La pregunta que nos hacemos muchos veracruzanos, preocupados por la estela de corrupción y actos de abierto sabotaje legados por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, es si en Veracruz, como en el ámbito federal, el gobierno de Morena se dedicará al negocio de las indulgencias y dejará correr los tiempos para evitar actos que Andrés Manuel López Obrador califica de venganza y que los gobernados conscientes llamamos simplemente actos de justicia y rechazo a la impunidad.
Ya han aflorado diversas evidencias de posibles quebrantos a las finanzas públicas de Veracruz durante el gobierno de Yunes Linares. La revelación parcial de algunas habrían podido tener, si supieran hacerlo, un impacto mediático desastroso para el proyecto del panista que quiere desacreditar al actual para regresar por sus fueros en 2024, con una escala de aprendizaje en las elecciones intermedias de 2021.
Pero poco a poco se han filtrado a la prensa (o esta ha sabido detectar gracias a solicitudes de información) actos que podrían ser constitutivos de delitos y cuya persecución es necesaria no solo por el tema de la impunidad sino por el más importante que es tratar de recuperar recursos de los veracruzanos que se llevaron funcionarios con poder de decisión en el bienio precedente, comenzando por quien actuaba como gobernador.
Justamente, una investigación de la periodista Flavia Morales, de la agencia AVC, señala que en el primer año del anterior gobierno dejó un desfalco de mil 106 millones de pesos, de los cuales aún no se puede comprobar el uso de 927.2 millones de pesos, según revelaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
“La auditoría que se dividió en tres entregas, señaló en su primera avance en junio, el gobierno de Veracruz tuvo un daño de 527 millones de los cuales 533.7 están pendientes de solventar. Para la segunda entrega en octubre, el daño fue por 301.4 millones de pesos, de los cuales aún están pendientes por justificar 136.7 millones. Para la tercera entrega, que fue el pasado 20 de febrero, el daño fue por 267 millones de pesos, de los cuales tiene pendiente por comprobar 266.8 millones de pesos”.
¿Habrá luz verde desde el gobierno federal para denunciar estos posibles desfalcos y desviaciones operados en el gobierno yunista, cuando buena parte de los recursos públicos fueron destinados directa o indirectamente a financiar la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez? ¿Podríamos esperar que, ante el evidente conflicto de interés que se observa en la Fiscalía General del Estado, las denuncias puedan ser atraídas por la Fiscalía General de la República? ¿O simplemente se dejará ir a la paloma azul?
Las benditas redes sociales
“Con el dinero que #AMLO dará para los niños, pueden ser cuidados por una ‘Yalitza’. Lo dice Manuel Huerta “super” delegado del gobierno federal en Veracruz”. Telenews Mex en Facebook.
Pagos indebidos a maestros y desvío en programas sociales
Sobre la última entrega, en que la ASF realizó seis auditorías, lo más observado es a las participaciones federales por 138 millones de pesos. Las 3 observaciones formuladas generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
La auditoría revela que el Gobierno del Estado de Veracruz incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de registros e información financiera de las operaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 138 millones de pesos en la entrega de participaciones federales a municipios.
La periodista incluye un apartado sobre pagos irregulares a maestros por 124 millones de pesos. La auditoría señala que son 21.3 millones de pesos de pagos a 1,140 trabajadores posteriores a la fecha de baja de la dependencia, 5.9 millones de pesos de pagos por realizar a 32 trabajadores que no acreditaron haber realizado funciones destinadas a educación básica y normal; cinco millones de pesos por cheques cancelados por concepto de jubilación, bajas definitivas y fallecimiento, de los cuales no se acreditó su reintegro a la cuenta del fondo; 1.7 millones de pesos por 276 pagos indebidos a 56 trabajadores con licencia sin goce de sueldo, y 1.3 millones de pesos que se manejaron de forma irregular por pagos a 13 trabajadores que contaron con 10 plazas, adscritos en 13 centros de trabajo en el Estado de Veracruz, así como también en el Estado de México, los cuales no son compatibles geográficamente. Por último, se señaló el uso de 1.8 millones de pesos al gasto del programa de escuela de tiempo completo y de 3 millones de pesos al programa de apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
Por otra parte, en la primera entrega, la ASF realizó observaciones al gasto de programas federales como Prospera, en su Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, donde considera el mal uso de 212.6 millones de pesos.
La auditoría reveló que al 31 de diciembre de 2017 y al 28 de febrero de 2018, la entidad no había devengado el 74.4% y el 66.9%, de los recursos transferidos por 235 millones de pesos.
En la revisión de los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud (Seguro Popular 2017) y la Entidad Federativa, se observaron 217 millones de pesos como recuperaciones probables. Al 28 de febrero de 2018, el Gobierno de Veracruz no devengó el 5.5% de los recursos transferidos por un monto de 215.6 miloones de pesos, más rendimientos generados por 1.9 millones.
Los recursos devueltos en el primer año del gobierno de Miguel Ángel Yunes a la Tesorería de la Federación superan los 170 millones de pesos en programas como Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la distribución de participaciones federales, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y los del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
“En total, el gobierno de Yunes fue observado por el uso irregular de 18 programas federales, que suman en total 1 mil 106 millones de pesos, de los cuales ha podido devolver dinero y justificar el uso del 10 por ciento, quedando pendiente de justificar 927.2 millones de pesos.”
Como se observa, en este análisis de la cuenta pública de 2017, solo en materia de recursos federales, ya habría materia para llevar a tribunales a quien hoy derrocha recursos sangrados al erario para seguir en su campaña electoral por recuperar el gobierno de Veracruz.
Ya va siendo hora de que los de Morena se quiten la modorra jurídica y generen una estrategia para hacerle justicia a los veracruzanos.
Las benditas redes sociales 2
“Lamento mucho la mala interpretación de mis declaraciones sobre la talentosa mexicana Yalitza Aparicio, maestra y artista internacional, orgullo de México y a quien respeto profundamente». Manuel Huerta @ManuelHuertaLdG
Lista, la Guardia Nacional
Este miércoles logró la aprobación de 17 congresos locales la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, por lo que podrá ser promulgada oficialmente, según informó en su cuenta de Twitter el presidente del Senado, Martí Batres.
No fue necesaria la aprobación del Congreso veracruzano, que se halla en periodo extraordinario, para lograr los 17 de 32 congresos locales necesarios para echar a andar una reforma constitucional.
Los 17 congresos que ya lo aprobaron son los de Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala, Tamaulipas y Quintana Roo.
Según el dictamen aprobado, la Guardia Nacional será un organismo con mando civil, con una temporalidad de cinco años para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, fortalecer a las corporaciones policiacas y el respeto a los derechos humanos.
La nueva fuerza policial tendrá disciplina y adiestramiento militar, que se espera cuente con 150 mil elementos en 2024, tendrá facultades legales para combatir todos los delitos, tanto del fuero federal como del común, y estará bajo la conducción del Minisgterio Público y, a petición de este, podrá llevar a cabo labores de investigación y de cumplimiento de órdenes de aprehensión, cateo, entre otros.
Lo que sigue, luego de su promulgación y publicación, es que los legisladores diseñen y aprueban las leyes secundarias, como la ley orgánica de la Guardia Nacional y las leyes nacionales del Registro de Detenciones y del Uso de la Fuerza.
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