Adrián Velázquez Ramírez, egresado de la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina, advirtió que los derechos humanos no fueron y no son la parte central de la transición democrática en México.

En el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” del Instituto de Investigaciones Históricos-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), Velázquez Ramírez impartió la conferencia “Desmantelar el pasado: democratización y justicia transicional en la primera posdictadura argentina”, el viernes 1 de febrero.

Dijo que el desligar los derechos humanos de la transición democrática ha sido un tema que los mexicanos han pagado muy caro; por ejemplo, “durante el gobierno de (Vicente) Fox hubo un intento de crear una comisión para investigar los crímenes derivados de la represión, pero terminó muy mal pese a que era algo fundamental”.

Décadas después, destacó, se ve que la democracia mexicana sigue entrampada en problemas de desaparecidos, asesinados, de violencia y otros temas delicados.

Sin embargo, en Argentina –después de los golpes de Estado– la transición a la democracia estuvo acompañada de una política de derechos humanos que ayudó a la consolidación de una democracia; por ello, decidió abordar esta temática en su tesis doctoral.

Adrián Velázquez dijo que los golpes de Estado y dictaduras en Argentina mostraron que “el derecho del ganador es el derecho a producir derecho, siendo esto el corazón de la doctrina de los gobiernos de facto”.

Explicó que en estos casos el derecho no tiene relación alguna con la legitimidad –de origen–; es decir, el poder de construir derecho es de quien ocupa la maquinaria estatal de coacción, el que tiene la capacidad de imponer su derecho.

“En Argentina, en 1976, la doctrina de la corte decía que se debía justificar el golpe de Estado y se hizo conforme a las razones del grupo que lo ejecutó.”

Después de la década de los ochenta, cuando la dictadura argentina sabía que se iría, inició una nueva forma de plantear la manera de construir derecho y legitimidad democrática, porque ahora el espacio de inscripción de la política es el marco constitucional y la producción del derecho queda subordinada a la representación democrática.

“La validez de la norma depende de un reconocimiento social a que es moralmente válida, el problema es que no tenemos herramientas para saber que la norma tiene un reconocimiento moral de la sociedad, la única manera de saberlo es que fue producto de la democracia.”

De tal manera, la Ley de Pacificación Nacional o Ley de Autoamnistía, promulgada el 22 de septiembre de 1983 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, al no tener la legitimidad de origen y al ser producida por un gobierno de facto, no tendría la validez de una norma.

Por último, dijo que no debemos olvidar que hablar de Estado de derecho y democracia como si fueran sinónimos, es producto de una relación histórica y de procesos sociales.

“Éstos implican una transformación en la concepción que las sociedades tienen del derecho, esto contrasta con la alta percepción que tienen algunos juristas de la continuidad del derecho.”

UV/Paola Cortés Pérez