29 de abril, Ciudad de México. Un instituto en Iztapalapa, al este de la capital mexicana. Un aula. Diez alumnos. Un profesor. Una puerta abierta. Un sonido tenue, «como el descorche de una sidra», dicen los testigos. Una alumna en el suelo. Agoniza. Se desangra por una herida en el abdomen, donde tiene alojada una bala. Calibre 9 milímetros. Nadie vio nada; nadie escuchó nada. Poco después, Aideé Mendoza, de 18 años, muere de camino al hospital. Ha sido asesinada. La información oficial sobre el asesinato de una joven dentro de un centro de bachiller público de la Ciudad de México —el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente (CCH)—se reduce, cinco días después, a un párrafo

Quién la mató? La pregunta, en uno de los países más violentos de la región y con índices de impunidad que superan el 90%, resulta precipitada. Hay cuestiones más básicas sobre este misterioso crimen que aún no han sido resueltas. Las autoridades no han ofrecido una rueda de prensa, al menos hasta el mediodía de este viernes, para explicar qué ocurrió o cómo avanza la investigación, solo unas declaraciones rápidas, que en la jerga periodística local llaman chacaleo —unas preguntas a una autoridad fuera de un acto—, de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Y numerosas filtraciones contradictorias a la prensa que han empañado, más si cabe, la investigación de un homicidio ya de por sí complicada. Ninguna autoridad ha podido responder no solo quién la mató o por qué, sino de dónde salió esa bala, desde dónde se disparó. Y a partir de ahí, iniciar la búsqueda del culpable.

Las tasas de impunidad en la Ciudad de México superan el 76,5%: de poco más de 6.000 casos entre 2010 y 2016, solo 1.471 ha recibido una sentencia, según un cruce de datos realizado por Animal Político, con información de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística. Y, pese a que son elevados, no se trata de los niveles más altos del país, donde menos de uno de cada 10 homicidios se resuelve. Muchos vecinos se preguntan si el crimen de Aideé no se aclara, ¿qué puede esperar entonces una familia de Guerrero, de Tamaulipas, de Michoacán?

Si en la Ciudad de México, cinco días después, no se puede dar respuesta a las preguntas más elementales de un crimen como este, qué capacidad tienen las Fiscalías de otros Estados que acumulan miles de carpetas de investigación sin avance —en el caso de Guerrero, un policía cuenta con más de 900 casos pendientes, según el mismo informe—.

Los rumores e informaciones publicadas en torno al crimen de Aideé se contradicen y la complicación es tal que cada vez hay más preguntas estrellándose contra los muros de hormigón de la Procuraduría (Fiscalía) de la capital, escudada en el secreto de la investigación. Las teorías sobre lo sucedido —filtradas a la prensa mexicana— van de lo sorprendente a lo inverosímil, sin que nadie señale un indicio que las justifique.

Desde el 29 de abril, primero se informó de que alguien había disparado desde dentro de la clase con un bolígrafo-bala, de calibre 22 milímetros; unos días después, que tuvo que ser desde los pasillos, pues ninguno de los allí presentes dio positivo en las pruebas con rodizonato de sodio (que determinan si dispararon una pistola) y el calibre de la bala era de 9 milímetros; luego, que Aideé falleció por una bala perdida disparada desde la calle o desde un predio a unos 300 metros; y finalmente, que el arma pudo haber sido percutida desde unas instalaciones aledañas de la mismísima Secretaría de Marina, a unos 150 metros del aula de la joven… ¿Qué hay detrás de esta última línea de investigación? No hay respuesta. Todas estas hipótesis han sido difundidas por diarios mexicanos, citando a funcionarios de la Procuraduría. La institución ha rechazado proporcionar más información a EL PAÍS.

