La solicitud de sobreseimiento del segundo juicio político que se le sigue al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, podría no ser procedente, pues un juez solo otorga amparo, pero no investiga la comisión de delitos.
Esa atribución compete únicamente a las Fiscalías, ya sea del ámbito estatal o federal, por lo que plantear cerrar un juicio -en base a un amparo- es un error de técnica jurídica, afirmó el presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Rubén Ríos Uribe.
En breve entrevista el legislador comentó que, en la segunda audiencia, se recibieron todas las pruebas que aportaron las dos partes, “no podemos prejuzgar el material probatorio, en su momento la ley nos otorga tres días para prejuzgar y valorar el material”.
Fue enfático en señalar que el Congreso local no está obligado a acatar la sentencia de un juez federal, la función del juicio político es investigar los hechos y llegar a lo que llamó “verdad histórica”.
“Ahí hay una mala interpretación de argumentación jurídica, el juez federal hace una resolución, pero eso no impide como parlamento, llegar a la verdad histórica”.
Por lo anterior, dijo, las partes en conflicto están en posibilidad de aportar pruebas para imputar o defenderse, por lo que se dará cause al juicio que se inició a petición de Francisco Zarate Aviña, quien acusa ser víctima del delito de desaparición forzada.
Avc