El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no debe dar prórrogas para el pago de los adeudos por casi nueve mil millones de pesos que diversos poderes y ayuntamientos tienen con el instituto, señaló la vocera de la Coalición de Pensionistas Independientes de Veracruz (Copipev), Adriana Chávez Tejeda.

Entrevistada sobre la deuda que se generó por la extracción de recursos de la Reserva Técnica en pasadas administraciones, dijo que el IPE tiene una opción coercitiva que debe impulsar para exigir el pago de manera inmediata.

“Sería necesario, porque en la ley del IPE hay artículos que hablan de eso (de exigir el pago inmediato) porque es un atentado a los derechos humanos de los pensionados (…) El IPE tiene una potestad coactiva que le permite no solo decir que pague, sino hacer otro tipo de acciones”.

Señaló que esta adeuda es el resultado de la omisión del Consejo Directivo del IPE, que no vigiló como es su deber las finanzas del Instituto, e incluso recordó que por esta situación presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que no ha prosperado porque el fiscal Jorge Winckler Ortiz ni siquiera los ha atendido.

“Porqué dejaron que se acumularan las adeudas; hay un Consejo Directivo que por ley tenía que revisar, porqué no vigiló y no obligó a que esos entes pagaran y dejaron que en 20 años se acumularan las adeudas”.

En otro tema, Chávez Tejeda criticó que el IPE haya decidido restringir las sedes para la revista de supervivencia de los pensionados con el argumento de que no cuentan con los recursos económicos para instalarlas.

Dijo que esto afecta a los jubilados toda vez que se trata de adultos mayores que deben viajar hacia donde muchas veces alejadas para comprobar que siguen cobrando su pensión.

Recordó que en el viento pasado el IPE firmó un convenio con el Registro Civil a fin de que la revista se hiciera cotejando las defunciones para dar de baja las pensiones y con ellos se evitó que los pensionados no tuvieran que viajar a las sedes de la revista.

«La revocación del instituto y reactivar la revista presencial y con menos módulos implica un retroceso en el derecho humano a la pensión y colisiona con el principio de progresividad».

Por ellos demandaron que se active el convenio que se hizo durante la pasada administración y se evite violentar los derechos de los pensionados.

Perla Sandoval/Avc