Tanto las familias como las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); la secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz (SESVER) y los encargados de impartir justicia como la Fiscalía General del Estado (FGE) deben dejar de ver los embarazos en niñas menores de 17 años, con “prejuicios” y enfrentar que hay una “problemática muy grave” de posible violencia sexual, que daña la salud, el futuro laboral y profesional de este sector de la población, indicó la integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Carolina Ramírez Suárez.

Hizo un llamado a los padres, madres, maestros y maestras para que hagan a un lado “los tabúes y estereotipos de género” e informen a sus hijas e hijos que tener una relación sexual con una menor de edad es un delito y puede derivar en un embarazo no deseado.

“Un embarazo en una niña, en una adolescente, aunque haya consentimiento debe verse como un problema de delito y de salud pública, no sólo es una cuestión de prejuicio, quitemos todos los prejuicios y hablar de la sexualidad humana, para que este problema vaya diluyendo”.

Consideró que los embarazos en niñas y en adolescentes no habrán de desaparecer como “arte de magia”, pero si es necesario que autoridades y sociedad conjunten tareas y atiendan el llamado, porque se ha llegado “a un problema vergonzoso y generalizado”.

Ramírez Suárez comentó que para disminuir las estadísticas de embarazos en niñas, no sólo se necesita “la buena voluntad” de las autoridades, o que los legisladores emitan un decreto, sino que se requiere de “presupuesto” para tener programas concretos con acciones específicas y se midan los impactos que estos tienen.

Luego de que el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero informó que en el año 2018 se registraron 828 embarazos en menores de edad, Ramírez Suárez aclaró que este es un número oficial informado por una autoridad, pero posiblemente hubo más, porque “muchos” estos casos son el resultado de una violación sexual, que la misma familia no denuncia y prefiere callar.

Por tal motivo, dijo Ramírez Suárez cuando hay una menor de edad embarazada, las autoridades deben vigilar si la niña sufrió o no una violación sexual.

“El problema es que no hay seguimiento, no se ve como un delito, sino como una cuestión normalizada, porque muchas veces si están inmiscuidas personas de la misma familia, esto se cierra, se calla y no se habla y las que llevan la de perder son las niñas y adolescentes que están inmersas en la problemática”, finalizó.

 

AVC/Verónica Huerta