De ser ciertas las revelaciones hechas en el portal ChedrauiLeaks este martes 26 de marzo, los veracruzanos, pero en particular quienes nos localizamos en la región de Xalapa, deberíamos emprender ya acciones inmediatas para boicotear todos los negocios de la cadena Chedraui, por su incorporación al proyecto de explotación de la mina a cielo abierto Caballo Blanco, en el Cerro La Paila, municipio de Alto Lucero, que ya ha generado al menos la sospecha de intimidaciones contra habitantes de ese municipio y de Actopan, que se habrían cebado con el asesinato de varios campesinos.
Según la versión de este sitio en internet, las inversiones de la familia Chedraui, a través de empresas privadas, incluyeron Candelaria Mining Corporation (Corporación Minera Candelaria), que posee el sitio de desarrollo de la mina de oro Caballo Blanco en el estado de Veracruz. Aetus S.A.P.I. de C.V., una compañía de los Chedraui, pagó 2.6 millones de dólares canadienses por un 7.3 por ciento de la empresa Candelaria Mining en 2016.
La empresa Aetus, S.A.P.I. de C.V. fue fundada en 2015 por su propietario en un 99.99%, y Cubo Capital, S.A. de C.V., con Roberto González Hornedo (0.01%), se encuentran involucrado en esas operaciones. Miembros de la familia Chedraui han controlado Cubo Capital desde su fundación en 2008.
El 14 de junio de 2016, Aetus pagó $2.6 millones de dólares canadienses (aproximadamente 37 millones de pesos en ese tiempo) por una participación de propiedad de un 7.3% en Candelaria Mining Corporation con la opción, hasta diciembre de 2017, de adquirir más acciones. “ChedrauiLeaks no ha encontrado ninguna actualización que especifique qué porcentaje, si acaso lo hubiera, ha tenido en propiedad Aetus desde junio de 2016”.
De acuerdo al sitio web de la minera Candelaria, revisado el 18 de marzo de 2019, su proyecto estrella es el Proyecto de Oro Caballo Blanco, un sitio de desarrollo minero a 65 kilómetros al noroeste de la ciudad de Veracruz. La minera Candelaria también tiene presencia en Zacatecas, donde el desarrollo del Proyecto de Oro Pinos está en marcha actualmente.
ChedrauiLeaks obtuvo una copia del resumen del registro corporativo de British Columbia (Columbia Británica) de la minera Candelaria Mining el 23 de enero de 2018.
Las benditas redes sociales
«La carta enviada por el Presidente López Obrador a las autoridades españolas es una propuesta de reconciliación histórica. No se funda en el rencor sino en la verdad. No busca conflicto sino encuentro. Las relaciones entre ambos países se mantendrán cordiales y vigorosas». Marcelo Ebrard C. @m_ebrard
¿Qué riesgos representa la explotación minera cerca de Laguna Verde?
En un largo reportaje de Flavia Morales y José Antonio Villagrán, de la agencia AVC Noticias, publicado en julio de 2018 en varios medios de la entidad, entre ellos Formato Siete, se establece que el proyecto minero en Alto Lucero ha estado en manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de oro: Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. El sitio La Paila tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de Actopan y Alto Lucero. A lo largo de estos años han adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.
Señalan que, en 2011, cuando obtuvieron el permiso para los primeros seis socavones, el entonces alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.
Los daños sociales se emparejan con las afectaciones medioambientales de gran impacto. Según el reportaje, la minera quiere construir en 361 mil 85 hectáreas, un tajo, la tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR en 11 polígonos entre los cerros. Pero más de 265 hectáreas son terrenos forestales de bosque de encinos tropicales, selva baja caducifolia, que son parte del corredor de aves migratorias más grande del mundo.
No solo eso, también es preocupante su cercanía con la planta nuclear de Laguna Verde. Uno de los investigadores consultados por los periodistas se pregunta cuántas minas de tajo abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de cinco kilómetros de una nucleoeléctrica. “Parte de los polígonos de la minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual es muy riesgoso. Para obtener 240 kilos de oro mensualmente, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas, entre ellas cianuro, además de toneladas de explosivos para socavar los cerros”.
Engaños, silencio y ocultamiento de información para operar minas
La familia Chedraui estaría formando parte de un proyecto de destrucción de gran escala que, hasta el momento no ha sido detenido, pese a que en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue cancelado. Fue una de las principales familias señaladas de financiar la campaña electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez, no solo por contar con todas las garantías para facilitar sus inversiones en el sector mercantil, sino también para destrabar un proyecto no permitido que, sin embargo, sigue en marcha sigilosamente.
