La Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a investigar si se dio una ejecución extrajudicial en el municipio de Cempoala, afirmó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto, quien explicó que van a requerir de la indagatoria para determinar si se violaron los derechos humanos de ciudadanos, que se acusó, formaban parte de una célula delictiva.

En entrevista en el Congreso local, a donde acudió a entregar el informe de labores del organismo que preside, recordó que el trabajo que realiza la Fiscalía General, como la propia Secretaría de Seguridad Pública, son acciones por separado.

En ese sentido, recordó que la CEDH inició una investigación de oficio por los hechos que se denunciaron en medios de comunicación, luego de que uno de los sobrevivientes de los hechos ocurridos el 27 de marzo en la comunidad el Dorado de Cempoala.

“A nosotros nos corresponde analizar si efectivamente hubo una vulneración a sus derechos, si se actualizó una ejecución extrajudicial, para tal efecto nosotros ya hemos solicitado los informes pertinente a las autoridades, a la Secretaría de Seguridad Pública y también la colaboración de la FGE, para que con esa información se puede integrar la información y en su caso de acreditarse que ocurrió el hecho, se emitirá la recomendación”, explicó.

Por su parte, la Fiscalía General hará la investigación y determinará quienes son los presuntos responsables de haber cometido la ejecución, si así fue; “y en todo caso a la SSP le corresponde iniciar, entiendo que ya lo hicieron, iniciar una investigación interna, para determinar la responsabilidad de los participantes.

“Eso no exime la intervención o las acciones que esta obligada a realizar la Fiscalía en la investigación del ilícito, si es que se comentó el delito”.

Comentó que, para poder emitir la recomendación, de la investigación que están realizando, se tomará en cuenta toda la información que se ha difundido, incluida, la difusión de notas periodistas de los testigos de los hechos.

Los comentarios que han surgido en redes sociales, en torno a la narrativa de los hechos, no tiene por qué interferir en las investigaciones de los hechos y la determinación de la responsabilidad, si es que la hay, de parte de los elementos estatales.

“Uno de los principios al que están obligados a respetar es el principio de presunción de inocencia” comentó y confirmó que a la fecha se iniciado 20 investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos de policías estatales y municipales.

“La mayoría de los casos tiene que ver con el uso ilegitimo de la fuerza pública, sin haber necesidad se usó la fuerza pública de manera desproporcionada en relación con los hechos en los que están interviniendo”.

Agregó que la estadística del primer trimestre de este año coincide con el 2017, cuando se dio el mayor número de quejas contra policías estatal. Si bien evitó confirmar que el hecho está relacionado con el cambio de gobierno, si reconoció que podría ser un factor que incide o tal vez solo una coincidencia.

Isabel Ortega/Avc