Diputados de las fracciones del PRI, PAN y del Lado Correcto de la Historia pidieron al gobierno del Estado pagar al 100 por ciento los recursos que fueron retenidos en el año 2016, para cumplir el mandato judicial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hicieron un llamado a los alcaldes da que eviten “acuerdos” en lo oscurito, para acelerar la entrega de los fondos,. aunque implique recibir un monto menor, pues no están administrando fondos personales, sino de todos los ciudadanos.
El primero en hablar del tema fue el diputado Juan Manuel Unanue Abascal, integrante de la Comisión de Vigilancia, quien consideró que la resolución de la Suprema Corte no es negociable, “lo único que se tiene que hace es acatarla y que se disperse el dinero, en beneficio de los ciudadanos.
“Ellos tienen que recibir dinero, de alguna u otra manera, porque con esos bienes no pueden llevar acabo las acciones, les tiene que llegar para que ellos cumplan con las acciones pendientes de su representado y el Estado tiene que responder”, reitero el panista.
Por su parte el diputado local Gonzalo Guízar Valladares, expresó que se debe respetar el estado de derecho, pagar las participaciones a las que tiene derecho los Ayuntamientos.
“Se debe pagar lo que a derecho corresponda, no creo que ningún presidente, ni ningún funcionario estatal tenga derecho a dejar sin recursos a los ciudadanos”.
Comentó que es posible que se puedan dar acuerdos para el pago, pero no condicionar el porcentaje de la entrega, “eses es un tema de reflexión, no dudo que haya un acuerdo (…) pero considero que el dinero del pueblo se debe distribuir”.
Al ser recurso federal, no descartó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) pueda emitir alguna recomendación.
Por su parte, el diputado local Jorge Moreno Salinas comentó que si bien se tiene que analizar la capacidad económica del Estado, es necesario que se pague a los Ayuntamientos, luego de que se dio la sentencia de la Suprema Corte.
Mencionó el conocido refrán, debo no niego, pago no tengo, por lo que consideró que Sefiplan deberá acodar un calendario de pago o hacer depósitos de manera gradual para liquidar los adeudos heredados por Javier Duarte.
“Pedimos a los alcaldes y a toda persona que no se presten a irregularidades que no favorezcan a un ayuntamiento, porque no están administrando recursos personales, están administrando un recurso que es de todos los ciudadanos”.
Cabe mencionar que la administración de Javier Duarte retuvo fondos federales en el 2016, los alcaldes en funciones recurrieron a la Suprema Corte, que ordenó el pago de poco más de mil 600 millones de pesos en favor de 95 municipios, sin embargo, se prevé que la cifra podrá aumentar a 105.