común en Veracruz giró una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada en agravio de 13 personas. *** La defensa del exgobernador argumentó que el Ministerio Público omitió los razonamientos que ameritaban su detención. La decisión ya fue impugnada ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal. *** No hay que pasar por alto que este proceso por el presunto delito de desaparición forzada de personas no fue incluido en la solicitud de extradición que envió el gobierno de México a su similar de Guatemala y, por lo tanto las autoridades de este país están impedidas para enjuiciarlo por carpetas que no fueron presentadas al país vecino.
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Fue el 10 de diciembre del 2018. Habían pasado pocos días desde que asumió el Poder, cuando Andrés Manuel López Obrador encabezó el acto en el que se hizo entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos al abogado y escritor Héctor Fix Zamudio.
El remate de su discurso fue así:
“Y termino, haciendo el compromiso, por convicción, de que el Ejecutivo Federal no va a promover la violación de derechos humanos. No va a proteger a quienes violen los derechos humanos. Vamos a aceptar y vamos a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y vamos a respetar la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Eso lo dijo apenas hace seis meses el Presidente.
Sus palabras fueron recogidas por la oficina de prensa de la Presidencia de la República y cualquiera puede acceder a ellas.
Este miércoles la Secretaría de Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (ambas oficinas del gobierno federal) rechazaron la recomendación 29/2019 emitida el 31 de mayo sobre las estancias infantiles, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la calificaron como “una aberración”.
En documentos que más bien parecían “machotes” a los que les cambiaron el papel membretado, ambas dependencias señalaron que aceptarla recomendación “significa permitir el robo de mil 049 millones de pesos al erario. No somos encubridores de actos de corrupción ni cómplices de quienes son capaces hasta de atentar contra los derechos humanos de los niños”.
Contrario a las expresiones positivas del Presidente de México, los comunicados del DIF y de la Secretaría del Bienestar le atribuyen a la CNDH motivaciones políticas y “consigna de intereses creados”.
Aquel 10 de diciembre, al iniciar su mensaje, Andrés Manuel López Obrador dijo:
“Celebro que se haya consolidado con el tiempo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a pesar de los pesares, sobre todo, de lo que se ha padecido en los últimos tiempos, desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, desde que se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió en esta crisis, que tanto dolor ha producido al pueblo de México. A pesar de eso, existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Hoy, sus subalternos expresan:
“La comisión emite esta recomendación a nuestro gobierno en la que defiende violaciones a derechos humanos y la corrupción en perjuicio de los niños en las estancias infantiles, promovidas por una mayoría de militantes o simpatizantes del PAN (…) A 10 años de los sucesos de la guardería ABC, la CNDH no buscó hacer justicia y ahora defiende ese modelo privatizador”.
¿Estamos hablando de dos organismos distintos?
¿Es, acaso, uno el discurso y otro el ejercicio de la función pública?
¿Pasa lo mismo en Veracruz con el tema del nepotismo?
¡Qué difícil es descifrar a la Cuarta Transformación!
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Epílogo.
Dicen que, con el afán de librar la cárcel, el extesorero de Veracruz, Tarek Abdalá Saad, formalizó un convenio el 30 de noviembre del 2018 (el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto) con la que entonces se llamaba Procuraduría General de la República. Cambió el gobierno y, como en “Big Brother” las reglas también cambiaron. *** Por lo pronto, desde el fuero común, acá en Veracruz, le fue girada una orden de aprehensión a Tarek Abdalá, por el desvío de 453.5 millones de pesos que estaban destinados al Seguro del Magisterio. *** En la causa penal 255/2018 se señala que fueron detectadas “irregularidades” en la retención y transferencia de las cuotas de afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV). Esto es, que a los trabajadores sí les retenían esas cuotas, pero que ese recurso no era transferido al SSTEEV. *** Además de Tarek Abdala, la carpeta señala como presuntos responsables del desvío de recursos a Antonio Gómez Pelegrín, exsecretario de Finanzas y Planeación; Arnulfo Octavio García Fragoso, extesorero de Sefiplan; el ex subdirector de operación financiera José Francisco Díaz, y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectora de la Tesorería. *** Bien dicen que nadie se escapa del largo brazo de la Justicia.