La intención de remover al Fiscal Jorge Winckler a través de un juicio político, suponiendo que la mayoría legislativa lo haría más fácil, fue un mayúsculo error de cálculo que lastimó hasta a la Presidencia de la República.

El lunes pasado, el Presidente López Obrador dijo que ya se investiga la actuación del Fiscal veracruzano, a quien acusó de servir a los intereses del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, aunque una vez más, evitó llamarlo por su nombre. Sin embargo, en el discurso de la cuarta transformación, todo queda en suposiciones, en sospechas, en lugares comunes, en alegatos mediáticos que nada resuelven.

A pesar de la advertencia del presidente, no hay una acusación directa en contra del Fiscal. El propio Gobernador Cuitláhuac García ha dicho que hay sospechas fundadas de su actuación y que no hay confianza en el trabajo de la FGE, pero no hay un expediente lo suficientemente sólido para garantizar no sólo la remoción del Fiscal sino también su enjuiciamiento. Goza de cabal salud.

Y no es que el fiscal sea un alma de Dios –como sí lo es el mandatario estatal a los ojos del Presidente-, sino que no hay la capacidad para demostrar que la ineficacia del Fiscal ha sido disfrazada con una serie de actuaciones que faltan a la verdad y que alteran pruebas en las investigaciones.

En Veracruz no se procura justicia sino que se utiliza a la institución como un polvorín político en contra de la actual administración. Hay dos episodios que en cualquier sistema de justicia serían suficientes para que el funcionario fuera procesado.

El jueves 6 de septiembre de 2018, el Fiscal Winckler aseguró que las autoridades hallaron una fosa clandestina con al menos 166 personas, en la zona centro del estado. En la fabricación de una historia de la que no aportó prueba alguna, dijo que un mes antes, la FGE logró identificar, ubicar y obtener el testimonio de una persona que señaló un punto en el estado en donde habrían sido inhumados de manera clandestina cientos de personas.

Y concluyó diciendo que realizaron los trabajos de investigación en la zona y 30 días después de labores localizaron los restos humanos con hasta dos años de antigüedad. Es decir, las personas fueron asesinadas y desaparecidas justo antes del inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes. Todo es culpa de Javier Duarte, sugirió una vez más.

Pero un día después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció la farsa y el montaje. En un comunicado de prensa, confirmó que mediante muestreo hemerográfico, se logró el hallazgo de cuando menos 163 fosas clandestinas en el país entre 2017 y 2018, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos.

En el caso de Veracruz, hizo referencia a una nueva fosa clandestina –la misma a la que se refirió la Fiscalía del Estado un día antes- de la que se exhumaron los restos de 166 personas “que fueron privadas de la vida en los últimos dos años”. Las evidencias con que cuenta la CNDH muestran que los restos humanos localizados en la comunidad de Arbolillo pertenecían a personas asesinadas durante el gobierno de Yunes.

El segundo episodio se registró apenas la semana pasada, en la víspera de la visita del Presidente. Sin precisar su ubicación, Winckler se ufanó del descubrimiento de una nueva narcofosa en el que habría al menos 36 puntos positivos con restos de personas, por lo que personal de la Fiscalía y las fuerzas federales se encontraban resguardando el lugar.

El fiscal aseguró que los trabajos podrían tomar meses o hasta años, dada la dificultad para acceder a este sitio, el cual calificó como complejo y peligroso, incluso dio a conocer que se requiere de equipo especial para internarse en él. Todo fue una gran mentira, un nuevo montaje.

Resulta que el lugar se trata del ejido El Porvenir del municipio de Úrsulo Galván, muy cerca de la zona de dunas de Chachalacas; al lugar que el funcionario calificó de peligroso y difícil acceso fue identificado casi de inmediato por periodistas de diversos medios que asistieron a documentar el hallazgo “de gran magnitud”, anunciado por Winckler.

Pero vaya sorpresa. El sitio no es resguardado por elementos de seguridad, ni de la Fiscalía; se puede acceder hasta las zonas marcadas por elementos periciales. En uno de los puntos que fue delimitado, hay rasgos que indican que en ese lugar se registró previamente una excavación para dar con restos humanos bajo tierra, sin embargo, hoy se encuentra abandonado.

¿Cuántos montajes hacen falta para remover al fiscal Jorge Winckler?

Las del estribo…

  1. La violencia sigue escalando. Anoche se confirmó el homicidio de la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Olea, y de su esposo. Fueron ejecutados en la carretera federal Zongolica-Orizaba. Mientras, el Presidente visitará Minatitlán este viernes, pero no tiene previsto ningún evento que tenga que ver con las víctimas o con la inseguridad de la región. Sólo viene a cosas del petróleo y el tren maya.
  2. El lunes inicia la construcción del caprichoso aeropuerto de Santa Lucía. Además de evadir el cerro de Paula, reacomodar las pistas e ignorar los cientos de vestigios arqueológicos del lugar, el gobierno tendrá que destinar miles de millones de pesos para dar forma a un proyecto que ha sido rechazado por las principales aerolíneas internacionales. La terquedad del Presidente empieza a costarle mucho dinero al país.
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