En una entrevista cómoda, sin ser cuestionado a fondo por el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiero de televisión el pasado martes, el fiscal Jorge Winckler habló con medias verdades del proceso de juicio político que se le ha iniciado en el Congreso local por dos acusaciones que un par de ex funcionarios duartistas presentaron en su contra por desaparición forzada de personas.

Winckler, quien de momento, por el amparo de la justicia federal ha logrado librar que la LXV Legislatura del estado lo remueva de su cargo tras haber impugnado la reforma al artículo 33 constitucional que la facultaba para ello –la sentencia definitiva será emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz hasta el próximo 30 de enero–, ahora deberá enfrentar el juicio político que inició este miércoles con la audiencia para pruebas y alegatos.

El fiscal yunista precisamente le dijo a Gómez Leyva que este miércoles iba a ser “un día histórico, un parteaguas en la historia política y jurídica de Veracruz y del país”, ya que se iniciaría el primer juicio político en la entidad, un proceso legal que en México no tenía lugar desde hace muchos años.

Dijo que iba a “presentar mi defensa, mis alegatos y sobre todo mis datos de prueba con los que se justifica que no hay ningún sustento jurídico para que se pueda iniciar un juicio político en mi contra”, y consideró “inverosímil que se pueda iniciar un juicio político por la acusación que hizo un particular, cuando la ley no lo contempla”.

Sin embargo, el artículo 15 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz concede “acción popular” para formular por escrito denuncia ante el Congreso estatal, e inclusive establece que “quien presente una denuncia cuya sentencia se hubiere formulado con falsedad estará sujeto a la responsabilidad civil o penal, según sea el caso, en los términos de las leyes respectivas.” También desecha de plano las “denuncias anónimas”. Igualmente, el artículo 32 de esta misma ley que data de agosto de 2006, estipula que “toda sentencia del Tribunal Superior de Justicia que determine que la denuncia fue producida con falsedad, deberá condenar al denunciante, cuando sea un particular, a cubrir las costas judiciales ocasionadas al denunciado.” Además, en su Capítulo III referente a la Declaración de Procedencia, el artículo 33 expresa que “cualquier ciudadano podrá presentar ante el Ministerio Público denuncia o querella, bajo su responsabilidad y acompañado de elementos de prueba, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos mencionados en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado.”

Su entrevistador le remarcó entonces que ni legal ni administrativamente lo pueden remover, a lo que Winckler respondió muy seguro: “Eso dice la ley.”

Empero, de acuerdo a una reforma efectuada en agosto de 2007 al primer párrafo del artículo 36 de la citada ley en  la materia, ordena que “si el Jurado de Procedencia acuerda proceder penalmente, el servidor público será privado del fuero constitucional, y quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión, y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.” En términos similares, el artículo 39 estipula que “el efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado, será removerle el fuero constitucional y separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”, y que “si éste  culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función”, pero que “si la sentencia fuese condenatoria, no cabe la gracia del indulto.”

Ah, y de colofón, Winckler, después de dos años de hacer actuado por consigna de su jefe político, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, dice que ahora no necesita que lo quieran el titular del Poder Ejecutivo ni el Legislativo. Que va a ser un fiscal autónomo, independiente, “para hacer justicia y procurar justicia para los veracruzanos.” Y evitando decir cómo fue que llegó en diciembre de 2016 al cargo del que el gobernador y los diputados de MORENA lo quieren destituir, le puntualizó al periodista Gómez Leyva que para eso se creó constitucionalmente la Fiscalía, para ser un órgano autónomo, que no dependiera del Ejecutivo, “para tener autonomía presupuestal y de gestión.”

Y cuando su entrevistador le dijo que entonces iba a ser un fiscal independiente, el abogado yunista pontificó: “En eso se basa la autonomía, en no recibir instrucciones de nadie, en poder procurar justicia sin que nadie quiera o pueda interferir.” Justamente por lo que no se distinguió durante el corto mandato del ex gobernador Yunes Linares.

Anoche, en un contraataque al gobernador Cuitláhuac García y a los diputados locales de MORENA que impulsan el juicio político para destituirlo, fue filtrado al diario capitalino Reforma una grabación en la que presuntamente se escucha al mandatario veracruzano pedirle apoyo al grupo legislativo de su partido para promover una reforma constitucional y designar nuevos magistrados para poder remover al fiscal incondicional del ex gobernador panista.

Raúl Arias: ¿UAM-Azcapotzalco?

Aunque algunos lo pusieron en duda, pero hasta noviembre del año pasado al ex rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, se le candidateó para ocupar la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en la administración del gobernador Cuitláhuac García.

Finalmente no llegó. El mandatario morenista decidió cumplir su compromiso con el ex diputado local Zenyazen Roberto Escobar García, con quien mantiene una cercana amistad desde que ambos cursaban estudios de Secundaria.

Arias Lovillo tuvo que buscar otros horizontes. Se fue a la Ciudad de México, donde ahora figura entre los seis candidatos a la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, para el periodo 2019-2023.

De hecho, ese cargo está acéfalo desde julio de 2017.

Su nombre, por su trayectoria como ex rector de la UV y ex secretario Académico de la Universidad de Guanajuato –cargo al que renunció en octubre del año pasado cuando retornó a Xalapa con la aspiración de llegar a la titularidad de la SEV– ha sido más destacado que los de los otros candidatos a la Rectoría de la UAM Azcapotzalco, en la que Arias Lovillo fue profesor-investigador en la década de los 80’s.

Junto con el economista coatepecano han sido nominados también Francisco Cervantes De la Torre, Margarita Mercedes González Brambila, Homero Jiménez Rabiela, Oscar Lozano Carrillo, y Abelardo Mariña Flores, todos ellos actualmente profesores-investigadores de la unidad Azcapotzalco.

De acuerdo a la convocatoria, emitida desde el pasado 12 de noviembre, cada uno de los candidatos deberá presentar su programa de trabajo los días 30 y 31 de este mes. Posteriormente, el 7 y 8 de febrero, se abrirá un periodo de recepción de opiniones de los miembros de la comunidad, y al día siguiente, 9 de febrero, se realizará la votación universal, directa y secreta.

Así, tras diversas consultas, el 21 de febrero el Consejo Académico de la UAM Azcapotzalco integrará una lista de cuando menos cinco candidatos que propondrán al rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro, para que éste, a su vez, presente una terna a la Junta Directiva de esa casa de estudios para que designe al nuevo rector.

Por cierto, según el diario capitalino La Jornada, actualmente existe una solicitud de amparo ante un juzgado federal que fue interpuesta por dos profesores que fueron candidatos a rector en una primera convocatoria que fue desconocida. El juez todavía no resuelve el fondo del asunto.

El ‘Negro’ Cruz, hospitalizado

El cuenqueño Rafael Cruz Tronco, el famoso “Negro” Cruz, se encuentra hospitalizado en la clínica 11 del IMSS, aquí en Xalapa.

Su estado de salud es delicado, según nos informan. Padece de un aneurisma cerebral. Los médicos estaban ponderando ayer su traslado a la Ciudad de México.

Desde aquí le mandamos saludos cordiales, esperando que se recupere pronto.