Durante tres días, la mayoría de los mexicanos hemos hecho catarsis para buscar a los culpables de la tragedia sucedida la tarde-noche del viernes en Tlahuelilpan, donde hasta este domingo 79 personas –hombres, mujeres y niños- habían perdido la vida en la búsqueda efímera de un ingreso extra a través de un bidón de gasolina robada.
La polarización gestada tras el triunfo de López Obrador –acusar si ha sido intencionada es motivo de otro debate, no de este-, ha provocado lo impensable: que ante la desdicha, los mexicanos se dividan y peleen por su cuenta el derecho a la defensa oficiosa o la crucifixión interesada. ¡Qué lejos han quedado los días de los sismos de septiembre, cuando todos hicimos una sola voz a favor de las víctimas!
Según quien lo diga, los habitantes de Tlahuelilpan lo mismo pueden ser víctimas inocentes de la explosión del ducto, movidas por la pobreza y la ignorancia, que delincuentes perpetradores de su propia suerte fatal. Pueden ser el daño colateral de la estrategia oficial contra el robo de combustible que la excepción del pueblo bueno –los buenos no roban- y sabio –si fueran sabios, sabrían que eso podría explotar-.
Unos acusan al gobierno de omisión premeditada al llegar con tiempo suficiente al lugar del siniestro y evitar la tragedia, por no cerrar el flujo de gasolina a tiempo y de establecer como política pública la permisión al pillaje en flagrancia; otros, sólo ven una injusta acusación contra un gobierno que se ha propuesto combatir a los malos y la corrupción que solaparon los gobiernos diferentes al suyo.
O peor aún, un gobierno víctima también de una arraigada cultura de la ilegalidad, donde los pobladores –no importa si se trata de gasolina, de víveres, alimentos o animales vivos-, se convierten en voraces aves de rapiña a la primera oportunidad. En todo caso, dicen los defensores, el gobierno no puede ser responsable de las decisiones que los ciudadanos tomen a título personal.
Pero también hay lecturas más oscuras y perversas, como aquéllas que sugieren que todo se trató de una demencial celada tendida por huachicoleros para incitar al robo de gasolina, inducir la concurrencia de cientos de personas a la fuga provocada al ducto, y una vez ahí, provocar a sangre fría la tragedia, como forma de confrontar al gobierno federal. Imaginar esto hiela la sangre; sería uno de los actos terroristas más graves de los últimos años a nivel mundial.
La identidad de los verdaderos responsables sólo la conocerá el gobierno, aunque este ya ha dictado su verdad histórica, cínica y desvergonzada, de que fueron las hordas de pobladores que agredieron al Ejército, incubando la tragedia a través de un ilegal acto de rapiña.
Para ello, ha utilizado millones de opinadores en redes sociales que señalan a los habitantes de Tlahuelilpan como promotores de un bandidaje suicida e imágenes de pobladores que reconocen su culpa, justificando que ante “el arca abierta, decidieron pecar”. No imagino siquiera la reacción colérica del país ante la imagen de un estudiante de Ayotzinapa diciendo que ellos provocaron su tragedia al robar los camiones en los que fueron secuestrados.
Comparar Tlahuelilpan y Ayozinapa podría ser exagerado pero no lo es. Los ingredientes son los mismos: delincuencia organizada, muchas muertes de civiles y una autoridad indolente en presencia de la tragedia. La diferencia entre una y otra, ha sido la forma en que los mexicanos han aceptado la verdad oficial.
Mientras que en Iguala, los opositores al gobierno –el actual Presidente entre ellos- se olvidaron de las víctimas para culpar al gobierno, en Hidalgo, la oposición convertida en autoridad pide que se olviden de la responsabilidad del gobierno para culpar a las víctimas. Ambos casos, aun con los ingredientes de delincuencia e impunidad, pudieron evitarse si el gobierno hubiera actuado responsablemente.
Tlahuelilpan no sólo arrebató la vida de decenas de personas, también es una muestra de que la solidaridad de los mexicanos se desvanece. Mientras, sigamos entretenidos en esta puesta en escena de ángeles y demonios.
Las del estribo…
- La acusación hecha por el dirigente nacional del PRD al secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, de que propone a alcaldes un mega moche de mil millones de pesos a cambio de recursos y proyectos, se inscribe en la guerra del gobierno anterior. Si Ángel Ávila tiene pruebas, las debe presentar ante la FGE que aún controlan; llevarlas al Congreso sólo es circo mediático.
- Y mientras el país guarda duelo por la tragedia, Elba Esther Gordillo se prepara para cumplir la misión por la que fue liberada: recuperar el control del sistema educativo nacional e iniciar desde ahí la ideologización de la cuarta transformación a través de la Cartilla Moral. El primer paso es el nuevo partido político, que encabezan su yerno y su nieto.