Nadie con juicio sano podría estar en contra de que el gobierno abra más espacios para que los jóvenes en México puedan realizar estudios universitarios, y con ello, salir de un entorno de pobreza y marginación. Sin embargo, como muchas otras decisiones del Presidente López Obrador, el conflicto no suele estar en el qué, sino en el cómo.

Tal y como lo ofreció en campaña, en el país se abrirán 100 nuevas universidades para el bienestar, en las que por el momento sólo se ofrecerá una carrera. De acuerdo a lo que ha dicho el gobierno federal, la razón de una oferta académica tan limitada obedece a que urge que se pongan en marcha y a que deben estar vinculadas al entorno económico de las regiones donde estarán asentadas.

Estas universidades forman parte de un sistema llamado «Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2018-2024«, el cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación gratuita a miles de jóvenes que quieran estudiar una carrera profesional. Este programa universitario está dentro de los 25 proyectos estratégicos del gobierno.

En el caso de Veracruz, se abrirán ocho universidades –una menos de las que ofreció en diciembre pasado durante su primera visita como Presidente- en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan, Playa Vicente, Huayacocotla, Río Blanco, Atlahuilco y Poza Rica. Hasta ahí todo está muy bien.

Sin embargo, no se explica que se abran nuevas plazas para estudiantes universitarios mientras que la Universidad Veracruzana es objeto de recortes presupuestales y una deuda que el gobierno estatal no ha terminado de liquidar. A pesar de que su presupuesto está establecido en la ley, luego de que en diciembre pasado se autorizaron 6 mil millones de pesos para la Máxima Casa de Estudios, esta misma semana podría aprobarse un recorte de 370 millones de pesos.

Ayer mismo el gobernador Cuitláhuac García intentó explicar que no se trató de un recorte sino de un “reacomodo”, es decir, ‘acomodaron’ el dinero en las instituciones encargadas de los programas sociales, allá donde están los pobres y los votos.

Podría decirse lo mismo de los Institutos tecnológicos –ejemplos de desarrollo y competencias a nivel internacional-, el Consorcio Clavijero o hasta de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). Es decir, en Veracruz –como en el resto del país- ya existen instituciones que cuentan con la infraestructura y matrícula necesaria para albergar un nuevo plan de estudios.

Hasta ahora no se ha dicho como habrán de operar estas nuevas universidades. Si la impartición de una sola carrera justifica toda la burocracia que se requiere –asumiendo que operará en edificios que serán prestados-, de una nueva plantilla docente, administrativa y todo aquello necesario para acreditar una verdadera universidad.

¿Acaso no era más fácil abrir la carrera en las instituciones ya existentes? ¿No era mejor que esos recursos llegaran directamente a la Universidad Veracruzana a cambio de que se ofertara una carrera más? Actualmente la UV atiende a una población de más de 80 mil alumnos a través de 322 programas que van lo mismo desde carreras técnicas hasta doctorados.

Dirán que en algunos de los municipios referidos no hay instalaciones de la UV, pero en sentido estricto, de las nuevas instituciones tampoco. La Universidad Veracruzana tiene instalaciones en al menos una decena de ciudades. En todo caso, la propia universidad pudiera rentar inmuebles que le permitiera impartir la carrera en cuestión.

Y lo mismo sucede en el resto de los estados donde se abrirán las universidades para el bienestar. En México, no hay entidad federativa que carezca de una universidad pública de reconocido prestigio; y tampoco hay una sola universidad estatal que no se encuentre en medio de una severa crisis económica a causa del crecimiento de su matrícula y la sistemática disminución a sus presupuestos.

Una universidad pública con una sola carrera no suena muy sensato, menos aun cuando el gobierno carece de recursos para el sostenimiento de las que ya existen. Pero serán las universidades del Presidente, esas que tendrán su sello, su lenguaje, su tarea específica, porque el final del día, como en caso todas sus acciones, se trata de que los beneficiarios de los programas –en este caso la educación superior- se lo deban a Andrés Manuel más que al gobierno que encabeza.

Las del estribo…

  1. En otros tiempos, el linchamiento de seis presuntos delincuentes en Soledad Atzompa hubiera hecho rodar muchas cabezas, desde la del Presidente municipal, los titulares de la Secretaría de Gobierno o Seguridad Pública, incluso hasta la del propio Gobernador. Sin embargo, en un escenario donde la violencia se ha institucionalizado, no es más que un capítulo de la historia de terror que vive en país… y el estado.
  2. ¿De verdad ahí quedó el tema del fiscal? ¿La fractura interna de Morena no tendrá consecuencias?