De la renovación moral de Miguel de la Madrid al Sistema Nacional Anticorrupción de Enrique Peña, de Jorge Díaz Serrano a Javier Duarte, el gobierno mexicano ha impulsado toda clase de iniciativas para frenar un mal endémico: la corrupción. Sin embargo, tras décadas de simulación e impunidad, el resultado es el mismo, cada vez se roba más y se castiga menos.
Hasta ahora, todas las políticas públicas anticorrupción adolecen del mismo pecado original, al poner énfasis en la persecución y el castigo, y no en la prevención a través de mecanismos que alerten cuando los escandalosos casos de corrupción aún pueden evitarse. De hecho, la permisividad sólo tiene como límite la remota posibilidad de ser llevado a juicio.
En esta lógica, sin controles eficientes, la mayor parte de la burocracia estatal –en todos sus niveles- suelen tomar con poca seriedad los actos punitivos ante los delitos cometidos contra la función pública. Apuestan a que la incapacidad de las fiscalías los pone a resguardo frente a la justicia, y cuando esta los alcanza, suele ser una eficaz escapatoria para el dinero robado: con una pena corporal mínima, en poco tiempo pueden salir a gozar –ellos y hasta tres generaciones más- del dinero robado al erario.
En este sentido, son muchos los casos en que las autoridades de procuración y administración de justicia, más que convertirse en instrumentos de control, pasan a ser eficaces lavadores de dinero. Los recursos nunca se recuperan y los ex funcionarios suelen tener un paso efímero por la cárcel. El dinero queda limpio.
A la fecha, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido un viacrucis para todos: los ciudadanos observan la férrea resistencia de los partidos políticos por amarrarse las manos, los partidos y sus representantes en las Cámaras legislan a regañadientes en favor de algo que atenta contra sus intereses, y por tanto, jamás alcanza el consenso necesario, y las instituciones simulan incorporar una participación ciudadana, cuando en realidad no son más que simples observadores que no tienen acceso a la información privilegiada.
Cuando están por cumplirse dos años de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción -19 de julio de 2017- resulta que ni siquiera hemos tenido un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que es la piedra angular del sistema. Hace apenas un mes se formalizó el acuerdo para instalar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Es decir, dos años después, apenas se está aprobando oficialmente el inicio de funciones de la nueva fiscalía especializada, lo que ocurrirá en tanto sufra efectos el nombramiento de María de la Luz Mijangos Borja como Titular de este órgano, designación que realizó el Fiscal General Alejandro Gertz Manero el pasado 8 de febrero. Aunque dicho nombramiento puede ser objetado por el Senado de la República es posible que por fin tengamos Fiscal.
Por eso resulta novedosa la iniciativa del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem) y de su titular Rafael Castillo Sugasti, de dar a conocer a los alcaldes veracruzanos la exitosa experiencia de la aplicación de un sistema informático en la provincia de Valencia en España. Lo que escapa al juicio subjetivo de contralores y fiscalizadores, no lo logra al seguimiento puntual del sistema y la gestión de datos.
A lo largo de la semana, el doctor Alfonso Puncel Chornet, Subsecretario de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana se ha venido reuniendo con presidentes municipales de todas las regiones del estado. La exposición del modelo muestra como más allá de las normas que establece la burocracia administrativa, una política pública anticorrupción puede ser muy exitosa desde el pragmatismo tecnológico.
A diferencia de nuestro estado, en Valencia no se han dedicado a perseguir chivos expiatorios ni a consumar venganzas políticas, sino a recuperar el dinero robado. El resultado es que millones de Euros han regresado a las arcas públicas, además de que se han logrado detectar a tiempo procesos irregulares que podrían resultar en actos graves de corrupción.
Es posible que la tropicalización de un modelo que funciona en Europa no sea tarea sencilla; convertir un smoking en bermudas no es tarea que haga cualquier sastre. Es posible que el gobierno veracruzano de Cuitláhuac García esté predicando en el desierto. Es posible que ante la inoperancia del Sistema Estatal Anticorrupción, esta iniciativa quede en buenas intenciones.
Pero alguien tiene que dar un paso adelante. También eso es posible.
Las del estribo…
- El Fiscal Jorge Winckler sigue acumulando denuncias en contra de sus “partners” del yunismo tardío. Lo que pasó en la Sedesol, la SEV y tantas otras entidades públicas, lo está orillando al incumplimiento de un deber legal, al mandar a dormir las carpetas de investigación sobre los actos de corrupción denunciados. Al parecer, ya descubrieron el camino no sólo para correrlo sino también para llevarlo a juicio.
- El suicidio de Armando Vega Gil, integrante de la banda Botellita de Jerez, ha reavivado el debate sobre la toxicidad de las redes sociales y el riesgo que representan. Su muerte a causa de la difusión en internet de una información falsa no es la única; muchas otras personas, principalmente adolescentes han corrido la misma suerte. En su caso, como él lo dijo antes de morir, fue una decisión personal. Sin embargo, las redes sociales seguirán siendo el trágico escenario de juicios sumarios ante la ineficacia de las autoridades por investigar el origen y veracidad de esa información.