Este martes corrió como reguero de pólvora en los corrillos políticos de Xalapa la versión de que a Veracruz pudiera llegar un comisionado federal en materia de seguridad pública, dados los violentos acontecimientos del pasado fin de semana por los ataques a diversas bases de la Fuerza Civil y narcobloqueos carreteros que comandos del Cartel Jalisco Nueva Generación realizaron entre el jueves y sábado en el centro y sur de la entidad.

El rumor cobró más fuerza por las declaraciones a favor que hicieron a título personal tanto el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local, como el coordinador del grupo legislativo del PAN, Sergio Hernández, quienes coincidieron en que la presencia de un comisionado federal sería lo mejor para Veracruz y los ciudadanos ante la percepción de que la delincuencia organizada habría rebasado a las autoridades del estado.

Y aunque también hubo voces discordantes, como la del delegado federal de programas sociales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien lo consideró como “una vacilada” –al considerarlo como un esquema “de un régimen caduco”, aludiendo al fracaso del ex presidente Enrique Peña Nieto con el comisionado federal que nombró en Michoacán en 2013–, la versión escaló a tal grado que hasta comenzaron a mencionarse algunos nombres de personajes que pudieran asumir esta encomienda por parte del Gobierno de la República. Uno de ellos fue el político y abogado oriundo de Poza Rica, Ignacio Morales Lechuga, ex secretario de Gobierno, ex procurador de Justicia del Distrito Federal, ex titular de la PGR y ex embajador de México en Francia, quien en 1984 fue invitado por Manuel Bartlett Díaz, ex senador morenista y actual director de la Comisión Federal de Electricidad, como coordinador del Secretariado Ejecutivo del Programa Nacional de la Secretaría de Gobernación, que encabezó el político poblano en el sexenio del ex presidente Miguel de la Madrid.

Pero Morales Lechuga, quien actualmente cuenta con 72 años de edad, difícilmente aceptaría esta responsabilidad. El 10 de enero pasado, por ejemplo, cuestionó casualmente en un artículo que publicó en un diario capitalino, el programa de Seguridad presentado por López Obrador.

Sin embargo, aunque el súper delegado federal Manuel Huerta rechazó tajantemente que pudiera ser nombrado un comisionado para la Seguridad como lo hizo hace seis años Peña Nieto en Michoacán con Alfredo Castillo, lo cierto es que en Veracruz sí habrá pero un subdelegado o subcoordinador específicamente en esta materia, según lo anunció este martes el propio Presidente, quien al reunirse en privado con su gabinete y sus representantes en las 32 entidades federativas, delineó el nuevo esquema de coordinación entre las principales instancias del Gobierno de la República en los estados.

Según trascendió, aparte de un responsable en Seguridad, el Presidente nombrará para cada entidad a un subcoordinador en las respectivas áreas: Bienestar, Economía y Comunicaciones, y a otros en las áreas Jurídica, Anticorrupción y Administrativa.

Le llueve a Winckler

Este miércoles fue otro día negro para el fiscal general del estado, Jorge Winckler.

Y es que aparte del desmentido de la diputada federal de Morena, Carmen Medel Palma, por la “orden de aprehensión ejecutada” en contra de Diego “N” –otro de los implicados en el crimen de su hija Valeria, que según confirmó también el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, ya estaba recluido desde el 20 de enero en el Cefereso de Villa Aldama–, hace unas horas tuvo que acatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo obligó a desbloquear de su cuenta de Twitter al periodista Miguel Ángel León Carmona.

“Reconozco el trabajo de @Migue_mandy, así como el de @article19mex en favor de la libertad de expresión. Los felicito por el precedente logrado en la SCJN”, publicó el Fiscal momentos después de la votación de los Ministros.

“Como hombre respetuoso de las leyes y de las instituciones, daré inmediato cumplimiento a la sentencia de la @SCJN”, escribió también.

Al conocerse el fallo de la Suprema Corte, la organización internacional Artículo 19 destacó que esta resolución es un precedente relevante sobre bloqueos en redes sociales por parte de servidores públicos.

Y es que este miércoles, la Segunda Sala de la Corte confirmó por unanimidad un amparo en favor del periodista veracruzano Miguel Ángel León Carmona, quien en octubre de 2017 fue bloqueado por Winckler Ortiz, impidiéndole al comunicador acceder a la información que el titular de la FGE comparte con el público por esa vía.

Lo interesante del amparo otorgado a León Carmona es que obliga a Winckler a permitir el acceso no sólo mientras permanezca en el cargo, sino incluso después de que lo deje, pues seguirá siendo una “persona pública” aunque ya no sea funcionario.

Así que el fiscal seguirá atado para siempre a sus seguidores en Twitter.

Después de conocer su caso, habrá que ver cuántos servidores públicos optan por abandonar las redes sociales.