Aspirante a ser auditor del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que hoy es peleado por varios personajes (entre ellos quien quiere reelegirse), el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, rendirá la mañana de este jueves, en el Palacio Legislativo, su informe anual de actividades, y tendrá que dejar en otras manos el cargo que logró el año pasado, en las postrimerías del infausto gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
El Comité de Participación Ciudadana, un órgano compuesto por cinco ciudadanos seleccionados por un comité especial fraguado en el Congreso local, le ha servido a Vázquez Jiménez para colocarse en la línea de los elegibles para ocupar el cargo de Auditor Superior, y no tanto porque ese comité sea considerado una especie de antesala, sino porque en el último año ha logrado atraer las lámparas de la opinión pública por su discurso quisquilloso y crítico.
No solo ha convocado a votar, como ocurrió en junio del año pasado, cuando invitó a acudir a las urnas el primero de julio; también ha hecho señalamientos duros contra los entonces funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes; ha denunciado a los diputados panistas de la anterior Legislatura por borrar a modo y desactivar las observaciones del Orfis contra varias dependencias estatales y ayuntamientos por la Cuenta Pública 2017 y, en el último tramo, ha dicho que las cuatro denuncias presentadas por el Auditor Superior del estado en la Fiscalía General de la República (FGR) fueron incorporadas a destiempo.
Pese a toda esa actividad mediática, hasta el momento no se conoce una sola acción contundente del Comité de Participación Ciudadana que hoy permita a los veracruzanos encontrar vías alternas para denunciar y contener una estela de corrupción de la que no está exento el gobierno de Morena.
En agosto del año pasado, en ocasión de su nombramiento, en este espacio señalamos un aparente conflicto de interés, pues en el padrón de auditoria gubernamental del Orfis figuraba su despacho contable, Contadores y Abogados Corporativos S.C. (bajo el registro RAF-2-2018-042), del que aparecía como representante legal y como socio para suscribir dictámenes. Días después, en reunión con este reportero, Sergio Vázquez señaló que había salido de sus compromisos con el despacho justamente para no ser acusado de ello, aunque su hermano seguía con esa empresa de servicios.
Las benditas redes sociales
“Cuitláhuac García y Claudia Sheinbaum pueden estar tranquilos. Pese a los malos resultados de sus respectivos gobiernos en materia de seguridad, el Presidente los sigue respaldado. ¿Se acuerdan del “no te preocupes, Rosario”?”. Pascal Beltrán del Río @beltrandelrio
¿Quiénes nombraron a los ciudadanos anticorrupción?
En el Comité de Participación Ciudadana hay integrantes de mucho reconocimiento; uno de ellos, el politólogo y periodista Emilio Cárdenas Escobosa. Los cinco ciudadanos que componen el CPC no deben tener afinidades políticas manifiestas y sí, en cambio, contar con conocimientos y experiencia comprobable en responsabilidades administrativas, anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.
El problema desde su inicio fue quién nombraría a los integrantes de este comité ciudadano. La ley señala que la legislatura convoca, selecciona e integra una Comisión de Selección compuesta por 9 notables veracruzanos quienes son encargados de emitir la convocatoria y seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, proceso que por primera vez fue terminado en junio de 2018.
De esa fecha para acá han sido interminables los dimes y diretes entre los integrantes de la Comisión de Selección, lo que ha minado su profesionalidad y objetividad, y han desertado algunos. Uno de los momentos de debate más memorable se dio entre el presidente de ese comité seleccionador, Carlos Luna, y el académico Víctor Andrade por la presunta opacidad en la designación de los primeros integrantes del comité de participación ciudadana.
Si esto se señala en el caso de los seleccionadores, en el caso de los seleccionados se puede intuir cierto desprestigio público, empezando por el actual presidente que trabajó para el gobierno más cuestionado de Veracruz, el de Javier Duarte, además de integrantes incapaces que hacían negocios desde instituciones académicas o los que han participado en todo gobierno justificándolo.
Dos de los integrantes originales prefirieron abandonar la causa, situación por la cual tomaron protesta otros dos nuevos integrantes en abril de este año, cuya incorporación fue decidida en lo oscurito por la Comisión de Selección, que dio a conocer el veredicto en un escueto comunicado.
Todo esto viene a colación porque el periodo del actual Presidente del Comité termina en este mes y desde luego hay que nombrar a alguien más. Para ello, se hizo una convocatoria en mayo solicitando ciertos requisitos y unas entrevistas que fueron transmitidas en vivo por Facebook.
Sorprendentemente, otra vez en completa opacidad y violando la ley, resolvieron por una mujer (casualmente amiga de los integrantes de la Comisión de Selección) sin constar en qué basaron su decisión o qué calificaron o por qué se decidieron por ella, haciendo a un lado a gente de gran perfil académico y con vasta experiencia en temas sociales.
Mal por la Comisión que, contrario al objeto de su creación, demerita la que hasta ahora se antoja como la más grande lucha contra la corrupción y la impunidad.