Según el reportaje mencionado, la minera Caballo Blanco “oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los pobladores de la comunidad; se trata de Bandera Sur, Las Cuevas, La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral. La estrategia de la minera es hablar solo de La Paila, pero a sus inversionistas en su página Internet les revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de oro”.
Y añade: “Si el proyecto se extiende, entonces llegaría hasta el corredor La Mancha donde cada año más de 13 millones de aves cruzan las montañas desde las tundras árticas hasta la Patagonia. Por esas montañas atraviesan también hasta cuatro millones de 22 especies de aves rapaces entre agosto y noviembre de cada año, por eso la región está catalogada como el corredor de aves rapaces más grande del mundo”.
Las benditas redes sociales 2
«El Presidente López Obrador le propina al @senadomexicano una fuerte bofetada. Les mando otra vez las mismas ternas para la CRE, que la semana pasada fueron rechazadas. Hasta los que sacaon cero votos fueron incluidos». Leti RoblesdelaRosa @letroblesrosa
En 2016, fueron asesinados 8 campesinos oponentes a la mina
El viernes 17 de agosto de 2016, ocurrieron graves hechos de violencia en varios poblados de los municipios de Actopan y Alto Lucero en que fueron asesinados 8 campesinos. En su momento, se externó la sospecha de que, detrás de esos hechos, pudiera estar la mano de las empresas mineras que quieren convertir esa zona serrana y su pendiente hacia el Golfo de México en una de las zonas más ricas en la explotación de oro, plata y cobre, en contra de lo cual estaría una buena parte de la población.
Siete días después de los hechos, en que participaron decenas de sicarios que se movieron impunemente en varios vehículos, Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la organización ambientalista Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), señaló a la prensa que “en las comunidades Ojital, San Juan Villa Rica, El Limón y Mesa de 24, donde fueron levantadas y asesinadas las ocho personas, se concentra la mayor resistencia contra la minera El Cobre, antes conocida como Caballo Blanco”.
Actos criminales como los sucedidos en esa región cercana a Xalapa, están sucediendo con demasiada frecuencia en el país, particularmente en regiones en que empresas multinacionales tienen fuertes intereses en establecer explotaciones mineras o petrolíferas, o para construir presas, con la intención de sembrar el terror y debilitar los movimientos cívicos de defensa, como ha sucedido en regiones indígenas de Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Michoacán.
Rodríguez Curiel señaló que las personas asesinadas “participaban en acciones de resistencia contra proyectos mineros” y añade que los asesinatos se relacionan de “manera estrecha” con esta problemática social. Explicó que las pretensiones por reactivar el proyecto minero Caballo Blanco han aumentado; las empresas transnacionales han ingeniado un nuevo plan para llevar a cabo estudios y, posteriormente, explotar el lugar.
Hoy, los Chedraui, que levantaron su imperio mercantil en Xalapa, deberían explicar su participación en un proyecto destructivo que afecta a Veracruz y al país, y violenta los derechos de los habitantes más directamente afectados.
Trabajadores del ISSSTE-Veracruz piden a AMLO respeto a sus derechos
La Sección XV Veracruz del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (SITISSSTE), cuyo secretario general es Alfredo Andrade Martínez, ha enviado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar su intervención para que se respeten sus derechos humanos.
Los sindicalizados piden un alto al hostigamiento en contra de los trabajadores, quienes reciben actos coercitivos para que renuncien a sus derechos laborales por parte de las autoridades de la delegación del ISSSTE en Veracruz, que está a cargo del exdiputado local priista Fernando Kuri Kuri.
Además, piden que se dé un alto total a las pretensiones del director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, de llevar a cabo el recorte de personal, primordialmente de agremiados a ese sindicato, lo que provocaría un gran daño social a la base trabajadora, aunado al problema que se originará para brindar atención al público derechohabiente que gradualmente se incrementará con la entrada del Sistema de Salud Pública que impulsa el gobierno federal, como parte de su Programa de Salud.
El SITISSSTE pide que se salvaguarden y respeten los derechos conferidos en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, así como los derechos sindicales de los trabajadores, anunciado por López Obrador en octubre de 2018, siendo ya Presidente Electo.
“Le manifestamos que los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adheridos a la Sección XV Veracruz del SITISSSTE, mantenemos siempre la mejor disposición para buscar los acuerdos necesarios con base en el respeto de nuestros derechos y condiciones laborales, el cumplimiento de las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, la observancia a las Normas Oficiales Mexicanas, así como los Tratados y Convenios Internacionales”, señalan en su misiva.
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