El domingo pasado el Presidente López Obrador anunció en Los Cabos
la cancelación del proyecto minero denominado Los Cardones (antes conocido
como Paredones Amarillos o Concordia), promovido por la trasnacional
canadiense Vista Gold y después transferido a Invecture (Grupo Salinas),
justificando su decisión en la protección del medio ambiente y el abasto de
agua de las poblaciones circundantes.
La historia es muy similar a la que viven miles de pobladores de la región de
Actopan y Alto Lucero en Veracruz, donde desde hace algunos años se intenta
establecer un proyecto minero con el auspicio de empresas canadienses. Si el
Presidente fue capaz de cancelar el proyecto a uno de sus principales aliados
políticos y financieros, como lo es el grupo Salinas, ¿qué le impediría cancelar
de una vez por todas el proyecto de Caballo Blanco en Veracruz?
Pero la buena noticia de la cancelación del proyecto en Baja California ha sido
tomada con reservas; al anuncio presidencial no lo ha acompañado hasta
ahora ninguna decisión que confirme la promesa. Por ello, los grupos
ambientalistas de todo el país le han solicitado que establezca un compromiso
por escrito –un decreto, por ejemplo-, como sucedió con el nuevo aeropuerto.
La desconfianza no es gratuita. Durante años, durante sus múltiples campañas
políticas, López Obrador ofreció a los morelenses que una vez que llegara al
poder, cancelaría el proyecto de construcción de una planta hidroeléctrica. Hoy
como Presidente, con el proyecto prácticamente terminado, ha tenido que
simular una consulta pública –llena de irregularidades y conatos de violencia-
para justificar su cambio de opinión.
El tema energético es mucho más complejo de lo que el propio Presidente
supone y de lo que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, conoce. Hace
algunas semanas, la titular de la SENER dijo que avanzarán con el fracking –
una técnica de extracción de hidrocarburos altamente contaminante- mientras
encuentran una nueva tecnología, lo que el Presidente tuvo que desmentir
públicamente.
Hasta ahora, según datos de la organización Lavida, el gobierno federal
mexicano ha otorgado a particulares, empresas nacionales y empresas
extranjeras 25 mil 221 títulos de concesión vigentes, por más de 50 años, para
la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero,
mismos que abarcan el 10.79% del territorio nacional. Muchos de esos
proyectos han provocado más de 120 conflictos sociales graves.
Según cifras de especialistas, las actividades de exploración, explotación y
beneficio minero no generan más que el 0.47% de los empleos de la población
económicamente activa, el 0.97% del producto interno bruto y el 0.57% de los
ingresos de la Federación. Es decir, demasiado costo ambiental para tan poco
beneficio económico y social.
Por eso es que el anuncio presidencial en Los Cabos puso en alerta a las
organizaciones de defensa ambiental veracruzanas. Hasta ahora, no existe
claridad con respecto a cómo el Presidente López Obrador hará efectiva su
promesa de cancelación del proyecto minero Los Cardones.
Lo mismo pasa en Veracruz. A pesar de que el gobernador Cuitláhuac García
se comprometió el pasado 27 de febrero a cancelar proyecto minero de La
Paila -también conocido como Caballo Blanco-, la declaración tampoco se ha
visto plasmada en un documento ante el Congreso local y el gobierno federal
que consume la conclusión del proyecto auspiciado por la empresa Candelaria
Mining Corp., a través de su filial mexicana Caballo Blanco.
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y una
decena de organizaciones civiles reiteraron ayer mismo su exigencia por la
cancelación inmediata y efectiva de los proyectos mineros denominados La
Paila y El Cobre, promovidos por empresas canadienses en los municipios de
Actopan y Alto Lucero.
Pero el riesgo en Veracruz no está solo en estos dos municipios. En su
pronunciamiento, las organizaciones también piden la revisión y subsecuente
cancelación de concesiones mineras que amenazan a los municipios de
Tatahuacalpan de Juárez, Soteapan, Catemaco y Mecayapan, así como la
cancelación de las asignaciones mineras otorgadas al Servicio Geológico
Mexicano en los municipios de Chiconquiaco, Juchique de Ferrer y Yecuatla.
Como siempre, Veracruz es clave en el proyecto energético del país. Por eso
es muy importante que tanto el Presidente como el Gobernador garanticen sus
compromisos con acciones vinculantes que vayan más allá de un
posicionamiento para ganar aplausos.
Caballo Blanco ha sido rechazado por todas las autoridades, pero ahí sigue,
esperando su momento.
La del estribo…
1. Roznidos: Otra vez Veracruz es escándalo nacional por la ignorancia y
frivolidad de sus autoridades. La expresión racista y de mal gusto de
Manuel Huerta de sugerir que sean las “Yalitzas” las que suplan a las
estancias infantiles y la conmemoración del natalicio del escritor
“mexicano” “Francisco” García Márquez –Pancho hermano, ya eres
mexicano, grita la flota- muestran el verdadero nivel de la cuarta
transformación jarocha.
2. A Manuel Huerta y Guillermo Rodríguez Curiel los conocí muy joven,
cuando cubría las actividades de su organización la Ucis-ver. Ambos
fueron legisladores, sólo que el primero optó por hacer de la estulticia el
discurso institucional morenista, mientras que el segundo sigue en la
lucha, en la verdadera. A la historia no se le engaña.