La fiscal Godoy comentó informalmente a la prensa este jueves que los peritos todavía intentan determinar «por dónde entró la bala», ya que «no pudo ser desde el salón [aula], aunque no está confirmado que fuera desde la calle». Solo informan oficialmente de que la trayectoria de la bala fue de «arriba hacia abajo» y que «la ojiva se instaló en la zona del abdomen de la joven». «Tenemos dos o tres líneas de investigación», «los 10 jóvenes que estaban con ella y el profesor ya han declarado», «yo no tengo en mis manos un dictamen que precise más información», ha resumido la fiscal. Sí ha dejado claro que las opciones de que la bala proviniera de fuera del recinto son las más probables para los investigadores. Incluso, aunque parezcan las más complejas y nadie explique qué pista hay detrás de esta afirmación.

Para que así fuera, el proyectil tuvo que esquivar muchos obstáculos. Además de los muros del plantel, árboles y ventanas, debió entrar por la puerta abierta del aula y, sin rozar ningún mueble ni un cristal, atravesar el cuerpo de la joven desde la axila. Algo que los compañeros del instituto tachaban este jueves de «ilógico» y «poco probable». «Desde que mataron a Aideé nos han dado información contradictoria y poco fiable de lo que sucedió. Exigimos que nos digan qué pasó. Nos están matando y parece que nadie hace nada», cuenta a este diario una de sus compañeras, Meritxel Medina, de 18 años, del mismo curso que la joven asesinada.

A unos kilómetros del CCH Oriente, donde los compañeros de Aideé han organizado una asamblea para pedir la destitución del director del centro, Víctor Efraín Peralta, el Gobierno de la Ciudad de México, liderado por la morenista Claudia Sheinbaum, está ofreciendo unas disculpas públicas por la falta de diligencia —del anterior Gobierno, del PRD— en la investigación de otro crimen en las instalaciones de la Universidad Autónoma de México (UNAM) hace dos años. El 2 de mayo de 2017 Lesvy Berlín Rivera apareció muerta en el campus, estrangulada por el cable de una cabina de teléfono. Todavía no hay una sentencia firme contra el presunto agresor, su expareja, Jorge Luis Hernández. Durante meses, desde que apareció su cuerpo, la Procuraduría lo manejó como un suicidio, algo que resultaba improbable ante la existencia de un vídeo donde se los observaba discutiendo de madrugada en ese punto.

La lucha incansable de su madre y de la comunidad estudiantil para evitar que se diera carpetazo a un caso que tenía a simple vista todas las características de feminicidio hizo que un tribunal revisara el expediente. El juicio contra Hernández, acusado del crimen, comienza a finales de junio.

No es tampoco el primer asesinato de una alumna en este instituto en los últimos años. El centro ya vivió de cerca el terror hace un año cuando una estudiante, Miranda Mendoza Flores, también de 18 años, fue secuestrada y asesinada tras abandonar las instalaciones. Otra estudiante del mismo, Jennifer Sánchez, fue encontrada muerta el pasado mes de abril tras haberse informado de su desaparición 11 días antes. En este caso, la joven desapareció fuera de las instalaciones del CCH. Ninguno de los crímenes ha sido resuelto.

Mientras siguen las investigaciones, en la comunidad rural de Huatlatlauca (Puebla) están enterrando a una joven de 18 años que lo único que hizo el lunes fue asistir a una clase de matemáticas. Según la información publicada en la prensa local, Aideé vivía en Iztapalapa, no demasiado lejos de la escuela. Su familia había emigrado de Puebla años antes. Su tía, Gilberta Mendoza, ha señalado a los medios: «Yo estoy pidiendo a mis compañeros y a estudiantes que nos apoyen, nosotros no podemos permitir que sigan pasando estas cosas».

En la mañana del jueves, mientras sepultaban el cadáver de Aideé, levantaban otro de una mujer en la colonia Nápoles, un barrio de clase media de la capital. Fatimih Dávila, ex miss Uruguay 2006, fue encontrada muerta en una habitación de una pensión con el cuello enrollado en una bufanda. Había quedado en ese establecimiento para una entrevista de trabajo. La Procuraduría investiga si pudo ser un suicidio. «Si se cometió un crimen, no quedará impune», señala Godoy a la prensa. Las mujeres asesinadas se acumulan en la Fiscalía. Las preguntas más básicas continúan.