El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) revisará que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se acaten, y se pague al 100 por ciento los recursos que deben reintegrar a más de una centena de municipios; se les deben más de mil 488 millones de pesos desde el año 2016.

El Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla, recordó que de no pagarse el monto en un plazo de 90 días, como lo marca la sentencia, se podría fincar responsabilidad penal a los funcionarios estatales.

Hasta el 29 de noviembre, expuso, un total de 80 municipios habían ganado las acciones de inconstitucionalidad, luego de la retención de los fondos públicos que se debían destinar al combate a la pobreza.

El tema data del año 2016, cuando la Sefiplan retuvo los fondos del último trimestre, generando una deuda por mil 488 millones de peso. Tras exigir el pago, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al gobierno reintegrar los fondos, en un lapso de 90 días.

Cuestionado si se puede fincar responsabilidad penal por el incumplimiento de la sentencia, confirmó el hecho, “la Sefiplan debe atender el monto y ese monto debe ser entregado en su totalidad y aplicado para abatir la pobreza”, reiteró.

A finales del mes, sostendrán una reunión con los contralores internos de los Municipios para explicar qué debe hacer con el dinero, y cómo debe actuar en caso de que Sefiplan no se los reintegre al 100 por ciento.

Cabe mencionar que el PRD denunció que el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros ofreció pagar solo la mitad del monto sentenciado, pidiendo a los alcaldes firmar comprobantes por la totalidad del recurso, a cambio de abrir las “puertas” de todas las dependencias para gestionar obras y acciones estatales.

El secretario de Gobierno, confirmó el pacto, con el argumento que fueron los alcaldes quienes pidieron reponer solo la mitad del monto contenido en la sentencia

En marcha, la auditoria a sistema de videovigilancia

En otro tema, confirmó que como parte de la instrucción del Congreso local para auditar el sistema de Videovigilancia que implementó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, con un monto superior a los mil millones de pesos.

Explicó que además de verificar la instalación de las cámaras, y las cláusulas del contrato, se van a cerciorar que la imagen que emita el equipo sea clara y tenga un sistema de alerta que permita identificar alguna contingencia, accidente o hecho delictivo.

“Se ha pedido todos los documentos para la planeación de esta revisión (…) El punto principal del sistema es que las cámaras de videovigilancia lleguen con una visión clara y nítida, que permita identificar eventos o contingencias con las cuáles deban o se puedan actuar”.

Anterior Legislatura eliminó falta grave de conflicto de interés en obras a dirigente del PAN

El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, reiteró que si se detectó un conflicto de interés en los contratos de obra adjudicados por la SIOP al dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José de Jesús Mancha Alarcón, sin embargo la falta grave se quitó en el dictamen que fue aprobado en la anterior Legislatura.

En su comparecencia ante el congreso local, cuestionado por los contratos otorgados a Mancha Alarcón, dijo que en el informe que entregó el Orfis al Congreso se señalaron faltas graves que debían investigarse, pero en el dictamen aprobado eso fue eliminado.

“Al ser una falta grave debería estar en proceso de investigación y ver si hay sanción o no”, dijo, sin embargo el caso es diferente.

Se revisará si bienes recuperados por Yunes están inscritos en registro público

En otro tema dijo que prepara una auditoria de legalidad a los bienes muebles e inmuebles recuperados por el ex gobernador Miguel ángel Yunes Linares, pues hay dudas sobre si están inscritos en el patrimonio del estado.

Durante su comparecencia anual en el Congreso Local, informó que durante 2017 se hizo una auditoría financiera a los recursos, sin embargo quedó pendiente una revisión más profunda en el tema.

Recordó que en la revisión 2017, se reportó una recuperación de 793 millones de pesos: “En esta cuenta 2018 vamos a revisar los bienes, vamos a revisar porque podríamos tener la duda si los bienes están registrados en patrimonio del estado, que cuenten con documento notarial, y que todo este registrado”.

Isabel Ortega/Avc