En la carrera de ciencia política nos enseñaron que el Estado es la sociedad civil organizada. Desafortunadamente es más común el pensamiento o la idea de que son cosas separadas, el Estado por un lado y la sociedad por otro.

 

Las instituciones, las leyes, el gobierno, los poderes, los programas y planes son construcciones sociales, son producto de un acomodo de necesidades, preocupaciones, intereses, ideas, propuestas que surgen de la misma sociedad. Lo que pasa es que las mismas instituciones, el Estado y los gobiernos tienden, en algún momento dado, a deslindarse, separarse, desvincularse de la sociedad, de los ciudadanos, y se vuelven instituciones autárquicas o vueltas hacía sí mismas.

 

La construcción y aprobación de leyes es quizá el proceso que más necesita de la retroalimentación o participación de la sociedad. El Congreso es la institución que debe generar la mayor apertura posible para recibir opiniones y propuestas, escuchar a las partes interesadas o afectadas, incluir y discutir, argumentar y convencer a los diputados de una nueva ley o reforma de ley.

 

En mi carrera profesional he participado, desde la sociedad civil, en varios procesos legislativos. En el nivel federal promoví la legislación anti Trata de Personas, el proceso penal acusatorio adversarial, la reelección inmediata de legisladores, la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el servicio profesional de carrera; y en el nivel estatal participé en la elaboración, discusión y análisis de la ley de responsabilidad juvenil. En todos esos procesos, lo hice junto a muchas personalidades académicas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Incluso, a partir de esas experiencias, elaboré un Modelo Estratégico de Construcción de Consensos, con todos los aprendizajes que tuvimos con personas con quien trabajé directamente como Susan Valaskovic, quien fuera asesora del VicePresidente Al Gore en la Presidencia de Bill Clinton.

 

Ahora de regreso a Veracruz, de donde salí en el año 2002 y regresé en 2013, he sido testigo de dos experiencias donde se escuchó a la sociedad civil y se construyeron legislaciones con la participación de ciudadanos y personas a las que directamente interesaba su correcta redacción y aprobación. Se trata de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia. No participé directamente en la primera, y en la segunda solamente en una o dos reuniones de trabajo, pero lo que es importante señalar es que en ambos procesos se abrieron las puertas para, no solamente escuchar, si no construir y redactar ambas leyes, a organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, expertos y académicos.

 

Otra experiencia reciente que quiero destacar es la construcción de política pública a partir de mesas de trabajo del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez con los colectivos de familiares de personas desparecidas y organizaciones de sociedad civil acompañantes y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En esas mesas se ha abierto completamente el diálogo y la discusión para construir una agenda de temas para la implementación y acción de la legislación en atención a víctimas y búsqueda e identificación de personas.

 

Hoy me entero, otra vez con enorme satisfacción, que diputadas del Congreso del Estado recibieron y se reunieron con varias organizaciones de la sociedad civil quienes les presentaron una agenda legislativa en materia de género.

 

Se trata de una propuesta conjunta de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER), la Comisión Técnica de Expertas y Expertos de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad en Veracruz (AMIVER), la Asociación de Mujeres Abrazando México (AMAM), Mujeres transformando vidas, y activistas independientes, cuyo objetivo común es  garantizar el pleno y libre ejercicio de los Derechos fundamentales de niñas, jóvenes, adultas mayores, mujeres indígenas, con discapacidades, adolescentes y su empoderamiento y así también, sumar acciones, reclamos y propuestas para atender, prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia de género y discriminación.

 

Estas organizaciones y la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso establecieron una mesa de diálogo para la construcción de una ruta de trabajo de reformas legislativas, una Agenda Legislativa de Género 2019.

 

Se trata de un documento consensado de reformas, modificaciones, adiciones, derogaciones necesarias, útiles e impostergables para concretar, desde las legislaciones y códigos que refiere la Igualdad y la Perspectiva de Género. Y también es una invitación a la integración de más mesas de trabajo entre los colectivos y las y los legisladores para el desahogo de la Agenda, para la elaboración de las distintas iniciativas que se plantean.

 

Sin duda se trata de un esfuerzo y trabajo muy importante por parte de estas organizaciones de mujeres, y leyendo sus propuestas me parece que todas y cada una de ellas son necesarias, pertinentes, viables e incluso en muchos casos urgentes. Pero lo que quisiera yo destacar, además del documento en sí, es el hecho de haber logrado este encuentro entre diputadas y sociedad, en abrir y escuchar, en sentarse a analizar y discutir, y en plantear una ruta de trabajo que debe seguir. Es decir, no se trata de entregar un documento propuesta y se acabó, se trata de sentarse a redactar, a explicar, a convencer, a exponer los antecedentes, motivos, fundamentos. Y desde luego, como bien lo dicen ellas mismas, una vez aprobadas, implementar realmente por parte de las autoridades facultadas cada una de estas reformas.

