Por supuesto que suena bien, sobre todo cuando la arenga ha pasado de las plazas a Palacio Nacional; cuando ha dejado de ser la voz de la masa para convertirse en la expresión personal del Presidente.

Tiene razón Andrés Manuel López Obrador: el pueblo se cansa de tanta pinche transa. Lo que no ha dicho, es que lo único peor que la corrupción es la impunidad, el perdón de la autoridad a los beneficiarios de “tanta pinche transa”. Y eso es lo que hoy está haciendo el gobierno de la república.

No importa si se trata de funcionarios corruptos, de delincuentes de cuello blanco, de huachicoleros, ex presidentes de la república o capos del narcotráfico, a todos ellos López Obrador ha extendido un manto de protector, de borrón y cuenta nueva, con la inexplicable complacencia de quienes hasta hace algunos meses se desgarraban las vestiduras por la grotesca descomposición social causada por la corrupción y la delincuencia.

El Presidente ha exonerado -asumiendo para sí una facultad que sólo corresponde al Poder Judicial- lo mismo a quienes le robaron la presidencia de la república que a quienes han matado o desaparecido a miles de personas; ha preferido no “empantanarse” llevando ante la justicia a miles de funcionarios corruptos, y ha declarado el fin de la guerra contra el narco, donde ya no hay razón para perseguir a los grandes capos. Todos ellos pueden dormir tranquilos.

Es cierto. Ninguna de las administraciones anteriores ha sido capaz de garantizar justicia y la reparación del daño a las víctimas. Procuradurías y ministerios públicos corruptos, policías coludidos con la delincuencia y un nuevo sistema de justicia penal lleno de lagunas, elevaron casi al 98 por ciento la impunidad de los delitos denunciados. Pero hasta ahora, nadie había concedido el perdón al amparo de su investidura.

Esta ha sido la historia de perdón e impunidad del Presidente, en un país cansado de tanta pinche transa.

Días antes de tomar protesta como mandatario, López Obrador dijo que perdonaría a los políticos corruptos que no tengan procesos judiciales abiertos. “Sí, es un perdón, es decirle al pueblo de México ‘punto final’. Comencemos una etapa nueva y que ya inicie una nueva historia”

Con estas declaraciones, el entonces presidente electo afirmó que perdonaría  y no perseguirá –y así lo ha hecho- a aquellos políticos que sean señalados por haber cometido actos de corrupción en los años anteriores a su administración, aunque no frenará ningún proceso judicial vigente que actualmente esté investigando estos temas. “No es mi fuerte la venganza; creo en el perdón. Es lo que más conviene al país, a México, esta amnistía política”, ofreció. Sin embargo, no hubo tal amnistía, fue un perdón simple y llano.

Lo mismo pasó hace apenas cinco días con el perdón a los grandes capos del narcotráfico. El presidente afirmó que su gobierno no tiene una guerra frontal contra los cárteles de la droga, como lo hicieron los gobiernos pasados, ya que la prioridad de su administración es dar paz y seguridad a los ciudadanos.

“Se acabó la guerra contra el narco, detener capos no es nuestra función”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina. Ante el azoro de los reporteros, dijo que atrás quedaron los grandes y vistos mega operativos contra las bandas criminales, que desataron más violencia en el país.

“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. Nuestra tarea como Gobierno es garantizar la seguridad pública. Ya no tendremos la estrategia de los operativos para detener a capos, con esa espectacularidad que había. Lo que buscamos es que haya seguridad”, afirmó.

“Nuestra tarea es garantizar la paz”, dijo el Presidente. Pero, ¿es posible garantizar la paz negando el Estado de Derecho al dejar en libertad a los capos? ¿Habrá paz con los líderes de la delincuencia organizada operando impunemente por todo el país?

Otra más. En medio del escándalo por el desabasto de gasolina a causa del brutal fenómeno del huachicol y la enorme corrupción que desfalcó a Pemex, López Obrador dijo en diciembre que su gobierno no iniciaría investigación alguna en contra de los ex directores de la empresa. La razón es sencilla: esos funcionarios son «chivos expiatorios» que actuaron con el consentimiento de los ex Presidentes en turno, por tanto no habría castigo para nadie.

Así, mientras la autoridad garantice el perdón y no la justicia, el país –por muy cansado que esté- no podrá acabar con “tanta pinche transa”.

Las del estribo…

  1. Si el poder marea, el “no poder” ha vuelto loco a los diputados panistas, hoy una minoría relegada en el Congreso. Dice su coordinador, Sergio Hernández, que la Legislatura se ha vuelto una oficina de trámites del Gobernador. ¿Acaso no fue él mismo un diputado faldero al servicio del anterior mandatario? ¿no siguen siendo empleados a su servicio? No han aprendido nada, aunque tienen la ventaja de que quienes llegaron tampoco.
  2. En el PRI no tienen remedio. Dice la corriente crítica que no permitirán una imposición en la dirigencia estatal del Partido; que han pedido al delegado del CEN una auscultación con piso parejo para todas las corrientes. ¿No sería más fácil mandar al carajo al CEN –como éste lo ha hecho con Veracruz- y que sean los propios priistas los veracruzanos los que elijan su dirigencia? Así, sólo están esperando una imposición para después inconformarse inútilmente.