Hace un mes, a finales de abril, luego de que un diario capitalino de la llamada “prensa fifí” publicó que Grupo Bio Pappel había ganado un contrato abierto hasta por 221.6 millones de pesos para proveer papel offset a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció públicamente que pediría a las instancias correspondientes cancelar el contrato que había ganado un empresario compadre suyo.

“Quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir a la instancia correspondiente del Gobierno que se busque la forma legal, de que se cancele ese contrato, esa compra, le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda las circunstancias, nosotros no sólo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad, es ser y parecer, y esto aplica en todo”, dijo AMLO en conferencia de prensa.

Inclusive comentó que en caso de que no sea legal la revocación del contrato, de cualquier manera le pediría al empresario que se retirara voluntariamente. Y así se hizo.

¿Qué otro, de los últimos ex Presidentes, reaccionó así en casos similares? ¿Carlos Salinas? ¿Ernesto Zedillo? ¿Vicente Fox? ¿Felipe Calderón? ¿Enrique Peña Nieto?

Ahora le acaba de estallar el caso de Carlos Lomelí, superdelegado federal en Jalisco y ex candidato de Morena a la gubernatura de esa entidad, a una de cuyas empresas del ramo farmacéutico, Abisalud, le fueron adjudicados ocho contratos, entre ellos uno por 36 millones de pesos que le asignó el gobierno morenista del estado de Veracruz.

Pero nuevamente, en su conferencia matutina, López Obrador afirmó que en la administración que preside “no vamos a permitir la corrupción de nadie, trátese de quien se trate”, aunque este caso lo consideró “parte de una confrontación política que existe”, a la que coloquialmente se le llama “grilla o, más elegantemente, politiquería.”

Es más, dijo que “la instrucción que tiene (Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) es que todo lo que le llegue a investigación financiera, de lavado de dinero, de compra de bienes, de riqueza obtenida sin justificación, de inmediato, sea quien sea, a la FGR”.

En Veracruz también será revisada la legalidad del contrato de Abisalud, lo que ahora están demandando los diputados locales del PAN y el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes poco o nada hicieron durante la administración del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares ante los contratos asignados en el Sector Salud o por la Secretaría de Seguridad Pública y cuyo incumplimiento o costos desproporcionados fueron en perjuicio del patrimonio del estado.

Consolidar la cultura de la transparencia en México va para largo todavía, pues hasta las élites empresariales muestran resistencias. Ahí está el caso, por ejemplo, de los 170 grandes causantes fiscales a los que de 2007 a 2018, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el SAT les condonó  400 mil millones de pesos –entre los cuales figuran tres empresas de la familia Chedraui y hasta una harinera de Veracruz–, los cuales litigan ante los tribunales para que sus nombres y montos perdonados no sean exhibidos públicamente.

LIBERAN A MÁS DUARTISTAS

Tal como lo anticipamos ayer aquí, este miércoles fueron liberados el ex titular de la Fiscalía General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, y Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales de la FGE, los cuales continuarán su proceso penal bajo arraigo domiciliario, tal como este martes sucedió con Rosario Zamora, ex directora de Investigaciones Ministeriales, a la que una jueza de Pacho Viejo, en cumplimiento a una orden de la justicia federal, le impuso esta nueva medida cautelar.

La liberación de estos ex funcionarios duartistas –detenidos a finales de abril de 2018 por su probable coparticipación en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cadáveres localizados en la barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata– representa otro gran fracaso para el fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz.

Al enterarse de este nuevo revés al abogado originario de Oaxaca, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Siempre lo dijimos y lo confirmamos con la liberación de ex funcionarios presos: el fiscal de Veracruz @AbogadoWinckler es inútil e incapaz para procurar justicia. Por dignidad y vergüenza profesional, si la tuviera, tendría que presentar hoy mismo su renuncia a la @FGE_Veracruz”.