 

Destaco a continuación algunas de las propuestas que me parecen las más destacables, aclarando que todas y cada una son importantes y necesarias. Para el Código Penal del Estado, las organizaciones proponen considerar en el Art. 144 fracción VII el agravante genérico de discriminación cuando el homicidio o lesiones sean infligidas a personas transexuales, e incorporar sanciones a funcionariado de salud en aquellos casos en los que no se aplique correctamente la NOM 046, para la prestación de servicios de interrupción de embarazo previstas en las causales del Código.

 

Por lo que toca a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de Veracruz, la Agenda propone la creación de un organismo estatal para la prevención, atención, y sanción de la discriminación por las condiciones previstas en la Constitución del Estado de Veracruz.

 

Por otro lado, en relación a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el documento plantea garantizar la atención a la salud, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046 a las mujeres vulnerables a la violencia sexual (y las víctimas); optimizar la figura de las órdenes de protección para darles efectividad; e, incorporar medidas especiales de protección a mujeres víctimas de violencia consideradas en la NOM-046.

 

Resultan muy destacables las propuestas en lo que se relaciona con el Código Civil para el Estado, donde se solicita la aprobación de la Iniciativa presentada por la Diputada Mónica Robles Barajas, a fin de salvaguardar el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad derivado del reconocimiento al derecho a la dignidad humana previsto en el artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente destaca la demanda de incorporar en el Código Civil particularmente en el Título Décimo Segundo Del Registro Civil, la posibilidad de que las personas LGBTTI tengan asegurada su identidad de género y puedan hacer la reasignación sexo genérica en su acta de nacimiento.

 

Otra novedad muy acertada en esta Agenda es lo que se propone para la Ley Orgánica del Municipio Libre, para establecer sanciones a las autoridades municipales por el incumplimiento de lo previsto para la creación, funcionamiento y operación de los Institutos Municipales de la Mujeres, las Alertas de Violencia de Género, los programas municipales para la Igualdad y la No violencia. Igualmente el documento solicita etiquetar en el presupuesto municipal, un 2% para la operación de los Institutos Municipales de las Mujeres, así como que los municipios cuenten con refugios para mujeres y sus hijas e hijos que padecen violencia.

 

También para la reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Agenda se plantea incorporar los principios de igualdad y paridad de género, en la postulación y elección de agentes y aubagentes municipales, y garantizar la presencia y participación de mujeres dentro de cada “Comité de Contraloría Social de Obra Pública” en las comunidades indígenas beneficiadas con la aplicación de recursos, así como en los “Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal”.

 

Me parece muy importante y destacable que la Agenda proponga una Ley de Medios para el Estado de Veracruz, con perspectiva de género que coadyuve en la eliminación de estereotipos que contribuyen a la desvalorización de la imagen femenina, de conformidad con la recomendación de la CEDAW.

 

En cuanto al Instituto Veracruzano de las Mujeres se propone revisar su estructura y atribuciones, a fin de fortalecerlo para dar un seguimiento pertinente a los Institutos Municipales de las Mujeres y las Unidades de Género de la Administración Pública.

 

En relación al Presupuesto de Egresos resulta muy atinada la idea de incorporar recursos para dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

 

Me parece fundamental lo que se plantea en relación a la Ley de Salud en el Estado y en materia de derechos sexuales y reproductivos, e incorporar los aspectos relacionados con la Norma 046, para actualizar lo relativo a la atención que debe brindar el personal de salud.

 

Por lo que hace a la Ley de Educación del Estado, la Agenda concuerda en que se debe incluir todo lo que tiene que ver con prevenir el acoso escolar, y la no discriminación por homofobia, lesbofobia y transfobia en todos los niveles y sistemas educativos.

 

Un aspecto muy necesario y de la mayor trascendencia es el que tiene que ver con la Ley de Protección a la Maternidad para el Estado, a la que se deberá incorporar lo previsto en norma 046 y en la ENAPEA, y derogar la fracción VII del Artículo 11 que es contrario a derechos humanos, así como para que no refuerce estereotipos que sostienen la responsabilidad total de las mujeres en el cuidado de hijas e hijos, e incorporar la responsabilidad compartida de los padres en estas tareas de cuidado.

 

Por lo que respecta a la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado, la Agenda propone garantizar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres, por trabajos iguales desempeñados en puestos, jornadas y condiciones de eficiencia idénticas, dentro de la administración pública estatal y municipal, poderes legislativo y judicial, en los órganos autónomos, así como en los ámbitos social y privado.

 

Ahora el reto será aterrizar cada propuesta en las leyes, por lo que es deseable que las diputadas sigan abriendo los espacios para que las personas expertas, activistas, ciudadanas interesadas, puedan seguir participando en la redacción de las iniciativas y sus exposiciones de motivos, en la explicación y argumentación de las mismas, y más tarde, ya ante las autoridades responsables, en el seguimiento, supervisión, evaluación, etc. de todas estas reformas y leyes.

 

El Estado es el espacio para dirimir los problemas públicos. Ello no es responsabilidad única de los funcionarios y servidores públicos, es tarea de toda la sociedad y sus grupos, organizaciones y ciudadanos, participar en dirimir todos los problemas públicos. Sólo así el Estado podrá ser realmente la sociedad organizada.