En últimas fechas el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como organizaciones de la sociedad civil como “Impunidad Cero” y “Jurimetría” (estadas dos últimas conformadas con especialistas en el derecho penal del mayor prestigio nacional),  han dejado claro que la Fiscalía del Estado de Veracruz es una de las más ineficientes, ineficaces y menos productivas del país.

El gran problema de esta circunstancia es que produce impunidad, por lo que se puede inferir que Veracruz es uno de los estados donde hay mayor impunidad. La impunidad es causa de mayor comisión de delitos, mayores índices de criminalidad e inseguridad pública.

En otra columna ya hemos dicho y demostrado que los índices delictivos tienen, entre otros, una relación directa con la efectividad y eficacia de las fiscalías y de las policías ministeriales para investigar y procurar justicia.

En días pasados el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, nuevamente quiere engañar a los veracruzanos, confunde y miente a la sociedad entera. En su conferencia de prensa del lunes pasado afirmó que ha resuelto 96.4% de las carpetas de investigación del año 2017 y 64.4% de las carpetas de investigación del 2018.

Esta información no es precisa y oculta la verdad.

Cuando el Fiscal dice que resolvió… ¿a qué se refiere? … ¿Cuántas vinculaciones a proceso? ¿Cuántas sentencias condenatorias? ¿Cuántas reparaciones del daño? ¿Cuántas salidas alternativas al proceso? ¿Y cuántas se fueron a reserva?

El Fiscal no aclara si, cuando dice que son carpetas resueltas, quiere decir condenas logradas, y al insinuar lo anterior sólo pretende confundir mediáticamente a los medios y a los ciudadanos. Por ello, es necesario que desglose, en las cifras y porcentajes que maneja, los criterios de oportunidad, las facultades de abstenerse de investigar (el no inicio de la investigación), los sobreseimientos (totales o parciales), las incompetencias, los acuerdos reparatorios, las formulaciones de la acusación, o el no ejercicio de la acción penal.

Y decimos que el Fiscal engaña a los veracruzanos porque los datos y estadísticas de otras instancias lo desmienten categóricamente, como son la información que se desprende del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de la EVIPE (La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) del INEGI, que se manejan a continuación.

En 2017, solamente 9.7% de los delitos se denunciaron, la mayoría por desconfianza con las instituciones de procuración de justicia. La ENVIPE 2017, señaló que sólo en dos de cada tres casos de ese 9.7% se inicia una investigación. Lográndose esclarecer el delito solamente en 14.1% de las investigaciones (Censo INEGI).

Ello ha provocado que en Veracruz la cifra negra (los delitos que no se denuncian) haya subido a 93.6%.

En 2017, la probabilidad de que en México se cometa un delito y éste llegue a esclarecerse fue de 0.89% y en Veracruz fue de 0.23% (tasa de denuncia multiplicada por tasa de resolución de investigaciones).

Para 2018, la efectividad de la acusación en Veracruz era de 7.2% cuando en estados como Guanajuato o Nuevo León fue de 51% y 40% respectivamente.

En Veracruz sólo se denunció e inició investigación en 6.4% y sólo se resolvió efectivamente 18%. La FGE no ejerció la acción penal en más del 60% de los casos.

Todo ello lleva a que en Veracruz en 2018 la probabilidad de esclarecimiento de un delito fuera de 0.55%, mientras que en México en promedio fue de 1.14%.

En cuanto a homicidios dolosos (intencionales) la impunidad es de 85%, lo que significa que solamente 15% de estos homicidios llegan a resolverse.

De acuerdo a la ENVIPE 2018, solamente 6.8% de los mayores de 18 años manifestaron tener “mucha” confianza en la Fiscalía.

De acuerdo a la organización “Impunidad Cero”, con una investigación de Jurimetría conducida por el experto Guillermo Zepeda Lecuona, con la que se creó el Índice de Impunidad en México 2018, la FGE de Veracruz quedó en el número 28 en comparación con todas las 32 Procuraduría del país, y si se compara con 2017 cuando se había colocado en el lugar 24, cayó durante el primer año de gestión de Winckler 4 lugares.

El Fiscal quiere tapar la realidad, la inacción e ineficacia de los fiscales, usa un lenguaje para crear otra realidad. La única verdad es que la impunidad sigue alimentando la criminalidad, la delincuencia y la inseguridad.

Sin embargo, el INEGI ha señalado recientemente en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que abarca el primer trimestre del año (enero-marzo 2019), que la ciudad de Veracruz bajó de 78.7 a 75.8 y Coatzacoalcos de 93.4 a 92.6 de percepción social de inseguridad pública. Habrá que analizar y verificar en el futuro próximo si esa percepción ya se debe a la estrategia nacional y estatal de construcción de paz y seguridad.

Con todo lo anterior, también me surge otra gran duda ¿qué hace el Consejo Estatal de Seguridad Pública? ¿Dónde vemos sus cifras y sus análisis? El Sistema Estatal de Seguridad Pública es la instancia encargada, entre otras cosas, de llevar la información estadística de la incidencia delictiva en Veracruz, y la Secretaría Ejecutiva de este Consejo brilla por su ausencia.

Ahora con la nueva estrategia nacional para la Construcción de la Paz y de la Seguridad, seguramente se revisará y reformará la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por consecuencia, la Ley Estatal homóloga. Incluso en cierta forma las mesas que se están desarrollando cada mañana en las 266 coordinaciones regionales para la construcción de la paz, las 32 estatales y la Mesa Nacional, anuncian ya el nuevo esquema de coordinación.

Con ello, los ciudadanos no tendremos que esperar dos o tres meses para que el SNSP o el INEGI publiquen las cifras, en teoría éstas se estarán dando a conocer prácticamente, por lo menos preliminarmente, cada día, y consolidadas semanal y mensualmente.

Así, habrá que preguntarse si el esquema actual de contar con un Secretariado Ejecutivo Nacional y Estatal, y un Consejo Nacional y Estatal de Seguridad Pública serán las instancias que seguirán operando la política pública en seguridad, o bien se yuxtapondrán al esquema que se propone en el nuevo gobierno y que en la práctica ya está operando. O bien desaparecerán y serán sustituidos por un nuevo esquema que se está configurando ya con el anuncio de la estrategia nacional, de la Guardia Nacional, y de las coordinaciones estatales y regionales.

Mientras esperamos que este nuevo esquema de seguridad pública se defina y quede plasmado en nuevas legislaciones, es evidente que el tema de las fiscalías y de la impunidad sigue siendo un problema central. Si seguimos teniendo investigaciones, fiscales, y Fiscalías autónomas, como la de Veracruz, que tienen un nivel de eficacia por los suelos, será muy difícil combatir la comisión de delitos.

Y no puede ser un pretexto el sistema y derecho garantista del nuevo proceso penal acusatorio y adversarial. Las policías, aquí sí todas, y las fiscalías, tienen que mejorar sus investigaciones, su trabajo y profesionalismos, su actuación durante todas las etapas del proceso penal, en las audiencias y el juicio oral, incluyendo la solicitud de la reparación del daño.

 

El Ejecutivo Estatal por su lado, debe potencial la figura del asesor jurídico, prepararla, profesionalizarla y especializarla. El Gobernador Cuitláhuac García ya dio el primer paso en ese sentido. Se dotó de mayor presupuesto a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y se contrataron 24 nuevos asesores jurídicos, cuando sólo tenía tres.

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