Además de las denuncias que presentó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) podría actuar legalmente por las irregularidades detectadas en el contrato para la instalación de más de 6 mil cámaras de videovigilancia en la entidad.
El auditor general del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis), Antonio Portilla Vásquez, confirmó que la revisión del contrato ha generado amenazas en su contra, por lo que consideró que podría existir alguna irregularidad en la contratación del sistema de videovigilancia, que se presentó como el programa estelar de la administración Yunista.
En entrevista, comentó que será en el mes de mayo cuando concluyan la revisión del contrato que entregó la administración de Miguel Ángel Yunes Linares a la empresa Comelsat SA de CV, luego de que el Congreso local pidió una revisión especial.
En este momento se tiene un 80 por ciento de avance en la revisión de la instalación de más de 6 mil 400 cámaras y los seis subcentros donde llegan las imágenes.
Explicó que la revisión que están realizando se basa en documentos que entregó la misma Secretaría de Seguridad Pública, por lo que las recomendaciones que se puedan emitir se basarán en información oficial.
“El Orfis trabaja bajo documentos que elabora el ente fiscalizable, es decir, nosotros estamos trabajando con los documentos que nos presentó la Secretaría (…) son del año 2018. Estamos trabajando con lo que, en un momento dado, el que signó el contrato y quien lo suscribió a qué estaban obligados”.
Dijo que no presentará denuncias por las amenazas en su contra, sin embargo, reconoció que ha sido coaccionado, hecho que atribuye a que alguien hizo algo mal y se siente intimidado por la fiscalización.
Isabel Ortega/Avc