Un documento que se hizo circular entre diputados locales plantea que como parte del proyecto de ajuste del presupuesto se haría una reducción al gasto anual del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Universidad Veracruzana, lo que podría resultar inconstitucional.
El proyecto que será presentado al Congreso Local plantea una reducción de 2 mil 191 millones de pesos aproximadamente.
La Universidad Veracruzana tendría una reducción de mil millones de pesos, la Fiscalía General de 490 millones de pesos y el Poder Judicial de 654 millones de pesos.
Cabe recordar que la constitución del estado obliga al gobierno a destinar un porcentaje especifico presupuestal cada año a estas tres dependencias.
El presupuesto también ajusta en 100 millones de pesos el gasto a desarrollo social.
El comparativo contempla el incremento al gasto corriente de algunas dependencias del Estado, a pesar del anuncio de reducción a los salarios.
Además se plantea el aumento al presupuesto de Turismo y Desarrollo Económico, y se contempla un aumento al gasto de comunicación social del gobierno del Estado.
¿Quiénes tendrían recorte?
El pasado lunes 18 de febrero el titular de Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco entregó al Congreso local el ajuste al presupuesto 2019, luego de que en diciembre les dieron una dispensa de 90 días para adecuar el gasto con las necesidades de la nueva administración.
En la revisión se plantearía bajar los gastos al Poder Judicial, Órgano Publico Local Electoral, Órgano de Fiscalización Superior, Fiscalía General del Estado, Universidad Veracruzana, Tribunal Electoral del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa.
En el caso de las dependencias del gobierno del Estado el recorte se refleja en el gasto de la Oficina del Gobernador, Secretaría de Desarrollo Social, Contraloría General, Programa de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil.
El recorte que se planteó en procuración e impartición de justicia se redirigió a la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, Comisión Estatal de Derechos Humanos e Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Así como a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Planeación, Comunicación Social, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Turismo y Cultura, y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Presupuesto inconstitucional
La Constitución Política del Estado garantiza la autonomía presupuestal de poderes públicos y organismos autónomos.
Establece la obligación de otorgar el 2.5 por ciento de los ingresos anuales al Poder Judicial; el 1.5 por ciento del total del gasto público a la Fiscalía General del Estado (FGE); y un 4 por ciento a la Universidad Veracruzana (UV).
El proyecto de presupuesto que dejó el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares contemplaba el aumento, sin embargo, en la revisión que hizo Sefiplan se reduce al Poder Judicial y a los dos órganos autónomos.
Yunes Linares etiquetó 2 mil 584 millones de pesos para el poder Judicial; José Luis Lima Franco ajustó el gasto a mil 930 millones de pesos, el impacto de la reducción es directo al gasto corriente.
La Universidad Veracruzana tenía programada la ministración anual de 6 mil 199 millones de pesos; su gasto se recortó a 5 mil 153 millones de pesos.
En el caso de la Fiscalía General el monto pasa de 2 mil 45 millones de pesos a mil 154 millones de pesos. También se recorta el gasto del Organismo Público Local Electoral; del Órgano de Fiscalización y de los Tribunales Electoral y de Justicia Administrativa, lo que también es contrario al principio de progresividad del gasto público, que establece que no se puede otorgar un presupuesto menor al del ejercicio anterior.
El IVAI recibirá más fondos, pasa de 46 a 49 millones de pesos; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos también tendrá un mayor financiamiento público, tenía 52 millones de pesos y se le ministrarán 64 millones de pesos.
Al poder Legislativo no se le ajustó el gasto. El presupuesto para los poderes Judicial y Legislativo, así como de organismos autónomos baja de 12 mil 736 millones a 10 mil 436 millones de pesos, es decir, se recortó en 2 mil 300 millones de pesos.
Incrementa gasto corriente
En el caso del Poder Ejecutivo incrementó el gasto de las dependencias del estado a 60 mil 614 millones de pesos, a pesar de que Yunes Linares había programado para gasto corriente y obra pública 59 mil 755 millones de pesos.
Los organismos públicos descentralizados pasaron de 26 mil 130 millones de pesos a 26 mil 431 millones de pesos.
Solo dos dependencias no sufrieron ajuste alguno tal es el caso de Salud, Educación; las beneficiadas son la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca que pasa de 405 millones de pesos a 575 mil millones de pesos; la Secretaría de Gobierno va de 475 millones de pesos, a 511 millones de pesos; Secretaría de Finanzas y Planeación tenía 2 mil 763 millones de pesos y ahora recibirá 2 mil 961 millones de pesos.
En el caso de Comunicación Social se habían presupuestado 68 millones de pesos, y ahora gastará 74 millones de pesos; Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de 2 mil 30 millones de pesos pasa a 2 mil 961 millones de pesos.
La Secretaría de Seguridad Pública ejercerá 5 mil 528 millones de pesos, cuando se habían programado 5 mil 214 millones de pesos; la Secretaría de Turismo y Cultura tenía presupuestado 68 millones de pesos, en el ajuste logra 128 millones de pesos; y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, de 76 millones de pesos pasa a 150 millones de pesos.
Isabel Ortega/Avc