Agua Dulce, Ver.- La víctima mortal de un ataque perpetrado en contra de una camioneta en la que viajaba un grupo de migrantes resultó ser una menor de edad, de aproximadamente 12 años de edad, identificada preliminarmente como Emma Clarissa “N”, de origen salvadoreño, según documentos que la niña llevaba consigo. Las autoridades del consulado de El Salvador ya comenzaron los trámites para proceder a la recuperación del cuerpo, aunque podrían atender a la familia de la niña hasta el martes, ya que el lunes es día feriado en su nación.

De confirmarse la participación de los Policías Federales y del Instituto Nacional de Migración en el ataque armado, sería el segundo caso ocurrido en territorio de Agua Dulce, luego de que en el 2008 elementos de la Policía Municipal persiguieran y dispararan contra un camión cargado de indocumentados, con saldo en esa ocasión de dos personas fallecidas y varios heridos.

Mientras tanto, es necesario mantener por mayor tiempo posible el cuerpo sin que avance la descomposición, una labor difícil de conseguir en el sur, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuenta con instalaciones para preservar los cadáveres y el área refrigerada que se encuentra en el distrito de Los Tuxtlas, se acaba de descomponer.

La menor viajaba en una camioneta tipo Chevrolet Avalanche, con placas de circulación XF-1655-A, la cual fue acribillada de frente y del lado del conductor cuando circulaba sobre la carretera Villahermosa–Coatzacoalcos, quedando detenida a la altura del kilómetro 26+300, por la planta Madisa. Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde, poco después de las 17:30 horas, cuando se reportó que había migrantes heridos de bala y personal de Protección Civil y Cruz Roja se trasladaron hasta la carretera federal para brindarles auxilio.

En el lugar fueron atendidos José Roberto de la Paz Lazo, de 26 años y José Francisco González Lara, de 55, ambos oriundos de El Salvador, los cuales resultaron con impactos en las extremidades, por lo que fueron trasladados al Hospital Comunitario “Valentín Gómez Farías”, en la ciudad de Coatzacoalcos. Los dos migrantes relataron que ellos viajaban escondidos en la batea de la camioneta blanca junto con otros seis salvadoreños más, cuando escucharon el sonido de una sirena de patrulla y después comenzaron los disparos, en los que resultaron lesionados.

Sobre este grupo de seis personas, creen que se dieron a la fuga, porque ya no supieron más de ellos. En cambio, la menor de edad quedó recibió un disparo en la cabeza y quedó sin vida en el asiento del copiloto. Por otra parte, testigos de la escena expusieron que después de los hechos había una camioneta del Instituto Nacional de Migración (INM) y dos patrullas de la Policía Federal.

A menos de seis kilómetros de donde ocurrió el asesinato de la menor existe un retén de ambas corporaciones, en los límites de Tabasco con Veracruz. El arma con el que se perpetró el ataque resultó ser un fusil, pues en la carretera se encontró un casquillo calibre 7.62 de la marca “Águila”, lo que infiere que el resto quedó dentro de algún otro vehículo desde donde se disparó.

La mayoría de los impactos, que eran más de diez, ocurrieron de frente y de costado, mientras que se observó que todos los disparos en el parabrisas tenían un patrón de “entrada”, es decir, que fue la unidad la que recibió los proyectiles y no se habría dado un intercambio de fuego. El asunto ocurrido dentro del territorio de Agua Dulce, al sur de Veracruz, provocó la reacción de activistas como Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien denunció que la política migratoria de México se está dictando desde Estados Unidos, al permitir a las policías y el Ejército (Guardia Nacional) actuar con violencia contra los migrantes en tránsito con el fin de ceder a las presiones hechas por Donald Trump ante la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

Mientras tanto, el cuerpo de Emma, de aproximadamente 12 años de edad, permanece en Las Choapas a la espera de poder ser devuelta a su país con su familia lo más pronto posible, para evitar pasar por la fosa común en Veracruz. Por estos hechos las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron la carpeta 503/2019 en la que se investiga una presunta participación de la Policía Federal y personal del INM como consecuencia de la política migratoria de restringir el flujo de migrantes por México.

AVC/Violeta Santiago