Hay corrupción hasta en las escrituras notariales
El Gobierno del Estado ha anunciado la modernización del Registro Público de la Propiedad así como la creación del Instituto Público Registral, para brindar un mejor servicio y abatir el gran rezago de esta dependencia. Para ello, este miércoles, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), formalizaron un convenio de coordinación que permitirá también contener delitos contra la actividad registral.
Según Griselda Martínez Vázquez, coordinadora general de Modernización y Vinculación Registral y Catastral de la Sedatu, Veracruz está entre los estados con mayor número de falsificación de escrituras notariales, junto con estados como Guerrero y Tlaxcala.
“A los notarios que más les falsifican escrituras son a los notarios de Veracruz, Guerrero y Tlaxcala, ¿por qué?, porque a eso le apuestan, que no hay orden y por eso hoy tenemos que generar esa certeza jurídica y que cualquier notario en el país que vaya a realizar un acto jurídico tenga la posibilidad de consultar el Archivo de Notarías y cuente con la información de que ese acto existe».
La funcionaria federal dijo que el mayor fraude inmobiliario que se da en el país es por la falta de información y registros generados de manera inadecuada, tanto en los registros como en los catastros, y por la corrupción generada por la falta de procesos transparentes.
A esto se suma que Veracruz se ubica en el penúltimo lugar en el tema de Modernización Catastral, pues aunque en 2010 se trazó un proyecto para modernizar esta área, no se concretó. Admitió que esta falta de aplicación de recursos provocó que este año el Gobierno del Estado no pueda recibir recursos para mejorar esta área.
En la reunión de coordinación, el director general del Registro Público de la Propiedad, David Jiménez Rojas, informó que con este proceso de modernización se ofrecerá una mayor certeza y seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias, estableciendo un marco muy claro de regulación.
Añadió que se brindarán servicios de información sobre derechos patrimoniales inscritos en el territorio veracruzano, con interoperabilidad entre dependencias responsables de los registros territoriales de forma rápida y segura, bajo estándares del más alto nivel internacional.
Las benditas redes sociales 2
“No somos perversos, seguiremos respetando la libertad de expresión. Exigiremos se inicie una investigación contra quien amenazaba periodistas. Se acabaron las eras de “tolerar” grupos delictivos y secuestradores; como en Minatitlán, iremos por todos ellos a pesar del FGE”. Cuitláhuac García @CuitlahuacGJ
Secuestro y libertad de expresión
Este miércoles se conjugaron dos eventos en la vida de este periodista: desde temprano, la noticia sobre el levantón sufrido por el periodista Marco Miranda Cogco (Marmiko) en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, cuando llevaba a su nieta a la escuela, y la reunión de periodistas con los diputados locales en Xalapa, donde por cierto vimos un fino manejo de la relaciones públicas del que está a años luz el Poder Ejecutivo estatal.
La situación es inquietante. Marmiko es conocido por haber sido el periodista preferido del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien lo colmó de múltiples apoyos políticos y económicos, además de ofrecerle los servicios de al menos dos guardaespaldas, con elementos de Seguridad Pública, que una vez en el poder Miguel Ángel Yunes Linares le quitó, con evidentes muestras de repudio mutuo que muchos vimos como el antecedente de un final poco feliz en que se vería las garras del poder.
Toda esa historia de amistad entre el periodista y el exgobernador encarcelado carece de toda importancia a la hora de mostrar nuestra solidaridad con el colega, sobre todo porque la violencia criminal no es ni mucho menos el destino por el que debía transitar.
De nueva cuenta, y aun cuando la esposa del colega señaló directamente al gobernador Cuitláhuac García y a su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de ser los posibles instigadores del hecho delictivo, cosa que no consideramos cierta, el mensaje circulado en la cuenta de Twitter del Ejecutivo estatal tuvo una recepción poco afortunada entre el gremio periodístico.
De entrada, fue de defenderse de posibles señalamientos (“No somos perversos”) y, pese a que han tenido él y sus compañeros de gabinete, expresiones ofensivas o de confrontación, se dijo respetuoso de la libertad de expresión. Ambas expresiones buscaron, según el punto de vista compartido de varios periodistas reunidos en torno a la conmemoración de la Libertad de Expresión con diputados, un ánimo de defensa de las expresiones que lo responsabilizaban del secuestro.
Pero lo más grave es que, entre líneas, en lugar de ofrecer su solidaridad a la familia del periodista y ofrecer todos los recursos del Estado para dar con su paradero, que sería la expresión correcta de un Mandatario, lanzó una acusación soterrada contra su antecesor: “exigiremos se inicie una investigación contra quien amenazaba periodistas”, además de invocar de nueva cuenta a la Fiscalía General, en que puede estar en lo cierto, pero cuya confrontación no debe continuarla cuando está hablando de un hecho de mayor importancia: “iremos por todos ellos [grupos delictivos y secuestradores] a pesar de la FGE”.
Todos esperamos que aparezca el colega con vida, se detenga y procese a los delincuentes y que esto sea lo más pronto posible. Y a este reclamo, ayer mismo en el desayuno ofrecido a periodistas por los diputados del Congreso local se unió el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien pidió la más pronta localización de Marmiko.
Algo así, por cierto, esperábamos del gobernador Cuitláhuac García.
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