Prefacio.
Fue el domingo 10 de febrero. En este mismo espacio se hizo un análisis de las razones por las que algunos de los diputados locales se opusieron a llevar a juicio político a Jorge Winckler Ortiz. *** Hubo dinero, mucho dinero, para “sensibilizar” a los diputados, pero no fue el único mecanismo. Así lo expliqué en aquella ocasión: “Pero los cerca de 50 millones de pesos invertidos para frenar la aprobación de los juicios políticos contra Winckler, no fueron –en realidad- el factor decisivo. No, la moneda de cambio que mejor funcionó fue la de la impunidad”. *** Y en ese rubro mencioné tres casos: Juan Carlos Molina, Gonzalo Guízar y Érika Ayala. De esta última mencioné: “Las irregularidades detectadas en los Colegios de Bachilleres, en los que estaría involucrada la organización sindical que encabeza la diputada priista Érika Ayala”. *** Eso fue hace tres meses. Ahora es el propio secretario de Educación, Zenyasen Escobar, quien denuncia un robo sistemático en el presupuesto de los Colegios de Bachilleres, con la complicidad de su sindicato. *** “Se estaban robando cien millones de pesos anuales (…) Todos estaban comisionados al Suitcobaev, es decir, que ahí era su sitio de adscripción. El centro de adscripción de las personas que estaban cobrando sin trabajar –tenemos nombres y apellidos- era Suitcobaev”, afirmó el funcionario estatal. *** Allá por el mes de febrero, cuando intenté hablar con Érika Ayala, me respondió: “Ya tienes tu versión, ¿no, amigo?”. *** Hoy lo que ella asegura es que ninguno de los agremiados a la organización sindical que ella encabeza aparecerá en esa lista: “Se puede revisar, que pidan sus talones de pago; ninguno tiene descuento sindical. Si de manera interna los estuvieron metiendo en algún rubro, lo desconozco, la nómina no la elaboramos nosotros”. *** Ahí están las dos versiones.
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¿Se horrorizó usted –como muchos otros- con la noticia del asesinato de 13 personas (entre ellas un niño) que convivían en una fiesta familiar, en Minatitlán?
¿Fue de los que se preguntó qué estaban haciendo nuestras autoridades para proteger la vida de esas personas inocentes?
¿Cuál habría sido su reacción si en lugar de 13 muertes, se hablara de un centenar de fallecidos?
Algo así estuvo a punto de suceder.
El pasado 30 de abril más de cien niños de los municipios de Tehuipango y Zongolica tuvieron que ser trasladados de urgencia a hospitales de la zona Córdoba-Orizaba y se pidió mediante redes sociales la colaboración de médicos para atender un caso de intoxicación masiva, por la ingesta de pasteles en mal estado.
Fueron ejemplares tanto la participación de los pobladores de esos municipios, como la pronta actuación de los Servicios de Salud.
No es, sin embargo, el primer caso que se registra en la sierra de Zongolica.
El 6 de febrero del 2018, la Presidenta del DIF Municipal de Zongolica, Alma Rosa Landa Rincón, anunció la suspensión de la entrega de apoyos conocidos como “desayunos fríos” para 201 planteles educativos, debido a que la leche que fue repartida a varios padres de familia “estaba agria”, con mal olor y sabor, así como con grumos al momento de hervirla.
El DIF estatal, responsable de la dotación de esos alimentos (instancia que en aquel entonces era dirigida por la doctora María Laura García Beltrán, esposa, por cierto, de quien en ese entonces era el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa) reconoció la falla y respaldó la decisión de la autoridad municipal.
Desde diciembre del 2018, cuando entró en funciones el gobierno de Cuitláhuac García, el DIF estatal (ahora a cargo de Verónica Aguilera Tapia, con reconocida trayectoria en el Partido Acción Nacional, esencialmente en la zona Veracruz-Boca del Río) no ha cumplido con el Programa de Desayunos Fríos, a pesar de que el gobierno federal le ha hecho llegar el recurso destinado a ese fin.
La razón del rezago en el cumplimiento de esta tarea, es que no habían lanzado la convocatoria nacional para la “adquisición, distribución y suministro de insumos para el programa alimentario Desayunos Escolares Fríos”, que fue emitida apenas en el mes de abril.
Quienes saben de este tema señalaron que el retraso se debió a que pretendían modificar los términos de la convocatoria con el fin de favorecer a un proveedor (Prometeo Proyectos Ejecutivos S.A de C.V.) que –casualmente- era el mismo de aquel mes de febrero de 2018, cuando les llegaron a los padres de familia cajitas de “leche agria” y tiene entre sus clientes al ayuntamiento de Veracruz, que preside Fernando Yunes Márquez.
La convocatoria plantea que, además de presentar certificados que acrediten la higiene en el manejo de los alimentos, las empresas participantes deben presentar muestras físicas de cada programa alimentario “a efecto de que la convocante pueda cerciorarse de que los insumos cumplen con lo indicado”.
La convocatoria no explica cómo es que habrán de “cerciorarse” de que se cumpla con la calidad de cada uno de los productos, lo que hace sospechar que se pretende establecer un “candado” que le permita al área administrativa del DIF Veracruz descalificar sin mayores explicaciones a las empresas que no sean aquellas con las que tienen acuerdos.
Por la opacidad en sus procedimientos, el DIF de Veracruz ha sido identificado como “el refugio” de los intereses de Miguel Ángel Yunes Linares. Desde ahí, y a partir de estos procedimientos amañados, se estaría financiando la campaña en contra de Cuitláhuac García y toda la estructura de Morena.
Esto es literal: Cuitláhuac García tiene al enemigo en casa.
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Epílogo.
La embestida de la Guardia Nacional contra los grupos delictivos que operan en Minatitlán ya está arrojando resultados. Este domingo fue detenido Ernesto Alvarado Chavez, alias “El Mingo”, hermano de Tomás Alvarado Chávez, alias “El Lagarto”, quien es señalado como jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación en Minatitlán y uno de los involucrados en la masacre ocurrida el pasado 19 de abril, cuando 13 personas fueron asesinadas en un fiesta. *** A “El Mingo” se le ubica como “responsable de la operación logística del cártel y encargado distribuir la droga entre narcomenudistas en el sureste de Veracruz. *** La Policía Estatal realizó un operativo sobre un área donde –según la información que habían recabado- localizarían a “El Lagarto”. En el sitio encontraron una camioneta, a cuyo conductor (“El Mingo”) le confiscaron un arma corta, otra larga, cargadores, municiones y droga. *** Apenas el sábado fue capturado Adrián Fernández, alias “El Pelón”, presunto autor material de la masacre. *** Ambos (El Pelón y El Mingo) fueron puestos a disposición de la FGR. Por supuesto, no fuera a ser que se les escaparan a Winckler.