En su momento el Gobernador Yunes Linares prometió 6 mil 500 cámaras a lo largo de Veracruz, destacando por ejemplo Xalapa con 2 mil videocámaras; Veracruz con 1,900; en Córdoba 700; Coatzacoalcos y Poza Rica 1,100 respectivamente. Ahora sabemos que casi todo eso fue una farsa o un fraude millonario, y que sólo funcionan una mínima parte de las cámaras instaladas.

Desde luego esto no es lo único en lo que Yunes nos engañó a todos, pero resulta significativo dada la importancia de esta tecnología en las tendencias mundiales para prevenir el crimen. Y más allá de esto me parece que hay que reflexionar sobre el uso de la videovigilancia en la complejidad social actual tanto en lo que respecta a aspectos que tienen que ver con la invasión de privacidad y de derechos, como con la regulación de estas tecnologías en su uso y fines.

Hoy día nadie niega que las cámaras de vigilancia pueden ayudar a prevenir o disuadir delitos o pueden servir para monitorear situaciones como el funcionamiento de las ciudades como puede ser el tránsito vehicular. Sin embargo, también han jugado un papel de control social cada vez mayor al incluir espacios semipúblicos o utilizar información para otros fines como la exclusión o discriminación social que puede provocar la acción gubernamental en diferentes ámbitos, contextos o espacios públicos, lo cual tiene que ver también con el derechos a la privacidad y el ejercicio de la ciudadanía.

Así, si la videovigilancia se plantea como una herramienta fundamental para los problemas públicos de inseguridad, es de suma importancia legislar y regular el uso de estas tecnologías con el fin de cuidar y no afectar las capacidades ciudadanas o derechos humanos, no solamente frente a temas relativos a la privacidad y la protección de datos personales, sino también a los efectos sociales de la vigilancia.

De acuerdo a una investigación de Nelson Arteaga Botello, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), “Regulación de la videovigilancia en México. Gestión de la ciudadanía y acceso a la ciudad” (2016), solamente cuatro estados de la República cuentan con una Ley, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México y Durango, y solamente una ciudad, Guadalajara, contaba con un Reglamento, en esta materia.

Por lo anterior se hace cada vez más necesario contar con un marco normativo, leyes y reglamentos, desde el nivel federal hasta los estados y municipios, que además de proteger la privacidad, pueda establecer una serie de criterios, parámetros, medidas de protección, reglas, lineamientos y procedimientos que permitan tener certeza jurídica en el uso de esta importante tecnología en acelerado crecimiento.

Por ejemplo, las grabaciones y archivos de las videocámaras son elementos de prueba en un proceso administrativo o penal, e incluso deberían ser consideradas dentro de los parámetros que rigen la cadena de custodia en una investigación para garantizarlas como evidencias o pruebas en las audiencias o juicios. ¿Cómo se obtuvo la información, qué funcionarios tuvieron acceso a ella y con qué objetivos? Esto permite establecer candados sobre la inviolabilidad e inalterabilidad de las grabaciones, garantizando su conservación y cuidado.

Otro aspecto importante es el tema del manejo de los criterios de evaluación que tiene que ver con el uso de las cámaras en las políticas de prevención del delito y de seguridad pública. De ahí se deriva también la cuestión de los criterios y decisiones sobre dónde se colocan las cámaras, ello debe partir de un diagnóstico basado en índices de criminalidad o de política criminal.

Igualmente está el tema de los criterios de operación y, a partir de ellos, la transparencia con la que se debe o no manejar la ubicación de las cámaras, su operación y la información que generan. Igualmente las reglas y lineamientos sobre su almacenaje, el tipo de uso que se le da o la forma de transmisión de estos datos.

Esto último es de la mayor importancia para el diseño de política públicas a partir de la recolección de la información, porque también tiene que ver con los candados, medidas y permisos de acceso, personal autorizado, y prohibiciones específicas en el análisis e interpretación de la misma, para evitar criterios políticos, represivos, de discriminación o de trato diferencial hacia grupos sociales específicos.

La reglamentación en esta materia no es fácil ya que por un lado, como elemento de prueba, no puede borrarse o alterarse a través de la cadena de custodia, versus el derecho a la protección de datos personales cuando hay un deber de borrar o de hacer ilegibles ciertos rostros o imágenes.

En la legislación y reglamentación existente en las entidades mencionadas, en su mayoría existen comités o comisiones como entidades responsables de la gestión de la información.

En Veracruz tenemos que analizar todo esto y hacer pronto una legislación acorde y de vanguardia porque finalmente el tema de la videovigilancia impacta en la construcción de ciudadanía, de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Esta legislación deberá buscar garantizar el orden y la convivencia en las ciudades en un marco de garantía a las libertades, derechos, privacidad y dignidad de las personas.

Países como Reino Unido y Chino, que son las sociedades más vigiladas en el mundo, tienen avances tecnológicos en sus sistemas de videocámaras impresionantes. En ellas las cámaras y sus sistemas de bases y procesamiento de datos, junto con tecnología de reconocimiento de rostros, cuentan con la posibilidad de reconocer a una persona en cualquier lugar público en segundos, digamos a la manera que lo hace el Facebook cuando te pide etiquetar a amigos porque lo reconoció por su cara. Si esa información se cruza con otras base de datos y registros (desaparecidos, criminales, seguro social, enfermedades, adn, crédito, y un gran etc.) el potencial es enorme en cuanto a toda la información posible que se puede generar.

Por otro lado, y digamos  que de manera más benévola o positiva, hay una infinidad de aplicaciones o de posibilidades con las videocámaras, como el simple hecho de poder conocer lugares o viajar virtualmente en directo y en vivo como en este sitio donde uno puede ver en vivo cientos de lugares en nuestro planeta: https://www.skylinewebcams.com/es/webcam.html

Como ciudadanos debemos pedir y exigir una regulación moderna de estas tecnologías, una regulación que garantice derechos, libertades, privacidad y dignidad humanas, al mismo tiempo de que estas tecnologías también nos protejan y nos permitan tener mayores posibilidades de libertad, seguridad e incluso de conocimiento como esta página que les acabo de mostrar.

Desafortunadamente Veracruz ha tenido malos gobiernos y gobernadores que dejaron al estado sin recursos naturales, materiales y presupuestales, que engañaron y cometieron crímenes de diferente naturaleza. Nuestra desventaja comparativa frente a otras sociedades es inmensa, lo que no nos permite invertir lo que se necesitaría en tecnologías que pudieran ser, de manera regulada, de mucho beneficio para la sociedad, porque antes tenemos que atender el rezago social que se heredó, e incluso, como en este caso, las canalladas y desorden, que personas como Yunes dejaron en su ambicioso paso.