Prefacio.
Si el aún fiscal Jorge Winckler tiene elementos suficientes para proceder en contra de elementos de la Fuerza Civil del Estado -a los que ha señalado públicamente de incurrir en el delito de desaparición forzada- que vaya por ellos. Que no espere a que se los lleven, que no ponga como pretexto que “el secretario de Seguridad Pública no mes los ha puesto a disposición”. *** Así de sencillo explicó el gobernador Cuitláhuac García el caso de los uniformados que han sido señalados de prácticas ilícitas. *** “Que le den trámite, que den trámite a las denuncias. No se requiere, cuando existe una denuncia, poner a disposición a nadie, el Ministerio Público puede ir a la detención del policía”, argumentó el mandatario estatal. *** Cuitláhuac García explicó que se ha actuado en cada caso en el que se detecta que los policías actúan fuera de la Ley. “Hubo policías cesados; recuerden que hubo eventos en los que se demostró que la policía estaba (actuando) de manera equivocada y se actuó”. *** Jorge Winckler de inmediato se subió al ring y respondió a lo dicho por el gobernador: “Dijo que ya separó de su cargo o suspendió a los policías que participaron en este operativo, a mi eso no se me ha informado; esto complica más la investigación, porque si los suspende y les permite que se vayan, ¿dónde los podrá ubicar la Fiscalía del Estado?”. *** Lo quiere todo “peladito y en la boca”. Así cualquiera es Fiscal.
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Y cuando parecía que que se empezaban a caer los temas relacionados con presuntos casos de corrupción de la administración de Javier Duarte, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revivieron carpetas de investigación contra altos funcionarios de esa administración, por el delito de peculado.
Tomás Ruiz y Fernando Charleston, quienes fungieron como secretarios de Finanzas y Administración; Gabriel Deantes y Carlos Hernández, que fueron subsecretarios en esa misma dependencia.
Tres ellos aparecen involucrados en la carpeta de investigación FED/SEIDF/
La ASF denunció el posible desvío de 891 millones de pesos del llamado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), detectado a partir de la revisión de la cuenta pública 2014. Se trata de un fondo contemplado para servicios relacionados con la educación básica.
Jueces federales ya dictaron autos de vinulación a proceso para los exfuncionarios veracruzanos. A Fernando Charleston se lo decretaron el 22 de enero; a Carlos Hernández, el 5 de marzo y Gabriel Deantes el 11 de marzo. Todos ellos ante jueces federales.
Tomás Ruiz fue vinculado a proceso el pasado 12 de marzo, pero a partir de la carpeta de investigación FED/SEIDF/
Este caso se refiere el presunto desvío de 261 millones de pesos del llamado Fondo Regional (Fonregion) en el ejercicio 2012.
El Fonregion es un fondo federal que se entrega a algunos estados con el objetivo de financiar programas y acciones que faciliten el acceso a servicios básicos de salud y educación en zonas vulnerables.
El recurso de dicho fondo es transferido a la Secretaría de Finanzas de la entidad y por ello en la investigación se identificó como responsables de su mal manejo al entonces titular de esa dependencia, Tomas Ruiz González.
A pesar de que todos estos exservidores públicos ya fueron vinculados a proceso, los juzgadores federales decidieron que podrían seguir los procesos en libertad, toda vez que no se acreditó ninguna de las hipótesis para aplicar prisión oficiosa. Una postura diametralmente opuesta a la asumida por los jueces de Veracruz, que en cada caso contra miembros del duartismo, en forma automática y por consigna, disponían que se les encerrara en la cárcel.
En el caso específico de Gabriel Deantes, este enfrenta además un proceso por enriquecimiento ilícito en el fuero común, y está obligado a acudir a Pacho Viejo una vez al mes para firmar el libro de registros.
¿Qué dirán ahora aquellos que gritaron a los cuatro vientos que había un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Javier Duarte?
El combate a la corrupción se debe dar en todos los frentes, sin importar el color de la bandera política que los envuelva.
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Epílogo.
Pero no sólo fue el caso de estos exfuncionarios. Este lunes se dio a conocer que un juez federal giró orden de aprehensión contra Mónica Ghiham Macías Toubilla, cuñada del exgobernador Javier Duarte. Se le acusa de defraudación fiscal por más de 3 millones de pesos. *** Los reportes señalan que Mónica Ghiham estaría radicando en Londres, con su hermana Karime, por lo que la FGR solicitó a la Interpol girar una ficha roja, la que aún no es liberada. *** Y mientras tanto, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE), lo investiga por los delitos de sedición y motín, tras la denuncia presentada en octubre del 2018 tras la toma del Palacio Legislativo. Asegura que se trata de un tema político, debido a que está presentando denuncias en contra de ex funcionarios del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. “Lamentamos mucho que él (el fiscal Jorge Winckler) esté para servir a una familia, a un apellido, Nosotros estamos para servir a los veracruzanos”, remató. *** Este martes a la una de la tarde, habrá sesión de la diputación permanente en el Congreso local. En los temas de la agenda está convocar a sesión extraordinaria del Pleno, que se daría horas más tarde.
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