Prefacio.

Poco a poco, como un frágil castillo de naipes, se empieza a derrumbar el proceso penal en contra del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. *** Este jueves un tribunal federal le asestó un severo golpe a la Fiscalía General de la República (FGR) al declarar ilegal toda la información financiera que recabó para acusar penalmente a Javier Nava Soria, contador señalado de ser uno de los operadores financieros de Javier Duarte. *** Enrique Escobar Ángeles, magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal, determinó que los informes bancarios -parte medular de la acusación- no podrán ser usados en el juicio contra Nava por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. *** El 9 de noviembre de 2018, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia invalidó 10 estados de cuenta, el testimonio de 10 funcionarios bancarios y un dictamen de contabilidad de la FGR, bajo el argumento de que fueron obtenidos sin la autorización de un juez. *** La decisión tiene como base una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia derivada de un fallo del 22 de noviembre de 2017. ***
El fallo de Fuerte Tapia fue impugnado y el magistrado Escobar decidió confirmarlo porque estimó que son inoperantes los 16 argumentos o agravios que presentó la FGR. *** Israel Trujillo, abogado de Nava Soria, señaló en entrevista que a raíz de este fallo está valorando seriamente desistirse de un amparo contra la vinculación a proceso e irse a juicio, dada la ventaja que implica ser acusado sin pruebas bancarias. *** El abogado consideró “probable” que este fallo favorezca en un futuro al propio Javier Duarte, debido a que ya quedó asentado un criterio en dos instancias en relación al control judicial que requiere la información financiera. *** Javier Duarte está a la espera de que se resuelva un amparo con el que busca que sea admitida su apelación contra la condena de 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.

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Finalmente una voz mesurada, honesta, transparente, para el tema de la crisis de violencia e impunidad que vive el país.
Este jueves, al comparecer ante el Pleno del Senado de la República como parte del proceso para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que México padece una inseguridad “crónica e histórica que trasciende responsabilidades transexenales” y se comprometió a lograr “niveles razonables de paz y tranquilidad” en los primeros tres años de la actual administración y “entregar en 2024 un país estable y en paz”.
No seis meses, no dos años, ni 100 días.
Para abatir la inseguridad no hay fórmulas mágicas. Quien prometa, o haya prometido durante su campaña electoral, resolver ese problema de la noche a la mañana “porque tiene la experiencia y la capacidad”, les mintió a los ciudadanos, les vendió espejismos.
Ante los Senadores del país, Alfonso Durazo dijo que todas las fallas estructurales del sistema político se expresan en la impunidad y son las consecuencias “de un modelo económico sectario”.
Y lo dejó muy claro:
“Esto no se descompuso de la noche a la mañana, ni se va a componer de la noche a la mañana; sería irresponsable plantearlo en esos términos, sin embargo nos esmeramos diariamente (…) por dejar atrás cuanto antes los días más oscuros de la inseguridad”.
La noche del miércoles, en un camino que conduce a la comunidad Atlanca, municipio de Los Reyes, en la sierra de Zongolica, fue embiscada y asesinada la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo. En el ataque fallecieron, además, su esposo Efrén y su chofer Sabino. Peritos de la Fiscalía General del estado localizaron 31 casquillos de balas de diferentes calibres, los cuales fueron percutidos al menos por tres armas distintas.
La tarde de este jueves, en las instalaciones de la Inspección de la Policía Municipal de Orizaba el gobernador Cuitláhuac García encabezó una reunión con mandos policiales y los presidentes municipales de Los Reyes, Maltrata, Acultzingo, Aquila, Astacinga, Cuichapa, Huiloapan, Magdalena, Ciudad Mendoza, Naranjal, Omealca, Soledad Atzompa, Yanga, Tequila, Tezonapa, Tlilapan y Zongolica.
Antes, en el sur del estado, Cuitláhuac García Jiménez reconoció que no se puede resolver de la noche a la mañana la inseguridad que aqueja al estado.
“Sucede un hecho lamentable, donde hay pérdida de vidas humanos luego, luego (surge) la crítica. Yo les digo: ¿cómo lo vamos a resolver de la noche a la mañana? No se puede”.
La versión de que el Presidente López Obrador ofreció devolver la paz a los veracruzanos en seis meses es inexacta. Él afirmó que una vez puestos en marcha los programas sociales que está preparando para el país (calcula que estarán en funciones en seis meses) se empezará a percibir un descenso en los índices de seguridad, lo que por supuesto se ve complicado, pero es una meta más apegada a la realidad.
Alfonso Durazo explicó que una parte fundamental de la nueva Estrategia de Seguridad, es erradicar la corrupción y establecer un auténtico Estado de Derecho: “nadie se llamará a engaño en cuerpos de seguridad, pintamos una línea clara entre la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad, acabaremos con la delincuencia uniformada”.
Ese es, sin duda, un buen principio.

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Epílogo.

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó dos nuevas denuncias en contra de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, por un presunto daño patrimonial que en principio asciende a 15 millones de pesos. Una de las denuncias señala el pago de montos superiores a los contratados en la Secretaría de Salud y en la otra, el pago de un servicio no prestado en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Las inconsistencias fueron detectadas en el Informe de la Cuenta Pública 2017. *** En el caso de la Secretaría de Salud la denuncia se dio por rebasar el porcentaje permitido en el monto de contratación de la supervisión de obra del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, por 940 mil 263 pesos; además se rebasó el porcentaje permitido en el monto de la contratación de la supervisión de obra del hospital “Luis F. Nachón” por un millón 4 mil 60 pesos, y lo mismo sucedió en la supervisión de obra para la rehabilitación integral del hospital regional de Veracruz y terminación del Niño Veracruzano por 8 millones 378 mil 555 pesos. *** En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social no se proporcionó evidencia suficiente y competente para acreditar la prestación de servicios objeto del contrato número SEDESOL-ADJ-010-2017, relativo al Mantenimiento y Conservación de los Bienes Informáticos de los Programas Sociales del Estado de Veracruz (centro de datos, plataformas, seguridad, servidores, actualizaciones de software, respaldo y mesas de ayuda), por un monto de 4 millones 771 mil 574 pesos. *** No olvidemos que Yunes Linares llegó al gobierno porque prometió dos cosas a los veracruzanos: Seguridad y cero corrupción.

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