Un espacio pertenece a la familiares de personas desaparecidas y dos para Organismos de la Sociedad Civil de Derechos Humanos
Durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria, del Primer Periodo Ordinario, el Pleno de la LXV Legislatura nombró y tomó la protesta de ley a los ciudadanos Rosa de Belén González Medrano, Víctor Hugo Guzmán Cuevas y María Elena Gutiérrez Domínguez, como integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas.
La vacante de Familiar de Personas Desaparecidas para la zona sur corresponde a la ciudadana Rosa de Belén González Medrano y en cuanto a las vacantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, los ciudadanos Víctor Hugo Guzmán Cuevas, del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C. y María Elena Gutiérrez Domínguez, de Vida Digna para Personas Adultas Mayores A.C.
El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, José Manuel Pozos Castro, solicitó a los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en Veracruz, diputados Elizabeth Cervantes de la Cruz, Henri Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Erika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera y Brianda Kristel Hernández Topete, conducir al recinto legislativo a los nuevos integrantes del Consejo, para la protesta de ley correspondiente.
De acuerdo al Dictamen, emitido por la Comisión Especial, entre las precisiones solicitadas para pertenecer el Consejo Estatal Ciudadano; para familiares de personas desaparecidas de la región sur, se solicitó experiencia en búsqueda, en procedimientos y protocolos en la materia, en acompañamiento a otros familiares y conocimiento básico del marco jurídico aplicable.
Para aspirantes registrados como representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos Humanos: experiencia y capacidad en la promoción y defensa de los derechos humanos, conocimiento del contexto veracruzano, particularmente de la problemática de desaparición de personas en la entidad.
Además de experiencia en búsqueda y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, conocimiento amplio del marco jurídico aplicable, habilidades para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.