Prefacio.

Los legisladores federales que han encabezado la defensa del programa federal de Estancias Infantiles, empiezan a sufrir las consecuencias de su osadía. *** En esta ocasión le tocó a la diputada veracruzana Anilú Ingram Ballines, quien fue señalada por su compañera de Morena, Rosalba Valencia, de formar parte de “la red de corrupción de las estancias infantiles”, cuando se desempeñó como delegada de la Sedesol en Veracruz. *** La diputada de Morena afirmó que el gobierno federal “tiene pruebas” de que funcionarios de gobiernos panistas y priistas otorgaron a amigos o familiares cercanos los permisos para operar las estancias infantiles que recibían subsidios y eran supervisadas por la Sedesol. *** “Les puedo proporcionar un nombre: Anilú Ingram, es ahorita compañera diputada federal es una de las implicadas en esta red de corrupción”, remató la legisladora de Morena. *** Pero la veracruzana no se quedó cruzada de brazos y le pidió a su compañera en San Lázaro que presentara esas pruebas de las que hablaba, o estaría incurriendo en un caso flagrante de difamación. *** “Es muy fácil acusar, señalar. Que nos traiga las pruebas, estamos a favor de que se investigue y que donde se tenga que aplicar la ley, que se aplique. Es muy grave lo que está haciendo, quien acusa está obligado a presentar pruebas”. *** Anilú Ingram afirmó que tiene en su poder copias de todas las decisiones que tomó en su calidad de delegada de Sedesol y puede demostrar que no hay mácula alguna en su desempeño. *** “Ellos tienen esa misma documentación. Ojalá la revisen y si encuentran algo irregular, que lo muestren”, invitó la veracruzana. *** Al final dejó en claro que esas acusaciones formaban parte de la reacción del gobierno de Morena a la defensa que han impulsado para uno de los programas más completos y profesionales en beneficio de los mexicanos.

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Una de dos: O Jorge Winckler miente de forma cínica, o (como muchos afirman) sus conocimientos jurídicos son bastante limitados.
El aún fiscal de Veracruz salió a festinar que los dos procesos de juicio político que ya fueron dictaminados por la Comisión Instructora, son “tema concluido y cerrado”.
Asegura que, como transcurrieron siete días desde que inició la sesión extraordinaria del Pleno en el Congreso local, ambos asuntos se convierten en “temas sin materia”.
En realidad no es que Jorge Winckler desconozca la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, lo que sucede es que la interpreta a su conveniencia.
El artículo 24 de ese ordenamiento legal establece que la Secretaría General de la Legislatura enlistará el dictamen en la siguiente sesión del Pleno para su acuerdo, “el que se votará en el plazo de siete días posteriores a la fecha de su turno”. Ese plazo de siete días se cumplió en el momento en el que se convocó a sesión extraordinaria del Pleno, sesión que no ha concluido y, por lo tanto, no se puede hablar de un término específico para resolver el tema.
En lo que tiene razón el aún Fiscal es que en este asunto nadie ha ganado, y nadie ha perdido. Sencillamente porque aún no se conoce, en principio, la resolución de los legisladores, y por lo tanto, tampoco ha llegado el caso al Tribunal Superior de Justicia, instancia en la que se llevará a cabo el verdadero juicio.
Lo cierto es que la bancada mayoritaria –la de Morena- está aplicando la figura del “plazo razonable”, que es avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es aplicable para un juzgador. En este caso, si se está recurriendo de manera supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales, también durante el proceso del juicio político esta figura es válida.
El plazo razonable no es otra cosa que el tiempo que se requiere para decidir sobre la resolución que se va a emitir. Al respecto ya existe una Tesis Aislada Constitucional.
Mientras tanto, respecto al amparo gestionado por el propio Jorge Winckler contra la reforma a la Constitución que le ratifica a los diputados la facultad de remover al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), este jueves se dio a conocer que el Juzgado Primero del Séptimo Distrito consideró necesario que se desahoguen los recursos de queja emanados de dicho juicio, pues estos pudieran influir en el sentido de la sentencia.
La Audiencia Constitucional programada para el 13 de febrero fue diferida para el 28 de este mes, a las diez horas con un minuto.
Los recursos legales contra Jorge Winckler, acusado de tortura y desaparición forzada de personas, siguen su curso.
Pronto se tendrán más noticias.

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Epílogo.

Hay otro tema que sigue en análisis y del que se podrían desprender denuncias penales contra diputados que integraron la Comisión de Vigilancia en la LXIV Legislatura. El Órgano Interno de Control del Congreso sigue haciendo las revisiones derivadas de la denuncia que interpuso el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). *** El diputado local, Erick Domínguez Vázquez, presidente de la actual Comisión de Vigilancia (de la LXV Legislatura) afirmó que aunque no hay plazos definidos para conocer el resultado de estas revisiones, la Comisión que él preside “está haciendo presión” al Órgano Interno de Control para que entregue resultados lo más pronto posible. Una vez que se tenga la información, dijo, se decidirá cuáles serán los pasos legales que se habrán de tomar. *** Hay que recordar que los diputados panistas que integraron la Comisión de Vigilancia en la LXIV Legislatura (Comisión que presidió Juan Manuel de Unanue) dieron por “solventadas” diversas observaciones que hizo el Orfis a varios entes y que, según el órgano fiscalizador, representaban un presumible daño patrimonial por cerca de 350 millones de pesos. Mucho polvo va a salir de ese informe.

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