Natalia Plazas/France24

México sigue siendo el país más mortífero para los periodistas en el hemisferio occidental. Con una violencia en aumento, la situación preocupa a las organizaciones de Derechos Humanos, que le exigen mayor compromiso al Gobierno de López Obrador.

Desde que el pasado primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se posesionó como presidente de México, el mandatario ha dado un giro de 180° en lo que respecta a la relación que los anteriores gobiernos mexicanos habían mantenido con los medios de comunicación.

En comparación con el hermetismo que caracterizó a la presidencia de Enrique Peña Nieto, quien realizó contadas comparecencias públicas durante su sexenio, AMLO, por su parte, se ha caracterizado por la búsqueda de un modelo más abierto y próximo a la ciudadanía.

La insignia de este modelo son las llamadas conferencias ‘Mañaneras’, toda una marca del nuevo presidente. Se trata de las comparecencias de prensa que el mandatario ofrece todos los días de lunes a viernes a las siete de la mañana ante periodistas de todos los medios de comunicación que quieran asistir.

Muchos las consideran un gran ejercicio democrático: «Ningún presidente mexicano ha mostrado ese tipo de apertura hacia la prensa (…) Es algo que aplaudo y que creo que ayuda en, por lo menos, definir una nueva política en materia de acercamiento a no solo los reporteros, sino también a la ciudadanía», sostiene Jan-Albert Hootsen, de la organización para la libertad de prensa Committee to Protect Journalists (CPJ).

Sin embargo, tal y como señala Hootsen, «la política de comunicación de este Gobierno también genera varios problemas», especialmente en lo que se refiere al tono hostil que ha utilizado López Obrador en distintas ocasiones para contestarle a algunos periodistas críticos con su gestión. El mandatario ha utilizado expresiones despectivas como «el hampa del periodismo» o «prensa fifi» para desprestigiar, principalmente, a medios conservadores.

Pero los desplantes no se quedan ahí, meses atrás López Obrador dijo, ante una centena de comunicadores, que ellos no solamente eran «buenos periodistas», sino que además eran «prudentes» y añadió «si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede». Sus palabras levantaron rápidamente una tormenta de críticas en las redes sociales.

En otra ocasión, el presidente fue ampliamente cuestionado por haber pedido al diario Reforma que revelara sus fuentes después de que el medio de comunicación publicara la carta privada que López Obrador envió al rey de España en la que este pedía a la Corona española que se disculpara por los crímenes cometidos durante la Conquista.

Todos estos actos, sumanos a una sistemática narrativa de deslegitimación, se vuelven alarmantes, sobre todo, porque como señala Hootsen, las palabras del mandatario son vistas «por seguidores fanáticos del presidente como una luz verde para generar campañas de desprestigio contra la prensa considerada hostil», algo que se traduce en agresiones en la red contra estos periodistas.

Si bien, por el momento, esa violencia no se ha traducido en actos físicos, son cada vez más las voces que consideran que esa narrativa, además de ser indigna de un jefe de Estado, incrementa la inseguridad que ya de por sí viven muchos de los periodistas en México. El país, según señala Reporteros sin Fronteras, es -a excepción de los Estados en guerra- el más mortífero para aquellos que ejercen esa profesión.

Seis periodistas asesinados en lo que va del mandato de López Obrador

En vísperas de su arrolladora victoria electoral, Andrés Manuel López Obrador aseguró que bajo su mandato México no vivirían más asesinatos de periodistas. Sin duda, una promesa difícil de cumplir. Según indica Reporteros Sin Fronteras, desde su investidura, al menos seis profesionales han sido asesinados por ejercer la labor periodística.

La mayoría de estos crímenes, 145 documentados desde el año 2000 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), se han producido en casos en los que el periodista investigaba temas relacionados con acciones de grupos al margen de la ley, corrupción y narcotráfico.

En algunos casos, según señala Article 19, una de principales organizaciones defensoras de la libertad de expresión en el país, fuerzas de seguridad del Estado se han visto involucradas. La entidad ha llegado a denunciar que, entre 2018 y 2019, se ha intensificado un patrón alarmante en algunas zonas del país «en el que las autoridades municipales son las principales agresoras de la prensa».

Ante tal panorama, en marzo pasado el Gobierno de López Obrador hizo un balance del mecanismo de protección a periodistas establecido por el Estado, en el que se comprometió a mejorar la coordinación con los gobiernos estatales y a «esclarecer estos hechos tan lamentables», en palabras de Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Pero, aunque algunas organizaciones reconocen una voluntad latente de la nueva Administración por tomar cartas en el asunto, otros consideran que el Gobierno de López Obrador no se ha comprometido plenamente con la protección los periodistas y que este debería incrementar los esfuerzos de investigación en casos de violencia contra la prensa.

Roberto Rock, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, plantea lo que llama «el esquema de las tres P», un plan de acción que consiste en proteger a periodistas en las zonas difíciles y prevenir ataques cuando los periodistas ya han sido amenazados.

Article 19 va un paso más allá y reclama también medidas de reparación para las víctimas, además de que se haga efectiva la implementación de la ley de publicidad oficial, con la cual el Gobierno se ha comprometido a limitar la propaganda estatal en medios de comunicación, una de las medidas que más coaccionan el libre ejercicio periodístico dentro del país, ya que tanto los medios como los comunicadores acaban dependiendo de los ingresos del Estado para subsistir.

A nivel general, lo que piden las organizaciones que defienden el libre ejercicio de la libertad de prensa es que el Gobierno trabaje por asegurarse de que los actores de los crímenes paguen por ellos, ya que «la impunidad es lo que más estimula que este tipo de ataques se repitan», como denuncia Rock. Y no lo denuncia en vano. En la actualidad, los crímenes cometidos contra periodistas en México tienen un índice de impunidad del 99,13%.

Natalia Plazas/France24