Los policías estatales involucrados en la detención presuntamente ilegal de una familia de méxico americanos en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Actopan, buscaron el amparo de la justicia.
El fiscal anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio aceptó que no se ha podido proceder en contra de los elementos, a quienes la familia Rosado acusa por tortura, debido a que un juez les otorgó una suspensión provisional.
“Hay una orden librada por un juez pero está paralizada ante el otorgamiento de una suspensión provisional pero estamos esperando, solicitaron un amparo y tendremos que esperar a que este procedimiento culmine”.
Se trata de al menos 15 elementos policiacos que habrían entrado a una vivienda para detener a cinco miembros de una familia de manera presuntamente ilegal y que derivó en la liberación de los detenidos.
Torres Zamudio agregó que desafortunadamente el Gobierno del Estado nunca puso a disposición de la Fiscalía a su cargo a estos elementos que fueron suspendidos.
Y recordó que la Fiscalía Anticorrupción investiga el proceso sancionador pues no se tienen mayor información sobre este.
“Tendrá que revisarse el procedimiento sancionatorio a través de su órgano de control interno y eso estamos revisando para valorar los cauces para tomar estas determinaciones”.
El fiscal además recordó que hay pendientes de resolver 940 carpetas de investigación contra funcionarios que fueron denunciados por presuntos actos de corrupción.
“Todas las carpetas se han estado revisando para el efecto de poder continuar con los distintos procedimientos, que son independientes de los procesos que existen en contra de funcionarios”.
Cuestionado sobre el proceso de juicio político en contra del fiscal general Jorge Winckler y las voces que piden la remoción de Torres Zamudio al cargo, recordó que fue electo por cinco años y que tiene la intención de permanecer.
El funcionario recordó que la Fiscalía Anticorrupción es un ente autónomo y que nada tiene que ver con el juicio contra el fiscal general.
“Lo cierto es que fui electo por cinco años y los cumpliré; es un órgano autónomo y solamente en la parte administrativa depende aún de la Fiscalía”.
Perla Sandoval/Avc