Antes de otorgar permisos para cambio de uso de suelo y que inmobiliarias desarrollen unidades habitacionales, los ayuntamientos deben comprobar si tiene la capacidad para otorgar agua potable y servicio de limpia pública, porque de no hacerlo, la crisis de agua en las ciudades se agravará más, advirtió l la investigadora del Colegio México, Judith Domínguez Serrano.

Al participar en el coloquio “Políticas Públicas ante el cambio climático en México y Veracruz” organizado por el Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana (PECCUV), la investigadora señaló que el gobierno federal además de distribuir los recursos públicos a los ayuntamientos para que atiendan a sus ciudadanos, también debe otorgar información que le sirva a las autoridades municipales en la toma de decisiones.

“La federación tiene una obligación a parte de dar dinero, es dar información. ¿Qué tan critica es la situación en este municipio de disponibilidad y de calidad del agua? Información que te permita tomar una decisión a ti autoridad municipal para autorizar a un desarrollo inmobiliario para que crezca la ciudad para allá, para poner un basurero aquí” afirmó.

Otra de las problemáticas que enfrentan los ciudadanos con el crecimiento “desordenado” de las ciudades es que no hay transporte público, ni energía eléctrica.

“¿Pero el agua? Eso es fundamental, de todos los servicios públicos que necesitan, el primero que van a reclamar los ciudadanos es el agua. El crecimiento de la población ya provocó un problema de demanda de agua y si le añadimos cambio climático, ya no habrá agua suficiente, ni de calidad” sostuvo.

Domínguez Serrano consideró que “la crisis” por el agua ya se vive en México, y quienes mejor lo saben son las autoridades municipales que no se dan abasto para proveer del liquido de calidad a la población, porque ahora se ven obligados a racionar las cantidades.

“Las ciudades mexicanas empezaron a crecer desordenadamente, se expanden, se expanden irregularmente y a veces con permiso, y a veces en zona donde no deben asentarse porque hay recargas de acuíferos, o en zonas donde no hay agua, y lo que hace falta es una coordinación entre el gobierno federal, los estados y los municipios”, finalizó la investigadora.

AVC/Verónica Huerta