La diputada Judith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se exhortaría al Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a dar cabal cumplimiento al pago de Sentencias por Controversias Constitucionales resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de diversos Ayuntamientos.

En su propuesta la legisladora solicita que dichos pagos deberán ser íntegros, respetando los montos y fechas establecidas en el anexo XXVIII del Presupuesto de Egresos, del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019.

De igual forma exhorta a los presidentes municipales y ayuntamientos que ganaron las controversias constitucionales interpuestas ante la SCJN y cuyas sentencias ordenan el pago de los recursos, que en su momento fueron desviados o retenidos por el Gobierno del Estado, a asegurarse de recibir íntegramente el monto que fue determinado en las resoluciones del máximo tribunal del País, a fin de no afectar la Hacienda Pública Municipal.

También,solicita al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a que emita lineamientos específicos para realizar auditorías al 100 por ciento de los recursos que reciban los ayuntamientos con motivo de la ejecución de las sentencias dictadas por la SCJN, con motivo de las controversias constitucionales promovidas por la falta de ministración de recursos federales en que incurrió el Gobierno estatal.

La diputada Pineda Andrade, vocal de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, enfatizó que para los Ayuntamientos que ganaron las controversias, recibir un recurso adicional es una buena noticia, “pero no debemos olvidar que esos recursos originalmente son federales, que provenían de un fondo específico para atender un fin determinado, es decir, que, conforme a las reglas de operación correspondientes, esos recursos, antes y ahora: están etiquetados”.

Destacó que en apego a las leyes de responsabilidades y anticorrupción vigentes se hace necesario advertir a los munícipes, que no pueden negociar  los montos que la SCJN ha ordenado que reciban, porque son recursos públicos que quedaron pendientes de ser entregados.

“Negociar los recursos etiquetados en beneficio de pueblo es corrupción, y nadie puede, ni de buena fe o por ignorancia de la ley, eximirse del cumplimiento de una sentencia”, concluyó.

Su anteproyecto fue turnado, para su estudio y análisis, a la Junta de Coordinación Política.