Durante los últimos días de la pasada legislatura veracruzana, los diputados de Morena bloquearon las entradas del Congreso del Estado.
El coordinador de la bancada era el entonces diputado Zenyazen Escobar, actual secretario de Educación de Veracruz.
Ante la sospecha de que la bancada panista preparaba una sesión para aprobar la entrega de bienes a los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, los morenistas cerraron el Palacio Legislativo, en cuyas puertas colocaron cadenas y candados.
Al final, el movimiento de protesta prosperó y logró que la sesión no se llevara a efecto, lo que en su momento fue calificado como un triunfo para Morena.
El 30 de octubre, unos días antes de que los diputados de la presente legislatura rindieran protesta, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, el panista Sergio Hernández, anunció que interpondría una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado.
Sergio Hernández aseguró que quienes bloquearon el Congreso violaron el Código Penal del Estado, cuyo Artículo 309 establece prisión de seis meses a seis años, sanción económica y suspensión de dos años de sus derechos políticos a quien en forma tumultuaria, sin uso de las armas, resista o ataque a la autoridad para impedir el libre ejercicio de funciones.
Pues bien, la denuncia siguió su curso y la semana pasada, cuando el secretario de Educación de Veracruz acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por irregularidades detectadas en esa dependencia –el tema de las plazas asignadas a ex funcionarios–, recibió la notificación de que tendría que acudir a comparecer como denunciado, precisamente sobre el bloqueo a Palacio Legislativo.
La denuncia que fue presentada hace cinco meses por Sergio Hernández hoy es desahogada e integrada por la Fiscalía; de entrada el titular de la SEV ha declarado que se trata de un acto de intimidación en su contra.
Dice Zenyazen Escobar que a pesar de que en los hechos participaron varias personas, la Fiscalía sólo ha emitido un solo citatorio, el suyo. Hay que recordar que en ese movimiento de protesta de Morena participaron todos los legisladores de ese partido, los que estaban en funciones y los electos que entrarían el día 5 de noviembre.
Al ex coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz –quien relevara en ese espacio al diputado Amado Cruz Malpica–, se le investiga por sedición y motín.
Por la mañana de este lunes, el titular de la SEV fue cuestionado por la prensa local en torno a la denuncia en su contra; dice que se trata de un asunto con fondo político, dado que el citatorio que le hicieron llegar en la Fiscalía se da justo cuando acude al órgano de procuración de justicia para denunciar el tema de las plazas con que se favoreció a ex funcionarios de la administración de Miguel Ángel Yunes.
El funcionario del actual gabinete veracruzano lamentó el presunto uso político de la Fiscalía General del Estado, así como el hecho de que el titular de ese organismo autónomo, Jorge Winckler Ortiz, esté más preocupado por servir a una sola familia que por procurar justicia en Veracruz.
El caso es que las discrepancias y el enfrentamiento entre el titular de la FGE y los funcionarios del Poder Ejecutivo de Veracruz están muy lejos de resolverse. @luisromero85