Esta semana podría haberse definido la reelección tanto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Alvarez Peña, como del Auditor General del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla. Ambos han expresado sus intenciones de continuar por un periodo más en sus cargos, y a la luz de los últimos acontecimientos, parece que lo conseguirán.

Varias son las razones que lo confirman. La primera es que han cumplido su compromiso de romper con el pasado y auxiliar –como lo hicieron con Miguel Ángel Yunes- en la persecución del régimen anterior. Si bien Edel Alvarez ha sido más mesurado, enfocando sus críticas sólo a la actuación del Fiscal Jorge Winckler, Lorenzo Portilla ha sacado todos sus expedientes para llevar al ex gobernador al patíbulo.

La segunda es que al parecer, los operadores del gobierno estatal no cuentan con los votos necesarios ni en el pleno del Consejo de la Judicatura –donde se elige al Presidente del TSJ-, ni en el Congreso del Estado –donde se decide el nombramiento del Auditor General.

Hace días que Edel Álvarez no cabe de felicidad. La reunión pública que tuvo con el Secretario General de Gobierno, Eric Cisneros, fue el inicio de una afortunada serie de acontecimientos que concluyeron con el acto para la presentación del proyecto de las ciudades judiciales, al que asistió el propio Gobernador del Estado. Por eso a nadie extrañó que este martes -tras el respaldo público del gobernador-, el magistrado presidente se dijera dispuesto a repetir en el cargo si el pleno así lo determina. Álvarez Peña dijo ser un soldado del Poder Judicial.

En realidad, su reelección dependía de la voluntad del Gobernador. Edel Álvarez ha sabido construir una compleja red de compromisos y prebendas al interior del Poder Judicial a favor de los magistrados –plazas para familiares, beneficios personales, promoción de jueces afines- que le asegura no tener problema en conseguir los votos. Hoy, con el visto bueno del mandatario, la reelección será un mero trámite.

En el caso de Lorenzo Portilla, hace semanas que expresó su intención de reelegirse, a pesar de no contar con la aprobación del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín. Por eso decidió negociar directamente con Palacio de Gobierno, y al menos hasta ahora, la estrategia parece resultar a su favor. A menos que, como se especula, el verdadero relevo venga directamente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Cuando fue nombrado hace siete años, a Portilla se le criticó no tener oficio político para un cargo que lo requería. Ahora resulta que podría sobrevivir a tres gobiernos diferentes, enemigos entre sí y emanados de distintas fuerzas políticas. Para algunos, ha mostrado habilidades que no se le conocían, para otros, simplemente ha vendido información privilegiada al gobernante en turno.

Ayer por la mañana, el titular del Orfis presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, por la contratación de cámaras de vigilancia que no sirven, que costaron mil millones de pesos. El auditor explicó que “tras una auditoría se encontró que las 6 mil cámaras del estado no cumplen con las especificaciones señaladas en el contrato”.

Además, lo denunció por otras linduras como una serie de irregularidades en la Cuenta Pública de 2017, la manipulación y simulación de registros contables para esconder el monto real de la deuda del estado y desvió miles de millones de pesos de fideicomisos. En proceso está también la investigación sobre las propiedades que el ex gobernador habría recuperado y que no aparecen en el patrimonio del estado.

De hecho, cinco días atrás, el propio Orfis había denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra del propio Miguel Ángel Yunes Linares por presunto daño patrimonial por un monto superior a los 80 millones de pesos que fueron adjudicados a decenas de obras de forma ilegal. La querella presentada es en contra de quien o quienes resulten responsables, relacionada con la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2017.

La respuesta no se hizo esperar: El ex gobernador fijó su postura respecto a la denuncia que este día interpuso el Orfis ante la FGR por desvío de recursos. “Me he mantenido al margen, y así continuaré; no serviré de ‘Caja China’ para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos, tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto, protector de Duarte y de sus cómplices”.

Durante el gobierno de Yunes Linares, tanto Edel Álvarez como Lorenzo Antonio Portilla sirvieron de instrumento para facilitar la persecución política en contra de los ex funcionarios duartistas; hoy la historia se repite, lo que confirma que la información es poder.

Ahora sólo falta que se los cumplan.

Las del estribo…

1. Lo cierto es que el círculo en torno al ex gobernador se está cerrando. Ha perdido a dos aliados estratégicos que hoy podrían convertirse en sus verdugos; las denuncias están en manos de la FGR y no de la Fiscalía local. De hecho, crecen los rumores sobre que la familia de Jorge Winckler ya se encuentra fuera del país a la espera del desenlace fatal.
2. En las próximas horas, el sitio web de la Coordinación General de Comunicación Social pondrá a disposición de los medios los requisitos para obtener su registro en el padrón correspondiente, lo que no garantiza que vayan a ser sujetos de publicidad y campañas de difusión. Sin embargo, al amparo de la nueva ley, ninguna entidad –poderes, organismos autónomos o Ayuntamientos- podrá contratar publicidad con un medio si no está en el registro, por eso resulta la llave al paraíso.