Enfrascados en una lucha política entre los que no acaban de irse y los que no terminan de llegar, Veracruz está en el peor de los escenarios en materia de seguridad: la policía estatal no previene y la Fiscalía General del Estado no investiga, lo que ha ocasionado que la incidencia delictiva y la impunidad estén en los niveles más altos de la estadística nacional.

Ayer, una vez más, el gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal Jorge Winckler intercambiaron acusaciones respecto a su responsabilidad por el infierno que se vive en Veracruz. Los secuestros, ejecuciones, feminicidios y cualquier cantidad de delitos siguen sumando víctimas mientras las autoridades apuestan al caos para someter a su adversario.

Este martes, la asociación Alto al Secuestro informó que durante los dos primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el secuestro aumentó 49.6%, siendo Veracruz el estado que ocupa el primer lugar en este delito. Lo que sucede en Veracruz no tiene precedente: por primera vez tuvo el primer lugar en números absolutos -registró 51 secuestros en enero- y tuvo el primer lugar por cada 100 mil habitantes. Es decir, no se puede excusar que se trata de un estado con una gran población.

Pero no sólo son las cifras las que indignan. La semana pasada, el estado se estremeció con el secuestro y asesinato de una importante empresaria de la ciudad de Coatzacoalcos, cuyo cuerpo decapitado fue exhibido en redes sociales luego de que empleados de la Fiscalía filtraran las imágenes. El caso mostró nuestra peor pesadilla: un gobierno que no garantiza seguridad, una Fiscalía que no persigue a los delincuentes, y lo peor, la podredumbre de instituciones que no tienen pudor en utilizar a las víctimas como estrategia de golpear a su adversario político.

En el marco del Día del Ejército, el gobernador aseguró que la estrategia de seguridad no falló, y que los índices de homicidios son culpa de la Fiscalía del estado. Todo es culpa del Fiscal, volvió a insistir el mandatario cuando es evidente que su gobierno carece de tal estrategia de seguridad, cuyo responsable acusa a ciudadanos y organizaciones sociales de manifestarse hoy cuando antes no lo hicieron.

En efecto, el Cuitláhuac y el titular de la SSP pueden decir que recibieron el estado hecho un polvorín, con una policía estatal desarticulada, sin preparación ni equipamiento, y apenas con lo mínimo indispensable para funcionar. La seguridad pública fue la más grave de las promesas incumplidas del gobernador Yunes Linares. Sin embargo, esa tarea es hoy su responsabilidad y las cosas están muy lejos de mejorar.

Alguien que le debe explicar al mandatario que la protección y prevención de los delitos no es tarea de la Fiscalía sino de la Secretaría de Seguridad Pública a su cargo. Y si ya lo entendió, debe dejar de utilizar el argumento como excusa. La impunidad que prevalece en Veracruz es argumento suficiente para justificar la remoción del Fiscal pero no para resolver la crisis de inseguridad que vivimos.

La situación no mejorará cuando enfrente tiene a uno de los lacayos que más han lastimado Veracruz. Hace algunas semanas, Winckler acusó al gobierno estatal no se coordina con la FGE para atender el sensible tema de los feminicidios, lo que dificulta iniciar las investigaciones sobre muchos casos que han sido del dominio público.

Y soltó una más de sus perlas: “Con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tenía una relación directa y levantaba el teléfono rojo o el celular para hablar con él o con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública”. Lo que el Fiscal no aclaró es que esta sigue siendo una práctica habitual para golpear al gobierno estatal.

En parte, tiene razón Cuitláhuac García cuando acusa que el incremento de delitos como los secuestros y feminicidios es una consecuencia “de la impunidad” que gozan los delincuentes. Sin embargo, tampoco asume la inoperancia que hasta ahora ha mostrado la Secretaría de Seguridad Pública y el grave problema que existe en las policías municipales.

En medio de todo este aquelarre están los ciudadanos, los empresarios, los comerciantes. Tras la lluvia de acusaciones entre las autoridades, integrantes de la Coparmex y de “Empresas SOS” también acusaron una falta de planeación en materia de seguridad. No hay una estrategia contra el crimen y la violencia avanza irremediablemente acusaron, al tiempo que dieron a conocer que muy pocos se atreven a invertir en Xalapa a causa de la inseguridad. Y no mienten: las calles están atestadas de locales en venta y no hay apertura de nuevos negocios.

En su lucha por el poder, les han arrebato hasta la dignidad a las víctimas. Pueden estar satisfechos.

Las del estribo…

  1. Este jueves el pleno del Congreso local podría volver a discutir los dictámenes sobre el juicio político en contra del Fiscal Jorge Winckler. Hasta ahora, los votos se mantienen inalterables, lo que mantendría al funcionario en el cargo a pesar de la mayoría legislativa de Morena. Pero nadie muere en la víspera.
  2. Algo extraño está pasando al interior del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Luego de un intenso activismo para denunciar las irregularidades en el gobierno de Yunes, nada se ha vuelto a saber de los casos. Y ahora, con la renuncia de dos de sus integrantes, parece más un elefante blanco que la institución que prometía ser.