Lo importante, lo determinante debe atenderse bien y a tiempo. Ni disculpas ni pretextos. Desde hace mucho, gobernados en su mayoría, por ineptos y corruptos. Durante décadas y décadas, administrados por atracadores y saqueadores. Apresados, sexenio tras sexenio, trienio y cuatrienio, por ineficiencia y delincuencia gubernamental. Atrapados, año tras año, en reiteradas pérdidas de recursos públicos, abuso de atribuciones institucionales y oportunidades fallidas, hoy en día es oportuno comentar, que en unos cuantos meses, contra viento y marea, el cambio va. Con sus virtudes y defectos, grandes temas y aspectos gubernamentales se redefinen o reorientan, se modifican o renuevan. Se mantiene la esperanza.

Poco a poco se abre paso la voluntad mayoritaria de cambio y se continúa el intento. El reto es simple y sencillo: no más de lo mismo y peor, que tanto limita y sacrifica a generaciones presentes y futuras. No es, ni va a ser fácil y rápido; y tampoco, exento de errores y defectos, importante señalarlos y denunciarlos. Se debe transformar para atender, mejorar e impulsar a las mayorías, hasta hoy, condenadas y atrapadas, en viejas y nuevas limitaciones y
sacrificios, características de marginación, hambre, pobreza y miseria.

Tener siempre presente, que los buenos gobiernos, no se dan en árboles o macetas, ni llegan por milagro o buenos deseos. Mucho menos, que se dan solos; ni que requieren toda la confianza y libertad de decisión y acción. Conocidos gobiernos de “cheque en blanco”, acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Nadie está obligado a sostener y padecer servidores públicos, que solo sirven para empeorar, facilitar y permitir, que los problemas crezcan y que no se atiendan, bien y oportunamente, las necesidades sociales básicas. Impostergable evaluar, integral y rigurosamente, políticas públicas de seguridad, administración y procuración de justicia y, desde luego, al cuestionado poder judicial. Consolidar acierto, corregir errores.

Nadie está obligado a sostener y soportar un mal gobierno. Por eso se debe insistir, que debe ser bienvenida la revocación de mandato, que propone el Presidente López Obrador, para evaluar al gobierno federal. Revocación, que urge llevarla, a los ámbitos estatal y municipal; y, respaldar la intención, de erradicar ineficiencia y delincuencia gubernamental, corrupción e impunidad. Imprescindible impulsar y fortalecer participación y evaluación social, reales y permanentes.

Seguridad, estabilidad y certidumbre
Desde hace mucho y en todas partes, se sabe que el indispensable activo intangible, que atrae inversión y competitividad crecientes, indispensables para impulsar crecimiento económico y empleos, es justamente el del respeto a la ley y a las instituciones que fortalecen seguridad y paz social. Imprescindible garantizar y mejorar ese bien público, defenderlo a y establecer, vinculación y coordinación más estrechas y efectivas, entre ámbitos de gobierno y sociedad. Integración y orientación de esfuerzos, para propiciar resultados positivos y favorables. Reconocer que hampa y crimen, tienen también sus estrategias y acciones, que persisten grandes y pequeños grupos o células, muchos desconocidos y algunos ya detectados. Unos y otros, acostumbrados a imponer condiciones y a aprovechar, el impacto sicológico y destructivo de violencia, abuso y terror, de temor e incertidumbre, para minar tranquilidad, confianza y credibilidad.

Ante estas y otras condiciones, el gobierno debe demostrar en los hechos, responsabilidad, creatividad y eficacia, para imponer la ley, y hacer realidad el predominio de la Justicia. No más crimen sin castigo. Una larga historia demuestra y enseña, que es fundamental garantizar Estado de derecho, y también, la seguridad en vida, integridad y patrimonio de individuos y sociedad en general.

No hay excusa ni pretexto, para erradicar corrupción e impunidad, cumplir y hacer cumplir la ley, facilita Justicia y orden. Para todo gobierno, combatir delincuencia y garantizar seguridad pública, son algunos de los deberes ineludibles, irrenunciables e impostergables. Esta obligación ineludible es de todos; se refiere, a gobiernos federal, estatal y municipal; y en general, a todo servidor público. Cuando muchos gobernantes, no cumplen con sus obligaciones, lo que se observa y padece, es que con más frecuencia, se alteran y afectan vida, patrimonio y convivencia social armónica. Esto es, no están siendo suficientemente protegidos y garantizados. Lamentable constatar, que en los hechos, crecen y se expanden complicidad, indiferencia, abuso, protección y hasta participación de servidores públicos. Imposible negar la delincuencia dentro y fuera del gobierno.

En fin. Al respecto, no se debe ocultar o negar, ningún hecho; y tampoco permitir que se minimice, exagere o distorsione. Ni criminalizar a la víctima; ni encubrir y justificar responsabilidad y culpabilidad. En medio de la opacidad y la distorsión, se padecen desinformación y enajenación, cuyo antídoto es transparencia y difusión, claridad y decisión, acción inmediata y previsión. Es fundamental exigir el cumplimiento puntual, tanto de la obligación oficial de informar, como de la atención al derecho ciudadano y social de saber.

Prioridad social y gubernamental
Qué lástima, por el mismo discurso oficial, las declaraciones oficiales de siempre, y la conocida cadena de excusas y pretextos. No. La solución no está en el decir sino en el hacer. Se ha repetido y comprobado hasta el cansancio, que el remedio no está en el discurso, sino en la práctica, en la aplicación. ¿De que sirven leyes completas, actualizadas y bien estructuradas, si no se aplican? Hay que tener presente, que sobrepasan millones de delitos
desatendidos. Se estima que de cada 100 casos, no se sentencia ni el 1%. En lo que va de este sexenio, continúan aumentando las cifras de homicidios y ejecutados. ¿Quién gana, quién pierde? Por favor, a quién se va a engañar, cuando ante lo evidente, para variar se cambian hechos y resultados, por excusas y evasivas. Al final no resuelven nada y la situación empeora.

El problema no es casual, tiene orígenes, causas y responsables. El proceso es tan conocido como recurrente. Se debilitan las instituciones con discrecionalidad, voluntarismo e irresponsabilidad de los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno, que se supone están obligados a hacerlas funcionar y respetar.

Viva México. No más rinconcito donde hacen su nido…homicidios, ejecuciones, secuestros, feminicidios, lesiones, robos, asaltos…y mucho más.