“Son como de la familia”, pero hasta hoy, el 95% de ellas no tiene acceso a servicios de salud por parte de su patrón y casi 80% carece de prestaciones laborales; seis de cada diez no disfrutan de vacaciones y casi la mitad no tiene un horario fijo; el 5% no recibe aguinaldo, y en su mayoría, son víctimas de un trato desigual para acceder a sus derechos ya que viven situaciones que las hacen vulnerables a abusos laborales. Son las trabajadoras domésticas, las chachas, las mujeres víctimas de la discriminación y la pobreza.

La chacha es, en la Morralla del caló mexicano (Jesús Flores y Escalante, 2004), un apócope de muchacha, muy utilizado entre las señoras que se sienten “fifís” para calificar a la servidumbre femenina. Esta es una forma objetiva de abierta discriminación social y racial.

Ayer martes, el Senado aprobó un dictamen por el cual se otorgará seguridad social a las personas trabajadoras del hogar. Aunque no lograrán liberarse del yugo de un mote peyorativo y clasista, lo cierto es que muchas mujeres –y algunos hombres- dejarán de ser invisibles a los ojos de la ley y de sus patrones. No sólo se les garantiza el derecho a la seguridad social sino a una dignidad que les fue robada hace siglos.

En prácticamente todo el país, el trabajo doméstico es casi clandestino; no se cuenta con información estadística confiable, ya que no se ha podido contabilizar el número de personas que lo realizan, el tiempo dedicado o la riqueza que generan. Muchas comunidades rurales se sostienen del ingreso de las mujeres jóvenes que emigran a la ciudad a realizar trabajo doméstico.

En una relación laboral inequitativa, se conjugan la ignorancia de las trabajadoras del hogar y la omisión intencionada de sus patrones. Las cifras son dramáticas: sólo el 6.7 por ciento cuenta con contrato laboral y las prestaciones son casi inexistentes. Nada más el 6.8 por ciento recibe aguinaldo y el 6.7 está inscrita al Seguro Social, para no hablar de seguro de vida (1.0), o prima vacacional (1.1).

Además, casi el 60 por ciento trabaja entre 5 y 6 días y un 6.5 lo hace los siete días de la semana. El 47.4 por ciento contestó que su horario de trabajo es de «todo el día», el 44.7 dijo que no tiene horario fijo y el 33.9 «no puede tomar alimentos del refrigerador o la alacena para consumo personal».

Ahora, con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social en materia de empleadas domésticas establecen que deberán contar con contrato, horario, IMSS, aguinaldo, vacaciones y eventualmente de una pensión. Además, su salario no podrá ser menor a dos salarios mínimos vigentes, no podrán fijárseles jornadas laborales que excedan las seis horas diarias de trabajo y 36 horas semanales, y no se podrá contratar a adolescentes menores de 15 años. Hasta ahora, estas restricciones forman parte de la cotidianeidad.

En México se calcula que existen 2.1 millones de trabajadores domésticos, de los cuales 1.9 son mujeres -el 92 por ciento-, por lo que este empleo es una fuente laboral principalmente para mujeres. Además, las trabajadoras del hogar arrastran un paradigma de la discriminación: son mujeres, pobres e indígenas. Son también una expresión de estatus en una clase media emergente.

A reserva de que la Cámara de Diputados la apruebe antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones –el próximo 30 de abril-, la vida podría dar un vuelco para millones de personas que realizan trabajo doméstico, principalmente la limpieza del hogar.

A partir de ahora, se prohíbe la contratación de personas menores de 15 años; en caso de que se contrate a adolescentes mayores de 15 años, sus jornadas no deberán exceder de seis horas diarias y 36 horas semanales. Además, el suministro de alimentos y de alojamiento cuando proceda, será considerado como una prestación y no como parte del salario, como ha sido la costumbre.

Hay más. Se debe realizar una contratación por escrito que incluya, como mínimo, dirección del lugar de trabajo habitual, fecha de inicio, duración y término de jornada, tipo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horas de trabajo, pago de vacaciones, periodos de descanso diario y semanal según sea el caso.

Las jornadas de trabajo no podrán exceder las ocho horas diarias y, cuando excedan, deberán considerase como horas extra, en el caso de personas trabajadoras que residan en el domicilio donde laboran. A la fecha, las personas que viven en los hogares donde trabajan, realizan actividades prácticamente las 24 horas del día.

Ya no serán más de la familia, serán trabajadoras de pleno derecho. Por desgracia, la discriminación se mantendrá intacta.

Las del estribo…

  1. Nadie debe dudar de las acusaciones hechas ‘one more time’ por el secretario de gobierno, Eric Cisneros, en contra del fiscal Jorge Winckler. Sin embargo, lo vergonzoso de sus declaraciones es ventilar, a nivel nacional, cómo un pleito de cantina arrebata la justicia a miles de veracruzanos víctimas de la violencia, y que todo un gobierno no puede remover a un fiscal. Ayer el país entero se enteró que en Minatitlán, vale más la grilla que la justicia.
  2. Las amenazas que “sacan de onda” a Lorenzo Antonio Portilla, titular del ORFIS, no pueden venir más de quienes son investigados, en este caso, los ex funcionarios yunistas involucrados en casos de corrupción. Curiosamente, son los mismos a los que entregó toda la información del desfalco duartista con la que la administración anterior inició la cacería. La victimización y la misma oferta al gobierno de Cuitláhuac son sus cartas para la reelección.